Abelardo Medellín
El día de ayer Juan Manuel Carreras López envió al Congreso local un dictamen de evaluación donde propone que se ratifique un grupo de nueve magistrados para ocupar su cargo en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) por otros nueve años; en la sesión permanente del Congreso se recibió el dictamen que mandó el gobernador y ahora se tratará al interior de las comisiones de Gobernación y Justicia: hoy hablamos en entrevista con los presidentes de estas comisiones para conocer los pormenores de estas posibles ratificaciones al interior del Poder Judicial de San Luis Potosí.
PRIMERO LO PRIMERO… ¿VAN O NO VAN ESTOS 9?
“Si ya se hizo una consulta, un análisis, y no se han encontrado elementos en contra, hay una ruta muy transitable para que sí se ratifique a los nueve magistrados”, dijo en entrevista el presidente de la Comisión de Gobernación en el Congreso del Estado, Mauricio Ramírez Konishi, quien aseguró que sus valoraciones por ahora son meras especulaciones, pues aún queda por delante un análisis profundo de todo el material que el Ejecutivo les entregó.
“Hay que estudiar lo que nos llegó; fueron siete cajas las que nos entregaron, pero el hecho de que nos haya llegado un dictamen con una consulta, con un análisis de cada perfil y los magistrados tiene la voluntad de continuar, veo viable que se ratifiquen”, agregó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Rubén Guajardo Barrera, dijo que aún es muy pronto para emitir una opinión sobre lo que representa este dictamen de ratificación que envió el Ejecutivo, y comentó:
“Todavía viene un arduo trabajo de parte de las comisiones de Gobernación y Justicia, donde estaremos analizando este dictamen que envía el Ejecutivo y tendremos que revisar puntualmente si los magistrados hicieron bien o no su trabajo”.
¿QUÉ SE CONSULTÓ Y A QUIÉNES?
El diputado Ramírez Konishi aseguró que la consulta integrada en el dictamen que envió el Ejecutivo se realizó con la intención de “conocer la opinión de miembros del consejo del Poder Judicial y de personas que podrían tener interés sobre el tema de ratificaciones, ahí se refirió gran cantidad de información a favor y en contra”.
Por su parte, Guajardo Barrera dijo sobre esta consulta que en realidad fue un decreto publicado por el Ejecutivo para conocer si alguien “tenía opiniones positivas o no positivas, pero yo esos comentarios los dejaría a la comisión de Gobernación y Justicia, las cuales son plurales, donde se toman decisiones colegiadas”.
¿Y LOS ABOGADOS LITIGANTES?
A pesar de que los diputados de las comisiones de Gobernación y Justicia aseguraron que dentro del análisis ya existe la opinión de los actores interesados, hay que recordar que a principios de julio el presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes y Especialistas en Oralidad A.C., Efraín Torres, señaló que dicha consulta emitida por el secretario General de Gobierno, Alejandro Leal Tovías, fijaba un plazo mínimo de participación de cinco días a partir de su publicación, tiempo que, advirtió, no daba espacio para que los abogados litigantes opinaran adecuadamente de los magistrados que buscan ratificación.
¿QUÉ DIJERON LOS LEGISLADORES SOBRE ESTA SITUACIÓN?
“Yo no sé qué tanto es mucho y qué tanto es poco, es muy subjetivo, lo que sí te puedo decir es que se determinó un tiempo y hubo una participación nutrida”, opinó el diputado Ramírez Konishi, quien agregó que si en el tiempo dispuesto por el Ejecutivo hubo personas que no pudieron emitir su valoración sobre las magistraturas “desconozco por qué haya sido, pero en el plazo que se dio sí hubo observaciones”.
EL diputado Guajardo Barrera no opinó sobre los señalamientos de falta de tiempo, pero sí dijo que sería importante conocer la valoración técnica de los litigantes y que estos participen activamente en los procesos de análisis de magistrados que buscan ratificarse: “puede ser una propuesta […] no lo establece la ley, pero podríamos en su momento citar a comparecer a los magistrados y en esas comparecencias pedir opiniones de la sociedad para con esto tener un mejor criterio […] pero no quisiera adelantarme con eso, porque no lo establece la ley de ningún poder, más bien habría que buscar que lo apoyen los diputados”.
ALMAZÁN CUÉ ¿RATIFICABLE?
El diputado Ramírez Konishi aclaró que el dictamen que mandó Juan Manuel Carreras López al legislativo traía consigo la ratificación positiva del magistrado Juan Paulo Almazán Cué, mismo que ha sido acreedor de denuncias de nepotismo, tráfico de influencias y negligencia en su trabajo como integrante del Supremo Tribunal.
Sobre esto, Mauricio Ramírez opinó que “lo que tenemos que analizar en este caso y en todos es que todos los señalamientos que se hagan y se presenten contra alguien tengan un fundamento, porque, obviamente, si es así, pues por supuesto que los vamos a considerar”.
Por su parte, Guajardo Barrera expuso que las decisiones que se tomen al interior del Poder Legislativo deben ser técnicas y que por ello cada acusación en contra de uno u otro candidato deben tener pruebas y estar fundadas jurídicamente.
“Yo no quisiera adelantarme a tomar un comentario sobre una persona que está dispuesta a ratificarse, porque estaría juzgando sin tener toda la información; en segundo, vuelvo a lo mismo, presido la Comisión de Justicia, pero todas las decisiones son colegiadas, no puedo comentar sobre un magistrado que va a ratificación”, añadió.
¿PESA EL JUICIO POLÍTICO CONTRA CUÉ
EN EL ANÁLISIS DE SU RATIFICACIÓN?
“Claro que pesa sobre un perfil y se considera, por eso existen las propuestas de dictamen y se analizan”, aseveró el diputado priista Ramírez Konishi sobre la solicitud de juicio político que hay en contra del magistrado Almazán Cué, presentada por abuso de poder, ejercicio indebido de funciones y violaciones a sus derechos humanos, durante la segunda mitad del 2019.
Sobre las injerencias de este juicio político en contra del entonces magistrado presidente del STJE, Mauricio Ramírez dijo que “la comisión puede regresarlo al ejecutivo para que haga un replanteamiento en caso de que haya materia para no ratificarlo, y, aun así, sí llegara a votarse a favor en comisiones, todavía debe ser votado en el pleno”.
Con una opinión más conservadora, Rubén Guajardo dijo que “depende de algunas cosas, no puedo yo juzgar un juicio político que no está resuelto, estaría juzgando yo algo que no se ha juzgado”.
El legislador del PAN dijo preferir ser cuidadoso con el tema y apuntó que “el juicio político es como cualquier otro juicio, pero con la palabra o relación con la política, y como aquí el papel de juez lo tienen los diputados, es normal que se tome mucha polémica, pero tenemos que ser claros”.
Guajardo Barrera concluyó su comentario al aseverar que “si existen elementos para que no sea ratificado, pues que se proceda, ya será en el Congreso del Estado los que tendremos que resolver para antes de que se vote, pero no puedo adelantarme por ahora a tomar un criterio sobre este juicio”.
¿HAY VERDADERA SEPARACIÓN
DE PODERES EN ESTA ELECCIÓN?
A pesar de pertenecer al partido del gobernador y presidir la fracción priista en el Congreso del Estado, el legislador Mauricio Ramírez aseguró que su grupo político está más que listo para señalar y echar para atrás las propuestas de Carreras López si es que hubiera materia para no aprobar las ratificaciones: “si hay elemento y suficiente evidencia que los señalamientos tienen un soporte, pues yo creo que hasta el gobernador estaría de acuerdo en que se replantee la decisión, el gobernador y nosotros como fracción siempre iremos apegados a derecho”.
El diputado priista agregó que el Congreso del Estado, en un ánimo de mejorar el análisis y estudio del dictamen del Ejecutivo, se llamará a las personas que tengan señalamientos contra magistrados que buscan ratificarse: “pediremos que lo documente y lo presente con nosotros para su análisis”.
“En diciembre del 2018 el Ejecutivo mandó una propuesta para ratificación de un magistrado y en la primera etapa el Congreso dijo que no”, mencionó el diputado Guajardo Barrera, como un ejemplo de que no siempre el Legislativo sirve a los intereses únicos del Ejecutivo.
El caso del que habla el diputado Rubén Guajardo es el de José Armando Martínez Vázquez, a quien sí se le negó su ratificación a finales del 2018 por no alcanzar los votos en mayoría calificada; sin embargo, luego sería votado de nuevo a su favor gracias a un amparo aprobado por el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, con lo que consiguió su ratificación el 19 de marzo de este año.
