Por Victoriano Martínez
¿Desde cuándo el giro de la Fiscalía General del Estado cambió tan radicalmente?
Convocan a la ciudadanía a adoptar la cultura de la denuncia, pero cuando ésta se organiza y denuncia con una amplia aportación de pruebas, la Fiscalía dilata las investigaciones innecesariamente y, en algunos casos, termina por lavarse las manos y remitirlo a la Fiscalía General de la República (FGR).
Nada que ver con la misión que le ordena el primer párrafo del artículo 2º de su Ley Orgánica:
La Fiscalía General de San Luis Potosí, procurará el esclarecimiento de los hechos a través de la conducción jurídica de la investigación, ejercerá la acción penal dentro del marco del debido proceso y respeto irrestricto a los derechos humanos, garantizará el acceso efectivo a la justicia para las víctimas de los delitos, a fin de generar confianza en la ciudadanía.
El 12 de junio de 2017 estalló el escándalo de la ecuación corrupta en el Congreso del Estado. Enrique Flores Flores expuso involuntariamente la forma en que operaba un mecanismo de extorsión a los alcaldes para limpiar sus cuentas públicas y librarlos de sanciones con la participación de los entonces diputado Oscar Bautista, Manuel Barrera y José Guadalupe Torres Sánchez.
Se generó una indignación ciudadana con manifestaciones en el Congreso, y a la par se presentaron diversas denuncias contra los diputados y contra funcionarios de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la FGE. A lo más que se llegó fue a una sanción mínima para Flores Flores y los demás diputados involucrados y la camarilla de la ASE quedaron impunes.
Nada para generar confianza en la ciudadanía.
Los mismos funcionarios de la ASE fueron denunciados por un desvío de más de 600 mil pesos para una fiesta fantasma, por la apropiación de 2.7 millones de pesos a través de una nómina secreta, además de desviar recursos por 34.4 millones de pesos que debieron entregar a la dirección de Pensiones. Otros casos de impunidad.
Nada para generar confianza en la ciudadanía.
Investigaciones de organizaciones civiles como Ganemos y Ciudadanos Observando revelaron la simulación de entrega de apoyos sociales con falsificación de firmas y hasta cartas de agradecimiento de personas que tenían meses de haber fallecido. Esa apropiación de recursos por parte de los diputados dio pie para una veintena de denuncias ante la FGE.
Nuevamente las sanciones han sido mínimas y sólo contra un grupo muy reducido de los todos diputados involucrados, entre quienes se encuentran los cuatro protagonistas de la ecuación corrupta libres de sanción. El papel de la Fiscalía fue nuevamente garantizar la mayor impunidad posible a quienes, con máscara de benefactores sociales, se apropiaron de los recursos públicos.
Nada para generar confianza en la ciudadanía.
El 12 de febrero de 2018, el Frente Ciudadano Anticorrupción (FCA) presentó una denuncia apoyada por 410 firmas de ciudadanos ante la FGE sobre el caso de la compra de medicamentos para el personal de confianza del Ayuntamiento encabezado por Ricardo Gallardo Juárez a una proveedora fantasma de nombre Sandra Sánchez Ruiz.
La FGE inició la carpeta de investigación y ante el seguimiento que hacían integrantes del FCA, les reportaron avances y se les informó de los obstáculos que enfrentaban con las autoridades municipales encabezadas por su acusado para confirmar el cúmulo de pruebas aportadas por los ciudadanos.
Un año después, el 12 de febrero de 2019, cuando integrantes del FCA conmemoraron con un pastel el aniversario de la denuncia en las oficinas de la FGE, se les informó que ese día el caso había sido remitido a la FGR, donde el expediente sigue abierto sin avances. Una más en la que la FGE exhibió su prioridad de garantizar impunidad.
Nada para generar confianza en la ciudadanía.
El 23 de febrero de 2018, el FCA presentó una segunda denuncia contra la familia Gallardo, esta vez apoyada por 443 firmas, por el presunto enriquecimiento ilícito por la compra de 66 propiedades que amparaban más de tres millones de metros cuadrados y un valor que superaba los 120 millones de pesos que difícilmente correspondían son sus ingresos.
La FGE tardó meses en conseguir que el Registro Público de la Propiedad le remitiera copias certificadas de las escrituras de las propiedades de los Gallardo con el pretexto de que no tenían claridad sobre quién pagaría el costo de las copias.
Eran tantas las propiedades detectadas, que las copias les representaban un gasto oneroso. Y es que no eran 66 propiedades, sino 118, según la carpeta de investigación.
Después de varios meses, la FGE recibió de la ASE las declaraciones patrimoniales de Gallardo Juárez. Las recibió el primer ministerio público encargado del caso e informó a los integrantes del FCA que le daban seguimiento al caso y les mostró el sobre con los documentos en un librero de su despacho.
Tres meses después, aquel ministerio público ya se había jubilado y los integrantes del FCA fueron atendidos por el nuevo encargado del caso en el mismo despacho del anterior. En el librero seguía intacto y lleno de polvo el sobre mostrado por el anterior funcionario.
Al hacérselo notar al segundo ministerio público se disparó una reacción de movilización con secretarias y demás personal y el ofrecimiento de integrarlo a la carpeta de investigación.
Después de más 18 meses de la denuncia, apreció Silvia Torres Sánchez como abogada defensora de los Gallardo y promovió que a los denunciantes se les dejara de reconocer interés jurídico en la denuncia. La FGE acordó, ahora sí, de manera expedita, quitar el interés jurídico a los denunciantes del FCA y a partir de ese momento se les negó acceso a la carpeta de investigación.
Aunque el FCA inició un litigio ante el Poder Judicial Federal para que se le volviera a reconocer su interés jurídico, el 23 de febrero de 2021 –tercer aniversario de la denuncia– al acudir con fiscal Federico Garza Herrera a preguntar sobre el asunto, los integrantes del FCA se llevaron otra sorpresa: les informaron que desde el 10 de diciembre de 2020 el caso se remitió a la FGR.
Un caso con la acumulación de una gran variedad de tácticas dilatorias para evitar el esclarecimiento de los hechos a través de la conducción jurídica de la investigación y ejercer la acción penal con un claro resultado de garantizar impunidad a la familia Gallardo y demás cómplices.
Nada para generar confianza en la ciudadanía.
Se trata de una muestra de casos que, aunque causaron indignación entre la ciudadanía, dan cuenta de la forma en que la FGE trabajó en sentido opuesto a la misión que le ordena el artículo 2º de su Ley Orgánica, por lo que sorprende que, a unos días del cambio de gobierno, Garza Herrera declare que ha cumplido con los propósitos y metas planteados desde su transformación.
El recuento de sólo unos cuantos casos muestra que la Procuraduría transformada en Fiscalía autónoma ha logrado impunidad para cuanto servidor público que atenta contra el erario, incluso de manera descarada y cínica. Como logro a todas luces cumplido representa que esas fueron las metas por las que trabajó todo este tiempo Garza Herrera.
Una situación en la que, antes que atender al interés de la ciudadanía, parece más su mensaje de presentación ante Ricardo Gallardo Cardona, como presunto gobernador electo, ante quien se pone a disposición incluso por si dispone que no deba seguir en el cargo, lo que no puede ser vía destitución porque sólo puede darse por faltas graves a la Constitución calificadas por el Congreso.
Un mensaje que apunta más a destacar lo útil que hasta ahora le ha sido a la gallardía y lo dispuesto que está a mantener su utilidad al grado de incumplir el nombramiento que tiene hasta el 2024.
No sólo el gobernador Juan Manuel Carreras se ha sometido a la gallardía que, a pesar de que abiertamente lo amenaza en la plaza pública como lo hizo Gallardo Juárez el 7 de junio, propone a Silvia Torres Sánchez como magistrada, sino que su fiscal carnal le sigue los pasos al manifestar su disposición a incumplir el cargo que protestó ocupar hasta el 2024… como un servicio más.
