Por Victoriano Martínez
La iniciativa presentada al Congreso del Estado por el gobernador Juan Manuel Carreras López para que le autoricen reestructurar la deuda pública resultó la revelación de que el pretendido crédito por 700 millones de pesos para enfrentar la contingencia provocada por el coronavirus no está dentro de las posibilidades, a menos que pretendan rebasar un endeudamiento sostenible.
Dentro de las consideraciones de la iniciativa de decreto, el Ejecutivo menciona que el Estado se encuentra en el nivel de endeudamiento sostenible según la evaluación del Sistema de Alertas de Entidades Federativas (SdA) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública de acuerdo con el artículo 46 de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas y Municipios.
“Corresponde al Estado un Techo de Financiamiento Neto de hasta el 15 por ciento de sus ingresos de libre disposición del ejercicio fiscal 2020, equivalentes a $3,757,460,308.65 (…) con lo cual se demuestra la capacidad de pago con la que cuenta el Estado que para efecto de la reestructura no tiene un impacto en el límite de contratación”, señala Carreras López en su iniciativa.
Enseguida desglosa en una tabla los ingresos de libre disposición que, en siete rubros, suman un total de $25,049,735,391.00 para el ejercicio fiscal 2020.
De acuerdo con la iniciativa, Carreras López pretende reestructurar la deuda pública “hasta por el saldo insoluto que a la fecha del 31 de mayo del 2020 ascenderá conjuntamente cantidad de $3,686,976,014.97”, lo que representa que apenas le quedaría un margen de endeudamiento adicional por $70,484,294.03 o menos, y hasta podría terminar con balance negativo.
En la propia iniciativa advierte que “derivado de la situación económica que atraviesa el país, y en particular, nuestro Estado, al mes de abril del presente ejercicio, se tuvo una caída de los ingresos propios del 15% respecto del presupuestado, y se proyecta que la caída sea del 9.3% al cierre de ejercicio 2020”.
Si se consideran los ingresos propios presupuestados, que por Impuestos, Derechos, Productos y Aprovechamientos suman $5,050,235,391.00, con la caída que tienen prevista del 9.3 por ciento, para fin de año el ingreso disminuirá en $469,671,891.36, es decir, el Techo de Financiamiento Neto (TFN) tendría que calcularse en realidad sobre los $24,580,063,499.64 esperados.
Modificada la cifra con la caída prevista en los ingresos propios, el TFN quedaría en $3,687,009,524.95, apenas $33,509.98 más que el monto de deuda que pretende reestructurar.
Si se agrega que en la misma solicitud expone Carreras que “de acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), por cada punto que caiga la economía en cuanto al PIB, la recaudación del ISR caerá 1%, mientras que la del IVA podría caer entre 1.5 y 1.2%. De esta manera se espera una caída en la recaudación federal participable, y con ello, una baja en las participaciones federales que le corresponden a nuestro estado”.
Se trata de una reducción adicional al fondo sobre el que se calcularía el TFN que seguramente dejaría comprometido hasta el propio monto de la reestructuración que –así sea con unos cuantos miles o millones– rebasaría el límite para mantenerse como endeudamiento sostenible.
Si algo puede salvar a Carreras López de que la deuda estatal actual no rebase el TFN es que la Secretaría de Hacienda cumpla a cabalidad el punto VI del Decreto por el que se establecen las medidas de austeridad que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial el 23 de abril, que dice:
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrá utilizar sin autorización de SHCP recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del Poder Ejecutivo”.
Todo un panorama que coloca el crédito por 700 millones de pesos que Carreras López anunció como parte de su Estrategia de Atención Financiera a la Contingencia Sanitaria por el Covid-19, y después degradó a parte de su abanico de posibilidades, a un endeudamiento más allá del TFN, para colocarse en la clasificación en observación o elevado.
Un panorama que le comienza a deshojar el abanico y le deja la desincorporación de algún activo del Estado, como el terreno que iba a destinarse a la empresa Ford, como la alternativa si de verdad resulta urgente, como lo plantea, contar con recursos adicionales para enfrentar la contingencia.
Si aun así mantuviera la alternativa del crédito por 700 millones de pesos, Carreras López tendría que argumentar razones excepcionales conforme a los artículos 6 y 7 de la Ley de Disciplina Fiscal con lo que, eso de pretender la salida fácil de un endeudamiento, ya no lo es tanto.
