Por Eduardo Delgado
Después de más de un año de integración de la averiguación en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el juez VIII del Ramo Penal, Ernesto Rivera Sánchez, negó la liberación de las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la muerte de Diego en el balneario “Woow”, resolución que fue apelada y por tanto será examinada en el Poder Judicial del Estado, donde magistrados deben resolver si la confirman, la revocan o modifican.
Este lunes se cumplen quince meses del deceso de Diego, el 17 de julio de 2015 en el parque acuático “Woow”, al que junto con cientos de niños -inscritos en el campamento de verano organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP)-, fue llevado aquel día bajo el cuidado de personal de esa institución de superior.
El juez VIII del Ramo Penal, Ernesto Rivera, “no encontró” elementos de responsabilidad de los imputados –instructores universitarios y empleados del complejo acuático-, porque según su criterio su muerte fue accidental, derivada de que quedó atrapado en un ducto extractor de agua de una alberca para regresarla a través de un tobogán, informó Socorro Ruiz Medellín, madre de Diego, quien considera que fue resultado de un descuido y los responsables deben ser sancionados por homicidio imprudencial.
La resolución del juez fue impugnada y la averiguación fue remitida al Supremo de Justicia del Estado, donde magistrados evaluaran si la determinación del juez fue correcta o incorrecta; en el primer caso la confirmarían y en el segundo podrían revocarla o modificarla.
El responsable de la integración de la averiguación AP/PGJE/SLP/IE/0421/2105 fue el Agente del Ministerio Público del Fuero Común de Investigaciones Especiales, Hugo César Azuara Argüelles, quien luego de más de un año de pesquisas la consignó a un juez penal.
