Por Victoriano Martínez
A cuatro días de cumplirse ocho años de la presentación, por parte del Arzobispado potosino, de la primera denuncia en contra del ex sacerdote Eduardo Córdova Bautista por pederastia, el tema resurge más como referencias sueltas a los pendientes no solo de la Fiscalía General del Estado sino de la propia Iglesia Católica potosina.
La revelación de la comisión de los delitos que se le imputan a Córdova Bautista fue, desde un principio, una historia de encubrimiento que, en un primer momento, antepuso una mal entendida protección de la imagen de la institución católica, pero la magnitud de la falta depararía una ruta muy diferente.
De acuerdo con el Derecho Canónico, la Arquidióscesis cuenta con un Tribunal que es la instancia a la que le corresponde conocer y enviar los expedientes al Vaticano y a las autoridades civiles en caso de encontrar elementos para procesar a un acusado, o bien, ordenar su archivo o sobreseimiento por falta de pruebas, en casos como el de Córdova Bautista.
Ese Tribunal analizó en 2008 las primeras quejas contra Córdova Bautista que se sometieron a un trámite formal, y el 28 de noviembre de ese año lo declaró “no culpable” de los delitos de abuso sexual que se le atribuían.
No obstante, el 16 de mayo de 2012, recibió nuevas denuncias en contra del ex sacerdote, con las que “se crearon las condiciones jurídicas y procesales para comprobar el fundamento de los hechos alegados y así fue convenientemente comunicado al Dicasterio competente de la Santa Sede”, relató en 2014 Eduardo Martínez Benavente en su columna Contrapesos.
El caso se encontraba pendiente de resolución en esa instancia cuando estalló el escándalo el 9 de abril de 2014: el ex sacerdote Alberto Athié denunció en entrevista con Carmen Aristegui el abuso sexual por parte de Córdova Bautista en contra de más de 100 víctimas.
El clima era adverso para la Iglesia Católica. Por esas fechas se juzgaba a otros dos sacerdotes: José de Jesús Cruz Rodríguez, ex párroco de Nuestra Señora de Fátima de la colonia 21 de marzo; y Guillermo Gil Torres, ex párroco de Santa Rosa de Lima de Soledad de Graciano Sánchez. Se tenía la idea de que se les había dictado auto de formal prisión sin evidencias sólidas y contundentes
Las denuncias contra Córdova Bautista tuvieron amplia difusión en la prensa nacional y local. El 21 de mayo de 2014, dos de las víctimas –Humberto Abaroa López y Gunnar Mebuis Villa– presentaron sus testimonios en una rueda de prensa organizada por la organización Iniciativa Ciudadana, acompañados por Athié, Sanjuana Martínez y José Barba.
Al día siguiente, la Arquidiócesis anunció la presentación –que se dio el 23 de mayo– de la primera denuncia que sobre el caso llegó a la Fiscalía General del Estado. A partir de ahí, llegaron más denuncias por parte de las víctimas hasta acumular 19.
El 26 de mayo de ese año, la Arquidiócesis informó sobre la determinación del Vaticano para dar de baja definitiva de la Iglesia Católica a Córdova Bautista, quien para entonces ya había desaparecido para convertirse en prófugo de la justicia hasta la fecha, con una historia de encubrimiento que aún no termina.
Recién estallado el escándalo en abril de 2014, el arzobispo Carlos Cabrero Romero declaró que los procesos de formación en los seminarios deben ser más exigentes y estar muy atentos a que los alumnos “no lleguen con determinados problemas de una vida media conflictiva” y que “quien no pueda, que deje el ministerio o no entre al Seminario”.
Una postura que el propio Código Canónico les impone a los obispos para admitir en los seminarios sólo a “aquellos que, atendiendo a sus dotes humanas y morales, espirituales e intelectuales, a su salud física y a su equilibrio psíquico y a su recta intención, sean considerados capaces de dedicarse a los sagrados ministerios de manera perpetua”.
¿Ha fallado la Iglesia en cumplir su propio Código? Ayer miércoles se informó que la Arquidiócesis de Santa Fe, en Estados Unidos, pagará 121 millones de dólares a víctimas de pederastia por parte de 74 sacerdotes por delitos cometidos desde hace 25 años.
El mal no es local, sino que aparentemente es generalizado, lo que es una razón suficiente para que Iglesia potosina, con el antecedente de Córdova Bautista y algunos más que se han presentado, informe sobre la aplicación de la medida preventiva planteada por Cabrero Romero y sus resultados, como una forma de generar confianza entre su feligresía.
Lo anunciado por la Arquidiócesis de Santa Fe son acuerdos de desagravio con las víctimas que abren la posibilidad a que aquí pudiera haber un acto de esa naturaleza, si no económico como allá, al menos de una efectiva disculpa pública que incluyera el compromiso de asumir las medidas de prevención con informes periódicos como medida de no repetición.
Cabrero Romero pronunció una disculpa en junio de 2014, en pleno auge del escándalo, acompañada del anuncio de la conformación de una Comisión de Justicia de Atención a las Víctimas de pederastia. No se ha informado de la existencia de esa comisión y mucho menos de los resultados que ha tenido.
Desde la Fiscalía General del Estado, el gran pendiente es la aprehensión de Córdova Bautista acompañado en segundo término por la determinación de responsabilidades en contra de todos los involucrados en su encubrimiento para evitar que sea detenido.
¿Quiénes tienen tanta capacidad para poder proteger a una persona prófuga por ya casi ocho años? ¿Han estado coludidas las propias autoridades? ¿Hasta dónde las acciones para su detención han sido actos de simulación, como anunciar un fondo para una recompensa, pero nunca concretarla?
Hoy la aprehensión de Córdova Bautista, de darse, puede resultar en sí misma un acto de justicia que reditúe a la Fiscalía y al propio Gobierno, un alto saldo de legitimación, pero si no se complementa con sanciones a los responsables de obstruir la justicia por ocho años, resultaría un acto incompleto.
