José de Jesús Ortiz
La de este viernes era una audiencia central en el juicio oral en contra de Miguel Ángel Lutzow Steiner, extitular la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud. Fue una audiencia dura e intensa, en la que solo se desahogó el testimonio de Jorge Fernando N., apoderado legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México con la que, según la Fiscalía General del Estado (FGE), se dio la compra simulada del plaguicida para combatir el dengue, origen de la denuncia contra el exfuncionario.
En la audiencia que se realizó en poco más de dos horas en la Sala 6 del Centro Integral de Justicia Penal de La Pila, el testigo ofertado por la Fiscalía aseguró que el contrato para la compra de ese plaguicida lo acordó con la extitular de la Secretaría de Salud, Mónica N., y Lutzow Steiner.
En el contrainterrogatorio por parte de la defensa, el testigo por largos momentos guardó silencio, en otras preguntas dijo que se reservaba su respuesta para no verse perjudicado y en otras las reiteradas objeciones de los representantes de la Fiscalía impidieron que expusiera su testimonio.
“No estoy entendiendo todo lo que está pasando. No entiendo”, expresó en algún momento de la audiencia el testigo, abrumado por el interrogatorio de la defensa.
Durante la audiencia y de acuerdo con testimonio del apoderado de la empresa regiomontana, nuevamente quedó de manifiesto que Lutzow Steiner no firmó el contrato para la compra del plaguicida, solo mencionó que el ex funcionario participó en las reuniones en que se habría pactado simular la compra del producto y en la que se reintegró el dinero en efectivo a los Servicios de Salud.
El apoderado legal de la empresa compareció como testigo de la FGE. No obstante, como él mismo lo reconoció, en una fase previa de investigación había sido entrevistado como imputado por una agente de investigación adscrita a la Dirección General de Métodos de Investigación de la Fiscalía.
Durante la audiencia, nunca se aclaró si se aplicó un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía, lo cual habría extinguido la acción penal en su contra.
El testimonio ante la Fiscalía
En su testimonio, Jorge Fernando N. dijo ser desde 2013 vendedor de la empresa Public Health Supply and Equipment de México, particularmente de plaguicida para combatir el dengue, así como de equipos para su aplicación; y señaló que la empresa tiene entre sus clientes principales a gobiernos de los estados y a la Federación, y que él estaba a cargo de siete estados, entre ellos San Luis Potosí.
También declaró que tenía un poder notarial de la empresa que lo acreditaba como representante legal para realizar contratos de compra-venta, pleitos y cobranzas, así como actos de administración.
En la audiencia, el representante de la FGE pidió al Tribunal de Enjuiciamiento permiso para incorporar evidencia y mostrar al testigo una copia del poder notarial.
—¿Puede indicar al Tribunal qué tiene en sus manos?, le cuestionó el agente de la FGE.
—Es una copia del poder notarial que tengo como representante legal.
—¿Por qué está seguro de ello?
—Porque es el que uso siempre, es copia del que uso.
Asimismo, sostuvo que en abril de 2020 se realizó un contrato de para la venta de 193 tambos del plaguicida a los Servicios de Salud y que el acuerdo lo hizo con Mónica N., extitular de la dependencia, y Miguel Ángel Lutzow, quien tenía “en ese momento un puesto de dirección”.
Agregó que la reunión para concretar esa compra-venta se realizó en las oficinas de Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), “a espaldas de la Cruz Roja”.
A pregunta de la Fiscalía, aseguró que en esa reunión pactaron “hacer una simulación de compra-venta”, la cual consistió en hacer una solicitud de cotización del plaguicida a la empresa regiomontana, se firma luego de recibido, nunca se entrega y posteriormente se reintegra a la dependencia de Salud el dinero en efectivo.
Indicó que la finalidad era que “ellos se quedarían con el dinero” y puntualizó: “desconozco la razón de qué harían con el dinero”, poco más de 32 millones de pesos del contrato.
Según su testimonio, en la reunión en la que se pacta el contrato, además de él estuvieron la extitular de Salud, Mónica N.; Patricia N., subdirectora administrativa; Juan Francisco N., jefe del Departamento de Control de Enfermedades Transmisibles por Vector de la Secretaría de Salud; otro funcionario a quien identificó como Emmanuel N. (subdirector operativo de la dependencia); así como el acusado.
—¿Qué pasó después de esa reunión?, inquirió el representante de la FGE.
—Se acordó hacer la entrega posteriormente, yo me retiré del lugar y días después se hizo la simulación.
Sin precisar la fecha, indicó que el contrato se firmó a mediados de abril y “unos días después” se hizo la simulación y la entrega del dinero al siguiente mes. Declaró que cuando hace la firma del contrato solamente se encontraba él y el abogado del área jurídica de la dependencia, a quien identificó como Alejandro: “es la persona que me da el contrato a firmarlo, lo firmo y él se lo lleva a las firmas”.
El representante legal de la empresa Public Health Supply and Equipment de México aseguró además que el pago de los 193 tambos de plaguicida se hizo a través de una transferencia electrónica de una cuenta de los Servicios de Salud, no precisó la fecha aunque aseguró que fue posterior a la firma del contrato: “debe haber sido en la última semana de abril”.
A pregunta de la Fiscalía sobre si constató o no que se hubiera realizado el pago, expuso que le preguntó al contador de la empresa, quien le dijo que ya se había hecho.
“Después de la firma del contrato se hizo la simulación de entrega y se realizó el pago y días después se reintegró el dinero a finales de mayo”. El reintegro del dinero, declaró, se hizo en las mismas oficinas de Coepris y en efectivo, en una reunión en la que estuvieron “las mismas personas de la primera reunión, más el esposo de la doctora [Mónica N.], el señor Adrián”.
Aseguró que el dinero se entregó en dos maletas negras y lo llevó él y dos personas más.
—¿Quiénes eran esas personas?, interrogó la Fiscalía.
—No las conozco, eran personas que cuidaban, era un monto muy grande—, respondió.
—Usted haber entregado ese dinero, ¿quién se lo entregó?
—Me lo dieron en la empresa.
—¿Quién se lo dio?
—El contador.
Finalmente, en su testimonio aseguró que él a su vez entregó el dinero a las personas que estuvieron en la citada reunión en Coepris: “lo recibieron el doctor Miguel y el esposo de la doctora (Mónica N.)”, señaló.
El contrainterrogatorio, el papel de Mónica N
Posterior al interrogatorio de la Fiscalía y el asesor jurídico público, vino la réplica de la defensa del acusado quien durante casi dos horas sometió a un intenso contrainterrogatorio al testigo, haciéndolo dudar y motivando que la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, Claudia Hernández Ibarra, interviniera en distintas ocasiones señalando al testigo que si escuchaba preguntas que “implicaran algún tipo de autoincriminación en algún tipo de conducta delictiva usted tiene derecho a no responder”.
Fue un interrogatorio sin tregua por parte del defensor Alejandro Manríquez Laguna, haciendo dudar en sus respuestas al testigo, quien en algunas preguntas se mantuvo en largos silencios antes de responder, en otras decidió no contestar; pero también, generó sistemáticas objeciones por parte de los tres representantes de la Fiscalía y el asesor jurídico. En diversas ocasiones en que el abogado defensor mencionó a la extitular de Salud, Mónica N., casi al unísono la contraparte objetó las preguntas.
En su turno, el abogado defensor le pidió al testigo responder con un sí o no y comenzó el contraexamen:
—Ese poder que le mostró la Fiscalía dijo que era para actos de administración, ¿cierto?
—Sí.
— Dentro de esos actos de administración, le establecieron textualmente que usted no podía manejar bienes de la sociedad, ¿es correcto?
—Ahorita no lo leí.
—Dijo que lo usaba para sus actividades diarias.
—Sí.
—Si se lo pongo a la vista ¿lo recordaría?
—Sí.
—Pido permiso para refrescar memoria.
—Adelante.
—Ese poder que tiene usted a la vista es el mismo que le enseñó ahorita la Fiscalía ¿es correcto?
—Sí.
—Lo que viene subrayado ¿nos puede decir qué dice?
—“El apoderado designado no podrá manejar bienes de la sociedad”.
—Usted es una persona de experiencia en la vida cotidiana de la sociedad ¿es correcto?
—Sí.
—Usted como persona física maneja dinero ¿es así?
— Sí, claro.
— El dinero, podemos catalogarlo como un bien ¿cierto?
—Sí.
—Acorde a su poder, usted no podía disponer del dinero ¿es así?
—Yo no dispuse de él.
— No dispuso de él, pero no puede disponer de dinero cierto.
(…)
—Lo mismo que viene a decir a este Tribunal, usted antes lo había manifestado la gente del Ministerio Público ¿es correcto?
—No entendí la pregunta.
—Usted antes de venir ante el Tribunal de Enjuiciamiento ya había sido objeto de alguna entrevista por el agente del ministerio público.
— Sí.
— ¿Ante la Fiscalía?
—Sí.
—Ante la agente del ministerio público manifestó que el dinero se lo había dado el contador, al que hizo referencia aquí ante el Tribunal de Enjuiciamiento ¿sí o no?
—Sí.
—Usted está seguro de ello porque firmó la declaración ¿es correcto?
— Sí.
— Esa declaración usted la rindió el 7 de julio 2022 ¿así es?
—La fecha no la tengo clara, pero fue en el año 2022 aproximadamente en el mes de julio de 2022.
—La fecha no la tiene clara porque ha pasado mucho tiempo es correcto.
—Pues fue hace dos años.
—Pero sí se acuerda aquí de la entrega de dinero de 2020 ¿cierto?
—Sí.
—Y ha pasado más tiempo ¿es correcto?
—Es correcto.
—O sea, tiene mejor memoria en el 2020 que en el 2022, ¿sí o no?
—Sí.
Enseguida, el abogado defensor pidió al Tribunal autorización para “refrescar memoria” y mostrar al testigo parte de su declaración rendida ante el agente del ministerio público. Después de ello, retomó el contrainterrogatorio:
—Lea en voz alta el nombre del contador al que le hizo referencia al Tribunal de Enjuiciamiento.
—Aquí no viene, pero que no viene no quiere decir que no lo declaré.
—Usted hizo referencia a maletas hace rato.
—Sí.
—Usted jamás fue a sacar ese dinero al banco, ¿cierto?
—No, me fue entregado por dos personas.
—¿Usted nunca contó ese dinero?
—No.
—Dijo que se hizo acompañar por dos personas ¿cierto?
—Sí.
—A las cuáles no conocía, ¿es así?
—Sí.
—Y si era tanto dinero, ¿por qué confió en dos personas desconocidas?
—Porque las puso la empresa.
—¿O sea que la empresa está acostumbrada a cometer delitos?
—….
—¿Se dedica a la corrupción en los estados para venta?
—No.
—¿Ustedes actualmente siguen vendiendo a San Luis Potosí?
—No.
—¿Le siguen vendiendo la Federación?
—Sí.
—¿Usted sigue trabajando para la empresa?
—Estoy en incapacitado, no ejerzo.
—Usted dice que le dan esas maletas, ¿es cierto?
—Las llevaron ahí a la oficina.
—¿Usted las abrió?
—No.
—Entonces usted no vio el contenido ¿es correcto?
—De lejos sí.
—Usted desconocía cuánta cantidad era, ¿es así?
—Sería la cantidad que debe de traer, pero yo no la conté.
—¿No la contó?
—No.
Enseguida, el interrogatorio de la defensa fue detenido por la presidenta del Tribunal de Enjuiciamiento, quien consideró importante hacer notar al testigo que si escuchaba “alguna pregunta que implique algún tipo de autoincriminación en algún tipo de conducta delictiva” tenía el derecho a reservarse la respuesta y no responder.
Luego de ello, siguió incesante la réplica de la defensa.
—Usted fue entrevistado el 7 de julio de 2022, en esa entrevista fue usted entrevistado como imputado — ¿es así?
—¿Cómo imputado?, es que no entiendo esos términos.
—Estuvo acompañado por su abogado.
—Sí.
—Y le dijeron que lo estaban investigando también por ese delito de fraude ¿es correcto?
—¿Que me estaban investigando por ese delito de fraude?
—¿No recuerda si lo estaban entrevistando como testigo o como indiciado?
—Como testigo.
—¿Lo estaban entrevistando como testigo?
—Sí.
—Y afirma eso porque vio la declaración y la firmó, ¿cierto?
—Sí.
Enseguida, solicito nuevamente autorización al Tribunal para exhibir una contradicción y mostró al testigo un documento impreso que contenía la declaración que el testigo había dado a la Fiscalía.
—Ahí dice al final imputado ¿es correcto?
—Sí (…) es que los términos no los entiendo yo, no me dedico a esto.
“No estoy entendiendo todo lo que está pasando. No entiendo todo”, expresó el testigo.
Tras ello, nuevamente la presidenta del Tribunal intervino y le planteó que se tomara el tiempo necesario para responder.
“Usted tómese el tiempo necesario para contestar lo que se le está preguntando si no entiende… si usted considera que se puede ver autoincriminación en cada pregunta que se le realice, si escucha objeción guarde silencio hasta que nosotros le demos la indicación, porque lo veo está tenso. Tome un poco de agua, tranquilícese y continuamos”, le dijo.
—Es que realmente no entiendo qué preguntas me pueden autoincriminar, no sé cuál pueda hacerlo, yo no sé qué contestar, ya no sé qué contestar yo preferiría que estuvieran mi abogado—, respondió el testigo.
—Usted tiene aquí como testigo. Las preguntas que le pueden incriminar como ya se le explicó, son aquellas que usted considere que lo pueden relacionar con un delito; usted sabe lo que es correcto y lo que no es correcto.
Vino todavía una parte dura del interrogatorio de la defensa, para exhibir las contradicciones del testigo.
—Usted dijo que estuvo en una reunión con el doctor Lutzow.
—Usted ya había tenido trato con la doctora Mónica, ¿es correcto?
—Sí.
—Le había pedido el dinero para su campaña como gobernador ¿es correcto?
—¡Objeción!— se escuchó el coro unánime de la Fiscalía y el asesor jurídico.
—Su señoría la pregunta es pertinente, lo que está haciendo la Fiscalía es proteger a una ex política del estado y está inhibiendo el esclarecimiento de los hechos. Solicito que se permita continuar, porque entonces no quiere contestar, el testigo no quiere dar información—, señaló el abogado defensor.
—Le pido nada más que se atienda al hecho materia de la litis—, respondió la presidenta del Tribunal.
—La impertinencia es porque se trata de hechos que se encuentran señalados dentro del derecho materia de la acusación… yo me pregunto, con todo respeto para el Tribunal y es parte de la incidencia, yo me pregunto qué privilegios entonces goza esas personas que no están presentes.
Pidió enseguida una incidencia en el desarrollo del juicio y advirtió que se podría estar incurriendo en responsabilidad penal al permitir que un iniciado declare como testigo.
Después, ya en la parte final del interrogatorio, inquirió al testigo:
—¿Usted le teme a la Fiscalía?
—No.
—¿Le teme a la doctora? Conteste sí o no. ¿Se siente coaccionado?
—No. Mi preocupación era que ya no fuera comprar.
La audiencia terminó cerca de las tres de la tarde, luego de casi dos horas del interrogatorio al representante legal de la empresa regiomontana.
Al concluir la comparecencia del testigo, el Tribunal de Enjuiciamiento dio por cerrada la audiencia de este viernes y anunció que el juicio oral en contra del extitular de la Secretaría de Salud continuará el próximo jueves 19 de septiembre cuando se realizará la comparecencia de cuatro testigos más ofertados por la Fiscalía General del Estado; el martes 24 se presentarán siete testigos más, entre ellos el ofertado por la defensa; y finalmente, el 25 de septiembre sería la audiencia para escuchar el testimonio del acusado, el doctor Miguel Ángel Lutzow Steiner. Restarían solo una audiencia más para alegatos de clausura de las partes, antes de que el Tribunal emita la sentencia.
