Por Victoriano Martínez
La de María de Jesús Armendarez Prieto, conocida como Marichuy, es una lucha de casi 10 años por justicia en contra de quien la acosó sexualmente como empleada de gobierno, durante la que se acumularon una serie de agravios producto de una violencia institucional que, a pesar de que la agresión original ha sido sancionada, se mantienen injusticias por resarcir.
Este martes 13 de junio, finalmente Juan Martín Gatica Izaguirre, el acosador de Marichuy en 2013 cuando trabajaban juntos en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (SEDUVOP), pasó una noche en el reclusorio de La Pila por no haber cumplido con la ejecutoria que le ordenó el pago de reparación de daño a su víctima.
Gatica Izaguirre fue sentenciado a 3 años con 6 meses de prisión en mayo de 2019 y, desde entonces, permutó la pena por el pago de la reparación del daño que, por más de cuatro años se negó a hacer efectivo. Tras ser aprehendido este martes, el sentenciado depositó finalmente el pago pendiente y obtuvo su libertad al día siguiente.
Si todo el proceso hubiera transcurrido desde la comisión del delito, a la sentencia del acosador, al acuerdo reparatorio y finalmente al pago de la reparación del dato conforme a la premisa de una justicia pronta y expedita como se establece constitucionalmente, el caso se podría dar por concluido.
No obstante, durante los diez años que pasaron entre el inicio del caso y el pago la reparación del daño, Marichuy se vio obligada a realizar protestas y movilizaciones para que su proceso avanzara, lo que provocó una reacción de las autoridades que se convirtió en una espiral de violencia institucional que abrió al menos 10 expedientes por violación de derechos humanos.
La revictimización de Marichuy por parte de las autoridades comenzó cuando la reubicaron de su centro de trabajo y la hicieron transitar por al menos otras dos dependencias: el Instituto de la Mujeres del Estado (IMES), donde fue discriminada, y la Secretaría de Cultura, donde prácticamente estuvo confinada en el sótano.
En esa ruta, Marichuy aprendió a identificar cuando se violaban sus derechos humanos y laborales, por lo que tuvo que llevar parte de su lucha a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que, en estos diez años, ha emitido al menos ocho recomendaciones por su caso.
A pesar de eso, la CEDH no fue del todo una aliada de Marichuy dado que sus recomendaciones en la mayoría de los casos se emitían tras la presión que con sus protestas ejercía, y al final la propia Comisión no daba el seguimiento requerido para que se cumplieran, por lo que incluso recurrió a amparos.
Ante esa circunstancia, Marichuy encontró en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una instancia más en su búsqueda de justicia, ya no sólo por la agresión sexual por parte de su compañero de trabajo, sino también por la violencia institucional que se ejerció en su contra desde el Poder Ejecutivo del Estado.
La CNDH ha emitido tres recomendaciones sobre su caso, entre las que destaca la 3/2021 en la que, entre el catálogo de violaciones a sus derechos humanos, destaca una referencia directa a la violencia institucional en la primera de las acciones que el gobierno estatal debe realizar como medidas de satisfacción para la reparación del daño:
“Extender una disculpa pública a cargo del titular del gobierno del estado de San Luis Potosí, partiendo del reconocimiento de los hechos y aceptación de responsabilidades, en especial, la violencia institucional…”.
Una medida de carácter institucional que, al seguir pendiente, hoy le corresponde encabezar al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, lo que necesariamente pone a prueba su voluntad de atender a las víctimas o prolongar la nefasta tradición revictimizante.
La primera señal no fue alentadora: el martes 12 de octubre de 2021, José Guadalupe Torres Sánchez, secretario de Gobierno, dejó plantados a tres funcionarios de la CNDH, quienes venían a tratar los avances de las tres recomendaciones sobre el caso de Marchuy.
Que este martes 13 de junio la Fiscalía General del Estado haya cumplimentado una orden de aprehensión contra Gatica Izaguirre y su encarcelamiento haya dado como resultado que finalmente pagó la reparación del daño pudiera considerarse una buena señal, pero no más, porque se trata sólo de la conclusión del expediente relacionado con la agresión sexual.
Diez años de violencia institucional aún mantienen pendientes de realizar las medidas de satisfacción para una reparación del daño integral, conforme a las recomendaciones de la CNDH. El turno para comenzar a demostrar verdadera voluntad a favor de las víctimas, después de que los exgobernadores Fernando Toranzo y Juan Manuel Carreras fallaron, es del actual gobernador.
