Angélica Campillo
El hecho de que únicamente se haya procesado a la extitular de los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, por un daño al erario de 22 millones 400 mil pesos y no existan más investigaciones en su contra, evidencia que hay un acuerdo entre el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona y la “herencia maldita”, consideró Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización civil Ciudadanos Observando.
Para González Covarrubias, el que ahora la Fiscalía General del Estado señale que solamente hay una acusación en contra de Mónica Rangel por 22 millones 400 mil pesos y que al devolver ese dinero haya salido de prisión, están dando a entender que hay un acuerdo con la “herencia maldita” y que la detención de la exsecretaria de Salud fue una simulación y un engaño, cuando dijeron que realmente iban a ir a fondo para combatir la corrupción e ir sobre un todo, y no sobre un caso específico muy pequeño.
El activista recordó que fue el mismo mandatario estatal, Ricardo Gallardo Cardona, quien durante su toma de protesta declaró que se habían encontrado irregularidades y un robo en los Servicios de Salud que ascendía a alrededor de mil 700 millones de pesos, correspondiente a la administración de Juan Manuel Carreras López. Además, están los documentos de la Auditoría Superior del Estado, donde obran montos que superan los mil millones de pesos en observaciones que no han sido aclaradas desde hace mucho tiempo por los Servicios de Salud.
González Covarrubias explicó que hay investigaciones periodísticas que hicieron desde tiempo atrás, por las que incluso hay denuncias ante la ASE, que llevan dos años congeladas y que dan cuenta de un presunto desfalco en los Servicios de Salud nada más por 400 millones de pesos; no obstante, durante la pandemia por Covid-19 se estuvieron detectando en esta área un sinfín de anomalías.
Además, mencionó que hay una denuncia en la Unidad de Inteligencia Financiera del Servicio de Administración Tributaria, por una red de empresas fantasmas que operó en los Servicios de Salud, en la que se advierte que Mónica Rangel no operó sola, por lo que el activista se preguntó: “¿Por qué no han querido ir a atacar la red y por qué solamente un caso?”.
Para el vocero de Ciudadanos Observando, el daño que existe en los Servicios de Salud es monumental y no es una percepción, y ya están los datos concretos, por lo que recomendó al fiscal José Luis Ruíz Contreras acercarse a la ASE o a la UIF, e inclusive a su organización, para que se le entreguen copias de todas las pruebas que han ido recuperando al respecto.
“Pero que no nos vengan a querer engañar, con que el daño fue solamente de 22 millones de pesos, eso sí sería algo patético, un engaño terrible y terminaría con la poca credibilidad que habían obtenido”, aseveró González Covarrubias.
La primera denuncia penal en contra de Mónica Rangel y Gabriel N., detenido hace varios meses, la interpusieron los propietarios de la empresa Quickshine, a quienes les robaron su identidad, pero se encuentra congelada en la FGE; a esta compañía los Servicios de Salud le pagaron 3 millones y medio de pesos en el transcurso de una hora.
Otra denuncia fue la que interpuso el señor Eduardo Lárraga Martínez, debido a que también le robaron su identidad, y hasta el momento se encuentra en la misma situación.
