Por Victoriano Martínez
Podrán, con su operativo Antro Seguro, sancionar a la totalidad de los establecimientos que hay en la ciudad, en el Estado, en el país o en el planeta, pero esa medida de ninguna manera puede constituir un acto de expiación de sus culpas en la tragedia que ocurrió en el Antro Rich el pasado 7 de junio.
Muy lejos de ser un acto de expiación de su culpa (purificarse de ellas por medio de algún sacrificio, según la Real Academia de la Lengua) lo que muestra es el abuso con el que pretenden engañar a la población sobre su preocupación por su seguridad y sacar ventaja con la aplicación indiscriminada, procedentes o no, de multas.
Muy sacrificados, la limpieza de su culpa la logran aprovechar al convertirla en una gran fuente de recaudación. Habrá que recordarles que la seguridad en esos establecimientos no se logra con la aplicación de más multas, sino con la ausencia de la necesidad de éstas porque todo está en orden.
Las multas que hoy aplican con su operativo Antro Seguro eran igualmente procedentes antes del fatídico 7 de junio.
Aplicarlas tras la tragedia es una grosera agresión a las víctimas, a sus familiares y a la toda la población al pretender que, con hacer ahora lo que siempre debieron hacer, pueden evadir su parte de responsabilidad en la muerte de dos jóvenes y las lesiones de otro ocho.
No es la primera vez que se tienen que enlutar familias potosinas como paso previo a que las autoridades reaccionen y comiencen a cumplir su responsabilidad.
En cada una de las últimas dos semanas del mes de febrero de 2022 se registraron dos homicidios frente a sendos antros del centro de la ciudad.
Entonces fue la autoridad municipal, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la que reaccionó. Pero… ¿quién se acuerda del operativo Sello en torno a los antros y bares del Centro Histórico?
Catorce meses después de iniciado aquel propagandístico operativo, Sua Jocsan Marín, de 24 años, fue asesinado al salir de un antro al ser asaltado, junto con sus amigos, en un crimen que hoy se mantiene impune.
¿Qué tan confiables pueden ser operativos como aquel, denominado Sello, y el actual llamado Antro Seguro, si el mayor despliegue que presentan es el propagandístico con comunicados y gacetillas con las que buscan encubrir sus faltas con presuntas acciones casi heroicas?
¿De verdad esperan que al cacarear sanciones a antros y a plazas comerciales pueda pasar inadvertido que en la vinculación a proceso de las tres personas detenidas en el caso Rich el juez constató que el lugar operaba sólo con un refrendo expedido por la administración estatal?
Extraño (es un decir, habrá quien lo considere lo más lógico por lógicas razones): se sancionan otras plazas y a la Plaza Alttus, cuyo barandal endeble, reportado y sin reparación que provocó la tragedia ni se le menciona.
Y mientras tanto en el ámbito municipal se abre una investigación exhaustiva por parte de la Contraloría Interna para que se encargue de la indagación y sanciones. ¿Alcanzará para que dé parte al Ministerio Público o será otra forma de encubrir responsabilidades?
Entrados en inspecciones y sanciones, Maximino Jasso Padrón, director de Ecología y de Gestión de Residuos, dijo que sólo cuentan con 10 inspectores para la vigilancia de las emisiones de ruido en bares y antros de la ciudad y, aun así, aplicado más de 200 multas en lo que va del año.
Tan poco efectivas han sido las multas, que en los 365 mil 335 recibos de entero que ha emitido la Tesorería municipal de enero a mayo no ha aparecido un solo pago por esas 200 sanciones que dice haber aplicado.
El hecho es que la tragedia del 7 de junio ha dejado a las autoridades una sensación no reconocida de culpa que pretenden limpiar con desplantes de ser muy efectivos, pero que resultan ofensivos y que, para colmo, no representan ninguna garantía de seguridad para quienes frecuentan ese tipo de establecimientos.
