Fernanda Durán
La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Giovanna Argüelles Moreno, reconoció que contemplar el término de castración química en una ley estatal atenta contra los derechos humano, por lo que está abierta la posibilidad de presentar una acción de inconstitucionalidad, si no se contempla esta visión.
La titular de la CEDH dijo estar a la espera de exponer en foros o de manera escrita un posicionamiento formal o acción contra la iniciativa de ley que propone la castración química como castigo a personas violadoras, la cual, de acuerdo con el Partido Verde Ecologista de México, ya fue concluida y se presentará ante el Pleno del Poder Legislativo en los próximos días.
“Dependerá de que se puedan contravenir los derechos humanos. Entonces es donde ya pensaríamos en un planteamiento o alguna acción (…) espero que sea esta visión de las legisladoras y los legisladores con esta visión de los derechos humanos”.
El artículo 22 de la Constitución Política de México prohíbe la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.
Argüelles Moreno afirmó que se emitirá un pronunciamiento u opinión técnica para el Congreso del Estado si las y los legisladores la solicitan por escrito o a través de foros para socializar el tema, y brindar las observaciones correspondientes como se ha realizado con otras propuestas.
“Ahorita está en la cancha de las legisladoras y los legisladores, habrá que esperar el análisis. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos también está abierta, hemos estado trabajando para emitir opiniones antes de subir [iniciativas] en la gaceta y que estaremos muy al pendiente”.
Esta semana el diputado José Luis Fernández Martínez, coordinador del PVEM, dio a conocer que la iniciativa del partido ya está lista y pretenden publicarla en breve en la Gaceta Parlamentaria.
A pesar de que en reiteradas ocasiones se había anunciado la intervención de expertos en materia penal y de derechos humanos para la estructuración de la propuesta, Fernández Martínez adelantó que una vez turnada a comisiones solicitará organizar hasta tres foros con especialistas en la materia, con la intención de conocer los alcances y las implicaciones de su aplicación.
