Xochiquetzal Rangel
Cerca de 50 habitantes y representantes del ejido La Presa, encabezados por el abogado de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Guillermo Luévano Bustamante, acudieron al Tribunal Agrario a una audiencia por la disputa que mantienen contra el proyecto federal de construcción de la presa “la Maroma”, que ahora se convirtió en el proyecto de construcción de un acueducto.
De acuerdo con lo dicho por Luévano Bustamante, a través del comisariado del ejido reconocen que el permiso que se otorgó a Conagua para iniciar las obras fue irregular, por lo que buscan la nulidad del acta de la asamblea presuntamente ficticia porque no se cumplieron las formalidades del procedimiento agrario, ya que no hubo presencia del notario de la procuraduría agraria; entre otras cosas, esperan obtener la nulidad del convenio que realizó Conagua por irregularidades como el hecho de que contiene firmas falsificadas, ya que estiman que cayéndose el convenio igual caería el proyecto de la construcción del acueducto.
Explicó que entre las irregularidades con las que cuenta el proyecto se encuentra que en un principio los ejidatarios fueron engañados, ya que no les dijeron que lo que estaban firmando era un documento tendiente a la expropiación para ceder la propiedad de sus tierras y aguas; la celebración de una asamblea convocada por la Conagua a la que, además de que asistieron dos personas que habían fallecido al menos 10 años antes de la junta, existen testigos que no pueden comprobar haber asistido a la asamblea ejidal, así como que en dicha acta se falsificaron las firmas del tesorero y el comisario ejidal; los permisos de explosivos para la obra que otorga la Segam y el uso de materiales petrios no se han autorizado; así como que la manifestación de impacto ambiental de la Semarnat sería ilegal ya que es de impacto local en vez de regional, por el tipo de proyecto.
“Estamos todos por el problema del agua que nos está afectando mucho con las compañías de la CEA y la Conagua que ellos a pura costa de maña quieren quitarnos un derecho que por decreto nosotros tenemos por orden presidencial en 1954 y ahora ellos quieren despojarnos de una herencia que nos dejaron nuestros antepasados, nos quieren quitar el agua para llevárselas a las industrias, a las empresas, quieren dejar a los campesinos de varios ejidos sin agua para enriquecer más a los ricos y quitarnos a los campesinos”, comentó Teodoro Cárdenas Lucio, comisionado ejidatario de la Presa.
El ejido cuenta con dos títulos otorgadas por mandato presidencial, uno que data de 1922 y otro de 1954, por lo que solicitaron al magistrado del Tribunal Agrario que las obras, en tanto concluya el proceso, sean suspendidas, sin embargo, el fallo de las audiencias, de acuerdo con lo dicho por el representante legal del ejido, podría tardar varias semanas o incluso meses.
No obstante, durante la audiencia los representantes tanto del gobierno federal como estatal, indicaron que el proyecto no debería suspenderse de forma provisional o total, ya que habría mayor beneficio para las comunidades aledañas al nacimiento de agua.
Al respecto, Guillermo Luévano indicó que el proyecto no debe continuar porque los ejidatarios no quieren que continúe; así como que el proyecto de la presa era uno de los compromisos de campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, mismo que incluyó en una lista de los proyecto a ya no realizar, aunque fue retomado como un acueducto que no tiene salidas para los pobladores si no que solo para un punto específico en Matehuala que presuntamente sería para industria, promovida por el gobierno del estado.
En el caso de que quedara anulado el proyecto en sí, el gobierno estatal podría volver a proponer la obra catalogada como de gran beneficio para los pobladores de ejidos aledaños al de la Presa, aunque tendría que buscar realizarlo con los papeles en regla y que la Fiscalía General del Estado haya sancionado a las autoridades que incurrieron en la falsificación de firmas, ya que la denuncia actualmente está interpuesta ante la FGE.
Algunos de los ejidatarios asistentes solicitaron que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, cumpla con lo que les dijo hace tiempo, que era que se resolvería el asunto, ya que mencionaron que en este caso resalta la posible corrupción de las instituciones federales y estatales por el beneficio que quieren otorgarle a empresas industriales nacionales y trasnacionales.
También criticaron que el gobernador del estado, después de poco más de un año de lucha, quiera ahora sí recibirlos en el Palacio de Gobierno, para tratar el tema, pues cuando ellos lo invitaron a su comunidad para entablar un diálogo, fue omiso.
Al final de la audiencia se acordó fijar una nueva fecha para continuar con el proceso, y aunque se indicó que se revisaría la agenda del magistrado que atendió el caso, hasta el momento de la publicación de esta nota, no se notificó dicha fecha.
