Por Eduardo Delgado
- Entre ellas la de una persona con discapacidad presuntamente despedida por su condición.
- Por sumarse otra de un importante número de trabajadores en activo y cesados.
El ayuntamiento capitalino, encabezado por el alcalde Ricardo Gallardo Juárez, acumula al menos cinco quejas en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por presunto hostigamiento laboral, entre ellas la de una persona con discapacidad y a las que sumará otra de una importante cantidad de despedidos y de empleados asediados para obligarlos a renunciar, informó Jorge Andrés López Espinosa, presidente del organismo protector de las garantías individuales.
El presidente de CEDH dictó antier una conferencia en la Casa de la Cultura Jurídica “Ministro Antonio Rocha Cordero”, donde una empleada en activo del Ayuntamiento, mayor de edad, aprovechó el espacio destinado a preguntas y respuestas para inquirirle: “¿Qué más tenemos que hacer?…”, para frenar los atropellos laborales en perjuicio de trabajadores activos.
En entrevista, el ombudsman aseguró que la comisión atenderá el caso de los afectados que acudieron en grupo el pasado 30 de mayo a las oficinas de esa comisión a exponer las vejaciones laborales de las que han sido víctimas de parte de la administración “gallardista”, independientemente de que no se presente el abogado, Jorge Luis Carmona Cruz.
Toda vez que a los agraviados les inquieta que, pasado más de un mes de aquel encuentro, la queja contra el Ayuntamiento no se ha formalizado.
El presidente señaló que la Comisión tiene los datos de las víctimas, además que de en aquella reunión se levantó un acta, en la que quedó asentado el sentir de los trabajadores para proceder a la interposición de la queja.
“Ese grupo de trabajadores –añadió- no es el único que hemos atendido. Tenemos cuando menos otros cinco casos individuales”, reportó, en los que los afectados han presentado ya su queja.
“Incluso uno de ellos es de una persona con discapacidad”, en cuyo caso la comisión pretende precisar si fue dado de baja por su condición física y de confirmarse “estaríamos frente a un caso de discriminación”, advirtió.
La respuesta del Ayuntamiento sobre ese asunto en particular, explicó, es valorado para determinar si la actividad encomendada al trabajador la podía o no realizar pese a su discapacidad o se le podría haber sido asignado otra tarea que realizase sin problema.
Estimó que en el caso de las quejas ya formalizadas ese organismo tendría respuesta en un lapso de un mes o dos.
Al hacerle notar que en el caso del grupo hay adultos mayores en condiciones angustiantes, sostuvo que “precisamente eso es lo que hay que ponderar”.
Sobre si podría entonces la CEDH dictar medidas cautelares, toda vez que los perjudicados refieren que no cesa el hostigamiento contra empleados en activo, López Espinosa precisó que la comisión “es muy respetuosa de esos aspectos, porque son meramente administrativos”.
Antes, en el espacio de preguntas y respuestas, López Espinosa le informó a la mujer que ya habló con el abogado del grupo.
No obstante, la quejosa lo cuestionó: “¿Habría algo más que Derechos Humanos pudiera hacer por nosotros o qué tenemos más que hacer?.., porque se sigue despidiendo gente y no sabemos a dónde va a parar esto”, advirtió.
López Espinosa le aseguró, después del evento, que al margen de cualquier cosa ese organismo atenderá el caso.