Fernanda Durán
Integrantes de las comunidades mazahua, mixteca baja y otomí asentados en el municipio de San Luis Potosí se presentaron en el Congreso del Estado para denunciar omisiones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Ayuntamiento de San Luis Potosí y la diputada Bernarda Reyes Hernández.
Recibidos por la diputada Gabriela Martínez Larraga, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, los inconformes narraron que han presentado alrededor de 10 quejas ante la CEDH por problemas en educación, comercio, seguridad, salud y otros rubros, las cuales consideran que podrían derivan en recomendaciones, pero hasta ahora no han tenido respuesta.
Ante ello, la diputada se comprometió a solicitar a la CEDH el estatus de cada una de las quejas, pero también les solicitó enviar un oficio para llevar a cabo una audiencia con la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, a fin de revisar y atender cada una de las problemáticas manifestadas.
A la par, los integrantes de las comunidades reprocharon que la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, Bernarda Reyes Hernández, actúa únicamente conforme a los intereses de los partidos que la postularon, PRI y PAN, sin atender las necesidades de las comunidades.
Asimismo, Narciso Mendoza López, integrante de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas en el Ayuntamiento de San Luis Potosí, refirió que él se retiró de esta área, pues sólo es “un adorno” sin resultados ni presupuesto; mientras que se han acercado a diversos regidores que después de platicas “ya no nos quieren recibir”, entre ellos Gustavo Jesús Mercado Garay, del Partido Verde Ecologista de México.
Los representantes de las comunidades indicaron que el alcalde Enrique Galindo Ceballos les prometió una audiencia el próximo 25 de agosto, pero no confían en que se realice debido a que en varias ocasiones no ha cumplido por asistir a otros eventos, dando pie a que “ni su firma, ni su palabra” tenga validez.
Mientras, 2 mil personas asentadas en la capital en distintas colonias con diferentes necesidades esperan el apoyo de las autoridades, entre ellas la colonia Magueyes con la comunidad Mazahua, y la colonia Wenseslao Victoria con el pueblo Otomí, cuyos asentamientos fueron donados por el Ayuntamiento capitalino en 2010.
Durante la reunión con la diputada, los participantes pidieron coordinación entre las autoridades para escuchar las necesidades de los pueblos y comunidades, además de cuestionar sobre “¿dónde quedó el trabajo de las consultas?”.
Incluso señalaron que para qué se requerían tantos oficios si las peticiones ya las tienen reunidas a través de las consultas.
Ante esto, Martínez Larraga dijo que buscará los resolutivos de las consultas para plantearlo en la Comisión de Asuntos Indígenas y comenzar a definir una agenda de la comisión, ya que no se ha trabajado. Además reconoció que han fallado en concentrar todo lo que se recoge de las consultas.
Finalmente, la diputada planteó que podrían construir mesas de trabajo por temas, pero les solicitó que presenten los datos sobre el impacto de las necesidades para tratarlos con autoridades invitadas a dichas reuniones.
