Abelardo Medellín
Por proteger al magistrado Juan Paulo Almazán Cué, la Comisión Estatal de Derechos Humanos en San Luis Potosí ha bloqueado las recomendaciones nacionales que se han intentado interponer contra de la instancia local por negligencia en las investigaciones, dijo en entrevista Celia García Valdivieso, del Centro Samuel Ruíz García Defensa de Derechos Humanos.
García Valdivieso comentó en rueda de prensa que las omisiones cometidas por la CEDH en San Luis Potosí cada vez escalan más y llegan a consecuencias como “que hay falta de investigación de delitos, por órdenes del titular del Poder Ejecutivo y el fiscal general del Estado”.
De acuerdo con Celia García, gracias al acercamiento con víctimas y la búsqueda de expedientes, se han podido conseguir pruebas de cómo la CEDH, a cargo de Jorge Andrés López Espinoza, bloquea recomendaciones hechas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
“En la Comisión Nacional, cuando buscábamos impugnar un caso mal abordado por la CEDH, nos dijeron que algo había sucedido, alguien fue a la CNDH y se reaperturó el expediente del caso que nosotros estábamos impugnando y cuando se reapertura el expediente pues no se puede emitir una recomendación”, dijo.
Según lo dicho por García Valdivieso, este bloque irregular que utiliza la CEDH en San Luis Potosí ha sucedido en dos ocasiones, de las que se tiene registro: uno por el caso de la Noria de San José y otro en el caso de la magistrada Adriana Moter.
“La Magistrada Monter presentó una queja por discriminación, acoso y separación del cargo, pero sobre todo fue por el trato tan soez que le dio el presidente Almazán Cué en su momento”, recalcó la integrante del Centro Samuel Ruíz García, quien comentó que la magistrada también sufrió de recorte injustificado a su salario, además de que se le retiró de su puesto como magistrada para pasarla a un trabajo de archivo.
A pesar de que el caso de la magistrada y el de la Noria de San José son los únicos de los que se tienen pruebas de los bloqueos de la CEDH, la integrante del Centro Samuel Ruíz señaló que ha escuchado a otras víctimas que pasaron por una problemática similar con la Comisión Estatal.
“Es terrible que las víctimas tengan que litigar contra las instituciones que se supone que deben de protegerlas”, agregó.
