Por Victoriano Martínez
En los 11 meses transcurridos de este año, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha emitido 10 recomendaciones, la cifra más baja en los últimos 10 años, que también representa una tendencia decreciente en el porcentaje de quejas que terminan en recomendación.
De por sí las quejas llegan por cientos a la CEDH y el número de recomendaciones que emite nunca han sobrepasado las cuatro decenas, en la gestión iniciada el 1 de abril del año pasado por Giovanna Itzel Argüelles Moreno marcó una tendencia a reducir esa proporción.
Es decir, las posibilidades de que una persona que haya sentido afectados sus derechos humanos pueda contar con que la CEDH emita una recomendación para que se le repare el daño ha caído del 2.67 por ciento en 2020 al 1.89 por ciento este año.
De enero de 2013 a noviembre de 2022, la CEDH ha emitido 252 recomendaciones. En promedio, una recomendación cada 14 días.
Del 1 de abril de 2021 a noviembre de 2022, lo que lleva la actual administración de la CEDH, se han emitido 29 recomendaciones (19 en nueve meses de 2021 y 10 en 11 meses de 2022). Una recomendación cada 20 días.
Una tendencia a una mayor desprotección de los derechos humanos que en este 2022 se acentúa. Diez recomendaciones en 11 meses significan que en promedio se emite una cada 33 días.
De acuerdo con los informes mensuales que la Dirección de Canalización, Gestión y Quejas le presenta al Consejo de la CEDH, de enero a octubre de este año se han registrado 529 quejas.
Un panorama que deja sólo es estos últimos 11 meses, a 519 posibles víctimas con la impresión de que de poco sirve acudir a una instancia para buscar que se les haga justicia porque sus quejas quedan archivadas en un gran cajón de casos sin resolución.
De esa manera, la CEDH se convierte en una fuente adicional de frustración para quien de por sí ya se siente ofendido en la mayoría de los casos por una autoridad que no respetó sus derechos. Pero el agravio no termina ahí: un grupo de víctimas solicitó el pasado 16 de noviembre al Congreso del Estado la destitución de Argüelles Moreno por sentirse revictimizadas.
Una circunstancia que no es desconocida para los integrantes del Consejo de la CEDH. En esa misma ocasión, la queja sobre la revictimización, además de omisiones e irregularidades, fue respaldada por Catalina Torres Cuevas, quien forma parte del Consejo.
“Hasta el momento nos hemos dado cuenta de que Giovanna Argüelles no cuenta con las nociones necesarias para desempeñar su cargo, desconoce a profundidad la atención a víctimas sustentada bajo la visión de los Derechos Humanos”, afirmó.
Entre la situaciones irregulares destaca la aprobación en el Consejo de la CEDH del proyecto de presupuesto de egresos para 2023 por parte de tres consejeros y la presidenta, seis abstenciones y una ausencia. A pesar de esa irregularidad, en la iniciativa presentada al Congreso del Estado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se incluyó la cantidad que solicitó la CEDH (página 46).
Argüelles Moreno fue nombrada presidenta de la CEDH en un proceso muy accidentado en el que se dio una exhibición por parte de los diputados que derivó en abiertas violaciones a los derechos humanos de las candidatas que se registraron para el proceso, con una sesión en la que no se logró la elección tras 23 votaciones porque no se alcanzó la mayoría calificada.
La votación número 24, en la que –por obra y gracia de un dictamen renovado sin absolutamente una sola modificación– se volvió a incorporar como opciones a las seis candidatas eliminadas en las 23 votaciones previas, fue precedida por abiertos señalamientos de compra de voluntades, a través incluso del ofrecimiento “de magistraturas”, se expuso aquí entonces.
El pasado 10 de noviembre, el columnista Juan José Rodríguez reveló en el periódico Pulso la posible causa por la que se dio la magia en la votación 24: producto de la indagatoria sobre los presuntos desvíos de recursos en la SEDUVOP surgió la explicación de la razón de las primeras 23 votaciones. Juan José Rodríguez escribió:
Entre las pruebas disponibles en la Fiscalía, hay un intenso tráfico de mensajes electrónicos el día 25 en los que se habla de que mientras no depositen (el Ejecutivo vía Seduvop) los millones ofrecidos, la votación no sale. Cinco días más tarde, de una cuenta de la Seduvop (cuya documentación tiene en su poder la FGE), se diseminan algo así como tres y medio millones de pesos en las cuentas de algunos diputados, y en cosa de minutos el pleno legislativo elige a Giovanna.
Si algo se ha señalado en los últimos tiempos es que las vías de acceso a los cargos públicos permiten que en su mayoría sean ocupados por personas que no reúnen el perfil que el puesto requiere. Torres Cuevas lo señaló hace dos semanas en el caso de Argüelles Moreno.
Si algo queda hoy bajo sospecha es que no sólo no se reúne el perfil, sino que se llega con tales compromisos que, lejos de considerarse servidores públicos se asumen como servidores de intereses de grupo y personales hacia sus promotores y quienes permiten que sigan en el cargo.
Argüelles Moreno fue promovida –y presuntamente patrocinada incluso en matálico– por el exgobernador Juan Manuel Carreras López.
Si hoy aparenta un presunto abatimiento de los casos de violaciones a derechos humanos confirmados por recomendación (56.5 por ciento menos que el año pasado), que Carreras López le haya dejado a Argüelles Moreno como titular de la CEDH a Gallardo Cardona tiene tinte –desde esa perspectiva– de ser una bendita herencia.
