Fernanda Durán
A dos años de administración de Giovanna Itzel Argüelles Moreno como presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), reconoció que se tiene una deuda histórica con las víctimas y que pudieron haber dado mejores resultados. Sin embargo, atribuyó el déficit de atención a la falta de legislación y al rezago de administraciones anteriores.
Este lunes, Argüelles Moreno sostuvo una reunión con la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado y María de Jesús Almendárez Prieto, víctima de violencia institucional por parte de servidores públicos del Gobierno de San Luis Potosí, en la cual se cuestionó los avances y situaciones, así como recomendaciones, expedientes y quejas que ha reportado la CEDH.
Almendárez Prieto expresó que a pesar de las múltiples reuniones con la CEDH, la solución a sus recomendaciones y quejas es casi nula, mientras que de enero a mayo tuvo que estar de cerca con la Comisión para conocer la situación en la que se encontraban sus quejas, mismas que ya estaban “en el archivo muerto de administraciones anteriores”.
Asimismo, destacó al Área de Recomendaciones como la columna vertebral de la CEDH, pero estas no tienen un seguimiento del organismo ni cumplimiento por parte de las autoridades.
“¿Para qué dar recomendaciones si no le dan seguimiento?, ¿por qué cambian de perfil del área con personas que ni siquiera tienen los perfiles? Las mismas víctimas ya saben más que ellos. En su informe dice que trabajan 365 días del año, pero no es cierto”, reprochó.
Tal y como lo ha manifestado en anteriores reuniones con diputados y diputada, Argüelles Moreno pidió al Legislativo crear la dirección de seguimiento para las recomendaciones para que se establezca una normativa clara, pues aseguró que la actual no da certeza a la CEDH ni a las víctimas.
“La Comisión pudo haber dado mejores resultados, le ha quedado a deber a las víctimas”, reconoció.
Con base en esto, la diputada Gabriela Martínez Lárraga recordó que la CEDH trabajaba en una nueva ley, por lo que cuestionó al organismo sobre los avances en torno al tema, pero la pregunta fue evadida.
Por su parte, el titular del Área de Recomendaciones, Edgardo Gasca, quien empezó al frente del departamento en marzo, afirmó que entre sus primeras tareas fue revisar el estatus de las recomendaciones y con qué herramientas jurídicas se encontraban para trabajar. Con esto encontró que el reglamento solo los obliga a reportar el estado de las recomendaciones, mientras que la ley obliga a las autoridades a aceptarla y cumplirla en 15 días, lo que consideró “ilógico” por su temporalidad.
Debido a esto, los participantes de la reunión coincidieron en que esta medida jurídicamente no tiene instrumentos para obligar a la autoridad a cumplirlas, aunque ya se había comentado en reuniones pasadas entre la CEDH y la comisión legislativa.
Ante la inacción reportada por María de Jesús Almendarez, dio a conocer que promovió 19 amparos contra la CEDH derivado de las quejas que tiene y la falta de respuesta, de los cuales dos fueron sobreseídos, pues la Comisión los cerró bajo el argumento de cumplimiento y aceptación de las recomendaciones.
Mientras que ha obtenido tres amparos a su favor e incluso advirtió que la inacción podría llevarla a promover un juicio político en contra de Argüelles Moreno.
Otro de los temas cuestionados fue el número de expedientes que tiene la primera visitaduría de la Comisión, debido a que los números aumentaban exponencialmente.
A pesar de que en la reunión el equipo de la CEDH intentó explicar el por qué de las cifras, no precisaron a qué se debía la diferencia del número de expedientes, que según los integrantes del organismo han acumulado más de 600 hasta ahora, pero se comprometieron a compartirle “una ficha técnica” a la diputada Gabriela Martínez Larraga para detallar la información.
Las y los diputados integrantes de la Comisión también preguntaron sobre el estado de las quejas presentadas por integrantes de las comunidades mazahua, mixteca baja y otomí por problemas en educación, comercio, seguridad, salud y demás rubros, quienes en agosto denunciaron omisiones de la CEDH, el Ayuntamiento de la capital y el propio Congreso.
Respecto al tema, según la CEDH, todos los expedientes ya fueron resueltos a excepción de uno que requiere un acta de asamblea de la comunidad mixteca baja, casos por los cuales aprovecharon para presumir que este sería el primero en el que se defiende a una comunidad y no a una persona.
