Por Victoriano Martínez
La que pudiera ser la última sesión convocada por los actuales integrantes del Consejo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) antes de la renovación de ese organismo, igual que la que se intentó el pasado 31 de enero, no se concretó porque después de iniciada se rompió el quorum.
Se trata, quizá, del último desencuentro entre el actual Consejo del organismo y su presidenta, Giovanna Argüelles Moreno, quien ya en otras ocasiones se vio obligada cumplir con obligaciones legales sin la aprobación de los consejeros.
La agenda de la sesión de este lunes incluía temas relevantes como la presentación de un informe sobre la situación de personas desaparecidas en el Estado, un pronunciamiento sobre el caso de las mujeres reclusas trasladadas al penal femenil de Xolol, y la aprobación de la Cuenta Pública 2024 y del informe anual de actividades.
Para la presentación ante el Congreso del Estado de la Cuenta Pública y del informe anual de actividades, la presidenta de la CEDH tiene como plazo límite el viernes 28 de febrero. Ambos documentos no llevarán el visto bueno por parte del Consejo.
Cada uno de los temas de la agenda arrastraba elementos de controversia y hasta de inconformidad por parte de algunos consejeros con la forma de actuar de Argüelles Moreno, que presagiaban un desencuentro más en el órgano de gobierno del organismo.
Alejandro García Alvarado, tercer Visitador de la CEDH, comenzó con la presentación de lo que se esperaba fuera un informe sobre la situación de los casos de personas desaparecidas en el estado.
No obstante, la presentación PPT no pasó de la primera diapositiva, porque en lugar de un informe se trató de la justificación de que no se había concluido el documento por falta de datos que les tendría que proporcionar la Fiscalía General del Estado.
Se trata de una deficiencia que le fue observada al Visitador desde los tiempos en los que Catalina Torres Cuevas, defensora de los derechos de las personas con discapacidad, y Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, formaban parte del Consejo. Ellas renunciaron el 23 de junio de 2023.
Aunque no se llegaron a tratar en la sesión frustrada los demás temas, en el caso del pronunciamiento sobre el traslado de mujeres privadas de su libertad al Centro Penitenciario Único Femenil de Xolol, la Cuenta Pública y el informe de actividades, en los tres había motivos para la controversia.
En el caso de la cárcel de Xolol, algunos consejeros reclamarían a Argüelles Moreno haberlos dejado fuera de una visita a ese centro penitenciario, luego de que aquí los había dejado plantados en sesiones programadas. Una situación que marca las posturas encontradas sobre lo que ocurre con las presas.
En el caso del informe de actividades, las diferencias entre parte del Consejo y la presidenta del organismo tienen que ver con el tolerante papel que jugó Argüelles Moreno en el levantamiento de la Alerta de Violencia de Género en los municipios de Tamazunchale, Matehuala y Tamuín, que hacían prever que el documento no sería aprobado.
La Cuenta Pública 2024 fue la causa de que se suspendiera la sesión de este lunes, ya que la consejera Cynthia Danira Juárez Camacho solicitó la comparecencia de la administradora del organismo para despejar dudas, pero la funcionaria no se presentó.
Ya antes la administradora había advertido que el horario laboral es de ocho a tres, y la sesión fue convocada a las cinco de la tarde. Ante la ausencia de la administradora, Juárez Camacho abandonó la sesión, con lo que se rompió el quorum y se suspendió.
La culminación de los desencuentros se da en pleno proceso de renovación del organismo por parte del Congreso del Estado en el que al menos tres de quienes se encontraban en la sesión frustrada aspiran a presidir el organismo: Argüelles Moreno, quien busca la reelección, y los consejeros Elizabeth Jalomo de León y Carlos Alejandro Hernández Rivera.
Si atendemos al motivo de los desencuentros, Argüelles Morena figura como la opción para dar continuidad a una deficiente protección de los derechos humanos y, en consecuencia, una CEDH cómoda para las autoridades.
En tanto que Jalomo de León y Hernández Rivera representarían lo opuesto que, con un Congreso del Estado sumiso al Ejecutivo, se vuelven aspirantes que reducen sus posibilidades.
Así de desvirtuados resultan los procesos de selección para nombrar a los titulares de organismos como la CEDH, a los que desde el Congreso del Estado se les siembra su inoperancia.
