Por Victoriano Martínez
Y la minuta firmada el 2 de julio en Palacio de Gobierno para que se retirara la toma del edificio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se incumplió… al menos hasta ahora.
En apariencia, quienes operaron desde el Gobierno del Estado lograron su objetivo de liberar el edificio de la CEDH y neutralizar la protesta del grupo de víctimas, aunque todo indica que solamente se difirió porque las causas se mantienen vigentes.
Dos de las cinco peticiones hechas por las víctimas están incumplidas hasta hoy, en tanto que para los otros tres puntos se trata de acciones que implican acciones que no se han puesto en marcha.
“Solicitan que el licenciado Juan Manuel Frías Sánchez tenga nombramiento en el organismo con autonomía y toma de decisión”, así quedó registrada la primera petición, sin especificar qué tipo de nombramiento.
De acuerdo con la minuta, fue Giovanna Argüelles Moreno, presidenta de la CEDH, quien consideró que Frías Sánchez –quien participó en la reunión– sería restablecido en el cargo de Secretario Ejecutivo, que hasta hoy todavía ocupa Miguel Ángel Carbajal Martínez.
“Éste último, al que propondré en la terna de Primer Visitador General ante el Consejo Ciudadano, y que una vez que el Consejo tome su determinación de la persona titular del área, se procederá a atender la petición con las salvedades correspondientes”, expuso Argüelles Moreno en la minuta.
Este movimiento fue el que provocó la reacción del Consejo de la CEDH, cuya mayoría de los integrantes vieron un atentado contra su autonomía al considerar que se les imponía una determinación para dar cumplimiento a la minuta. Al final, los consejeros determinaron nombrar como primera visitadora a Begonia Castillo Martínez, no a Carbajal Moreno.
¿En qué calidad participó Frías Sánchez en la negociación que dio origen a esa minuta?
María de Jesús Almendarez Prieto “Marichuy” explicó que fueron las víctimas quienes pidieron su presencia por haber sido, cuando ocupó el cargo de secretario ejecutivo, el único funcionario que les daba buen trato e intercedía para que atendieran sus peticiones. De hecho, estima que esa actitud fue la que dio origen a que Argüelles Moreno lo despidiera.
La presencia de Frías Sánchez, no obstante, no deja de ser vista por integrantes del Consejo– y probablemente por la propia presidenta del organismo– como quien promovió la protesta, y hasta comentan que incurre en una posible conducta de prevaricato al estar con las víctimas para y obtener un beneficio con un cargo dentro de la contraparte del conflicto.
“Solicitan el pago de los gastos que han realizado durante el tiempo de la manifestación”, dice el segundo punto de la minuta. Para su cumplimiento se estableció que el secretario ejecutivo realizaría el “análisis, cálculo, y reintegración que en derecho proceda”.
“Si no cumplen el acuerdo inmediatamente tomaremos el edificio hasta que nos cumplan”, dice el tercer punto de la minuta. Los acuerdos no se han cumplido y el edificio se mantiene libre de la manifestación.
Marichuy, quien lidera la protesta, explicó que dejar pendiente la toma de la CEDH tiene que ver por un lado con la falta de recursos para sostener el plantón, lo que tiene que ver con la segunda petición, en tanto que el desgaste de más de dos meses de las víctimas, de 13 casos representados en la manifestación, ante la reacción de la autoridad ha provocado desanimo.
Un desánimo que tiene que ver con lo planteado en el cuarto punto de la minuta: “Solicitan que se revise el caso de cada una de las personas manifestantes (expedientes de quejas en trámite y los concluidos solicitan la reapertura)”.
La respuesta de Argüelles Moreno fue ofrecer una mesa de trabajo para revisar los expedientes en curso y girar la instrucción para que los concluidos se reaperturen y sean revisados.
Se trata de uno de los temas esenciales en la atención a las víctimas, ya que en los últimos años se ha registrado un fenómeno en el que, sin mediar investigación y trabajo de campo, una importante cantidad de quejas que abultaban el rezago en la CEDH se han dado por concluidos conforme al artículo 105 del Reglamento Interior de la Comisión.
Esta irregularidad, con la que se ha buscado abatir el rezago más no proteger los derechos humanos de las víctimas, fue denunciada por Marichuy y Silvia Castillo a la Secretaría de Gobernación, desde donde buscaron una reunión con las autoridades estatales para analizar una posible situación de ingobernabilidad en la CEDH.
Una situación ante la que el Consejo de la CEDH no ha realizado una sola observación, a pesar de que atenta directamente con “la consecución de los fines de la Comisión” protectora de derechos humanos. En sentido estricto, la falta de pronunciamiento por parte de los consejeros es una forma de fallarle a las víctimas, cuya protección debería ser su prioridad.
Si no cumplirle a Argüelles con el nombramiento de Carbajal Martínez salvaguardó la autonomía del Consejo, apoyar y promover que se revise la indiscriminada forma de cerrar expedientes reivindicaría su papel en favor de la protección a los derechos humanos.
Cerrar expedientes al por mayor sin efectivamente proteger los derechos humanos con la omisión de la investigación de campo desprotege a quienes no cuentan con recursos para reclamar su atención, con mayor gravedad cuando se deja a las víctimas la carga de la prueba para integrar los expedientes que sí se declaran procedentes.
La minuta pudo haber resuelto (o agravado) cuestiones de rencillas laborales, juegos interno de poder e incluso de egos en la CEDH, pero en cuestiones de fondo sobre corregir los agravios a las víctimas la situación se mantiene igual y, más temprano que tarde, el conflicto se expresará por vías inesperadas.
