Por Victoriano Martínez
Este miércoles se cumplieron cuatro semanas de que se instaló el plantón de víctimas frente a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) y la respuesta gubernamental, lejos de atender las causas, crea escenarios en los que deja ver que pretende atacar el efecto… aunque con ello afecte los derechos de un grupo de víctimas.
De entrada, con la reunión que se dio la tarde de este miércoles con un grupo de víctimas y con trabajadores de la CEEAV que se dicen violentados por el plantón, ya dio un trato discriminatorio a quienes, desde el 14 de agosto, han solicitado una reunión para tratar las demandas por las que se sintieron obligados a realizar el plantón que hasta hoy mantienen, y no las han recibido.
Las víctimas que acompañaron a Cambio por San Luis a la reunión de este miércoles con el secretario de Gobierno, Alejandro Leal Tovías; el subsecretario Ulises Valencia, y el titular de la CEEAV, Jorge Vega Arroyo, protestan porque cese el efecto provocado por las causas del plantón.
Lo mismo pasa con los trabajadores de la CEEAV que, en sentido estricto, son parte del problema que provocó el plantón, según los testimonios del grupo de víctimas que se encuentra o que ha pasado a dar apoyo momentáneo al plantón.
Dar preferencia a este grupo, especialmente a las quejas de los trabajadores de la CEEAV –encabezados en la reunión por su titular–, confirma la parcialidad con la que se ha tratado el caso del plantón.
Basta recordar que tanto Leal Tovías como Vega Arroyo, y también Jorge Andrés López Espinosa, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, han hecho declaraciones para minimizar y desacreditar el plantón al atribuírselo a una sola de las víctimas: María de Jesús Almendárez Prieto, Marichuy.
Expresiones como las de Leal Tovías como “Tenemos que tener una decisión, ya la tenemos y la vamos a ejecutar”, o afirmar que tienen un cronograma bien marcado que va a ejecutar, sin atender la petición de diálogo de quienes están en el plantón, resultan amenazantes para la vulnerabilidad de quienes, para ejercer su derecho a la protesta, se ven obligados a dormir en la calle.
De por sí, su carácter de víctimas los vuelve parte de un grupo vulnerable. Situación que han manifestado a la prensa, lo que representa una doble vulnerabilidad ante un gobierno insensible.
“Tenemos temor del Estado, hasta de que nos desaparezcan (…) la desatención del Estado también es amenazadora, nos deja en un total estado de indefensión”, manifestó el pasado 3 de septiembre Jorge Enrique Rodríguez Herrera, quien participa en el plantón frente a la CEEAV.
Lo amenazante de un cronograma preciso con una decisión de se ejecutará resulta de la poca transparencia con la que se presenta, combinada con la parcialidad que han manifestado públicamente y con la que han actuado las autoridades que responden así a trabajadores de la dependencia, un grupo de víctimas y una agrupación civil que exigen resolver el efecto ya.
Una salida cómoda para autoridades que pierden de vista el principio de causalidad eficiente –la causa de la causa es la causa de lo causado– y encuentran la forma de evadir su responsabilidad al aprovecharse de la postura de un grupo de víctimas, y reforzarla con reclamos de los propios trabajadores de la CEEAV, que son parte del problema original, no del efecto.
¿Y si la CEEAV atendiera como debe a las víctimas y no litigara contra ellas? Tal vez no perdería juicios como el que vergonzantemente le ganaron los abogados del Caso Jair, o no tendría que ser obligada a reconocer víctimas tras resoluciones de amparo, o no tendrían que abanderar ONG a huérfanos desatendidos, o… (la lista puede es larga)
Sí… si atendiera como debe ser a las víctimas y no litigara contra ellas, tal vez el plantón nunca se hubiera instalado, y los reclamos que hoy se apresuran a atender nunca habrían existido.
