Leticia Vaca
En comparecencia del titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra Pública (Seduvop), Leopoldo Stevens Amaro, y el titular de la Oficialía Mayor de Gobierno del Estado, Miguel Ángel Carvajal Martínez, responsabilizaron a la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV) por el incumplimiento a las recomendaciones 3/2017 y 22/2018 por el agravio a María de Jesús Almendarez Prieto, víctima de abuso y acoso sexual.
Ambos funcionarios fueron llamados a comparecer ante el Congreso del Estado, luego de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) notificara el incumplimiento de las recomendaciones 3/2017 y 22/2018, por ambas dependencias.
Al respecto, Stevens Amaro aseguró que la dependencia a su cargo han acatado las recomendaciones. En el caso de la 03/2017, señaló que la autoridad competente para atender dicho procedimiento es la CEEAV, y la autoridad obligada a dar seguimiento hasta su cumplimiento es la CEDH.
No obstante, la CEEAV emitió una resolución de reparación integral del daño, la cual fue impugnada por la víctima desde el 18 de agosto de 2020 ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito, encontrándose aún en trámite.
Respecto al procedimiento administrativo de responsabilidad que recomendó la CEDH en contra de los servidores públicos que participaron en los hechos, el titular de la Seduvop justificó que la autoridad competente para conocer y substanciar las investigaciones administrativas, son los órganos internos de control y la Contraloría General del Estado, por lo que la secretaría únicamente puede colaborar con la información que se solicite por los órganos de investigación.
Expuso además que se llevó a cabo una capacitación en Derechos Humanos y Género, sin embargo, reconoció que el agresor no tomó dicho curso por encontrarse en licencia sindical.
En ese contexto, la diputada Alejandra Valdés Martínez consideró que las recomendaciones no se cumplieron y cuestionó: “¿de qué sirve que los demás reciban los cursos de capacitación si el violentador no lo recibió? Yo encuentro un desacato, no importa que tenga un permiso sindical, se debió tomar una medida. Nos deja mucho que pensar que este tipo de actos no sean castigados y que ni siquiera reciba un curso”.
En el caso del oficial mayor de Gobierno del Estado, Miguel Ángel Carvajal Martínez, reconoció que no se ha dado cumplimiento a ambas recomendaciones, pero justificó que uno de los puntos que solicitó la CEDH fue el registro de la víctima y su hijo al Registro Estatal de Víctimas, al cual dijo, la Oficialía Mayor no tiene injerencia y corresponde a la CEEAV realizarlo.
De igual manera, alegó que la víctima fue reinstalada en su cargo desde el 20 de junio de 2017, sin embargo, la Oficialía Mayor no es la encargada de asignar el cargo ni las funciones a realizar.
“El lugar de trabajo ha sido asignado por la Seduvop ya que la relación laboral se encuentra vigente. Cada dependencia es responsable de administrar sus recursos humanos, técnicos y financieros. Siempre se le ha respetado su puesto como funcionaria de base”, señaló.
Cabe mencionar que en la comparecencia solo estuvieron presentes las y los diputados Eugenio Govea Arcos, Rosa Zúñiga Luna, Martín Juárez Córdova, Marite Hernández Correa, Alejandra Valdés Martínez y Vianey Montes Colunga.
