Fernanda Durán
Para ajustar el gasto a nuevas necesidades operativas, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) aprobó una segunda adecuación presupuestal en el recurso destinado a la elección extraordinaria de juezas, jueces y magistraturas del Poder Judicial en San Luis Potosí.
La adecuación no representa un aumento del dinero total autorizado, sino que consiste en mover recursos entre distintas áreas para cubrir las necesidades del proceso electoral. Entre los cambios principales está la redistribución de gastos entre gastos médicos, materiales, servicios generales y compra de bienes.
El apartado de servicios personales tuvo un aumento de 100 mil pesos quedando en 51 millones 227 mil 310.69 pesos; una reducción de 533 mil 838.73 pesos en materiales y suministros quedando en 7 millones 967 mil 411.43 pesos; servicios generales tuvo un aumento de 471 mil 958.53 pesos, por lo que quedó en 50 millones 843 mil 397.68 pesos; servicios generales agregó el apartado de bienes muebles, inmuebles e intangibles con 66 mil 880.20; y el excedente de 105 mil pesos para la difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades.
De acuerdo con el acuerdo aprobado, parte del presupuesto será destinado a cubrir una fracción del pago y seguros de gastos médicos a Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales federales en cumplimiento con un convenio financiero firmado con el Instituto Nacional Electoral (INE).
El Ceepac aprovechará ahorros que obtuvo en compras como papelería, material de limpieza, documentación para simulacros y servicios de internet para oficinas municipales.
Ese dinero se utilizará ahora para imprimir lonas, pagar publicidad en redes sociales, comprar tarjetas telefónicas para capacitadores, adquirir artículos promocionales para incentivar el voto y cubrir gastos del día de la jornada electoral como renta de toldos, plantas de luz y alimentos para el personal.
También se decidió usar un excedente de 105 mil pesos, obtenido por la venta de bases en las licitaciones públicas, para pagar la publicación de las convocatorias en periódicos de circulación estatal y nacional.
