Por Victoriano Martínez
¿Hasta dónde el presunto agravio contenido en los últimos dos de cinco párrafos de una nota, publicada hace 330 días, justifican una medida de control y una sanción contra la prensa, que deberían ser excepcionales en una democracia?
¿Es suficiente una queja por un hecho como ese para que un organismo como el CEEPAC, que debe promover los valores democráticos, emprenda un acoso administrativo en contra de una periodista?
¿El caso tiene los suficientes elementos para constituir una situación excepcional cuyo acoso y sanción aporte un mayor beneficio a la democracia que un perjuicio?
La periodista Marcela Loyola hizo su trabajo. Ese que aporta elementos para el debate público, más en un contexto electoral. Sus fuentes solicitaron el anonimato y ella las respetó. Si algo le faltó a la nota, fue la versión de la parte señalada.
La agraviada, Patricia Álvarez, y también el otro implicado, Carlos Mario Estrada Urbina, pudieron (debieron) hacer valer su derecho de réplica. Álvarez optó por denunciar ante el CEEPAC violencia política por razones de género.
En la sesión de este 31 de enero, Alejandra Valdés, representante del Congreso del Estado ante el CEEPAC, aseguró que la violencia política es un tema que está de moda y se pronunció a favor de la sanción prácticamente como vía de intimidación.
“Considero que esto sí es muy bueno y ojalá que voten a favor, digo, cuando hay una sanción de por medio creo que después empieza a entrar ese pánico de mejor me calmo”, expresó.
Así lo dijo Alejandra Valdés, quien descalificó el 31 de octubre las demandas de justicia por el acoso sexual del que fue víctima María de Jesús Armendarez Prieto (Marichuy), contra quien dijo que “no podemos venir a hablar o a pedir dinero por nuestra dignidad”.
Marichuy ejerció entonces su derecho de réplica en el que pidió a la diputada ofrecerle disculpas. No tuvo respuesta.
El tono de los pronunciamientos en la sesión del CEEPAC de este miércoles a favor de la sanción dejó de lado los atentados al libre ejercicio del periodismo anotados y registrados con puntualidad en los reportes de la ONG Artículo 19.
Ricardo Barba Parra, del PES, recurrió a la fórmula de asegurar que se visibiliza una situación actual y cotidiana ante la que nadie hace nada, como si la única alternativa para enfrentarla sea una sanción ejemplar con tintes inhibidores del ejercicio del derecho a la libertad de expresión que, como consecuencia, igual atenta contra el derecho a la información de toda la sociedad.
No hubo ponderación, prevaleció una actitud revanchista propia de actores político partidistas que viven la lógica evitar que se conozca lo que no les conviene y aplaudir lo que mejore su imagen.
No es que la prensa no pueda ser tocada ni con el pétalo de una observación sobre su actuación, sino el exceso (y el tono de sus razones) que pone en riesgo otros derechos. Tratar de limitar no es corregir.
Si su preocupación por la violencia política y la violencia política por razones de género, así como la visibilización de la situación actual y cotidiana de los medios ante la que nadie hace nada, fuera genuina, privilegiarían alternativas de avance antes que la coerción, y no serían ellos quienes revictimizan –involuntariamente es de suponer– a la quejosa, al volver a poner en el foco público el dato que provocó el agravio.
Cabe parafreasear a Thomas Jefferson, el político estadounidense que tenía mucha claridad sobre la importancia de la prensa: Parece que no se percatan de que el verdadero autor del agravio no es el que publica, sino el que lo convierte en escándalo.
Por seis votos a favor y uno en contra, el organismo ciudadano que debe velar por los valores democráticos optó por sancionar de manera ejemplar –es decir, para que se la piensen los demás–y aunque no con la severidad que hubieran querido, a una periodista, sin considerar la lesión –sin importar su dimensión– a uno de los pilares de la democracia, les guste o no.
En fin, se trata de una sanción que exhibió más fobias y afanes de desquite que convicción democrática.
