Por Victoriano Martínez
¿Qué tan significativo y trascendental resulta el juicio electoral promovido por Paloma Blanco López, consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE) por el recorte presupuestal que compromete la certeza de las elecciones del próximo 2 de junio?
Si se toma en cuenta que se presentó a las 17:15 horas del viernes 5 de enero sin anunciarlo como si se deseara que pasara inadvertido, que si se sabe de su presentación es porque se publicó en los estrados electrónicos del TEE y que a cuatro días en el sitio web del CEEPAC no aparece información al respecto –al menos hasta esta madrugada– se podría pensar que para los integrantes del organismo electoral fue un hecho irrelevante.
Por las disposiciones jurídicas que se cita que pueden ser vulneradas por la reducción presupuestal, Blanco López actúa en defensa de dos aspectos fundamentales para el CEEPAC: (1) la autonomía en su funcionamiento y la independencia en sus decisiones, y (2) garantizar un proceso electoral bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia, máxima publicidad, objetividad y equidad.
Si bien a la consejera presidenta le corresponde encabezar ese tipo de acción conforme al artículo 63 fracción XVI de la Ley Electoral, por dar una señal de compromiso real con la democracia en primer término y como un gesto de solidaridad con quien los encabeza, los seis consejeros restantes debieron sumarse públicamente… a menos que consideren que defiende algo irrelevante.
Se trata de hacer valer dos condiciones del CEEPAC que repercuten directamente en la calidad de las elecciones a realizarse este año y, en consecuencia, afectan la confiabilidad del proceso electoral: se convoca a la ciudadanía a votar cuando ni siquiera tienen la certeza de contar con los recursos necesarios para que eso sea materialmente posible.
Un juicio electoral que no sólo resulta significativo y trascendental para la consolidación de la vida democrática, sino que se suma a la tendencia en diversos ámbitos de la administración pública en los que determinaciones jurídicas y procedimientos judiciales se vuelven necesarios para corregir irregularidades y hasta ilegalidades de un gobierno de ocurrencias.
Tan solo en este arranque de año se han presentado ya dos casos en los que se exhibe al gobierno estatal como omiso en materia ambiental con una multa por irregularidades en el monitoreo del aire en Rioverde y simulador en su trato con la ciudadanía al pretender evadir la consulta a las personas con discapacidad para tomarlas en cuenta en el Plan Estatal de Desarrollo.
Hasta antes del cinco de enero, recurrir a las vías jurisdiccionales para buscar que el gobierno estatal se apegue a la legalidad había sido una acción frecuente de grupos ciudadanos. Con la presentación del juicio electoral que busca que los próximos comicios cuenten con los recursos económicos suficientes para su realización, por primera vez una institución se suma a ese tipo de exigencia.
En la medida en la que se registran cada vez más casos que exhiben el poco apego a los procedimientos y la legalidad queda expuesto el talante autoritario del gobierno estatal, lo que vuelve muy significativo que sea el organismo encargado de garantizar procesos democráticos el que hoy exija apego a la Constitución y a las leyes.
No obstante, llama la atención el exceso de discreción para iniciar la acción, dado que el tema es de tal trascendencia para toda la población, que ameritaba tenerla al tanto por el mayor número de vías que el CEEPAC tenga disponibles.
La promoción del juicio se conoció hasta este lunes, vía los estrados electrónicos del TEE. Es de esperar un respaldo de los actores políticos involucrados en el proceso electoral, especialmente de aquellos partidos que abandonaron la sesión del 2 de enero en protesta justamente por las limitaciones presupuestales a las que se ha sometido al CEEPAC.
¿Qué tan dispuestos estarán el resto de los consejeros electorales, los partidos políticos, las cámaras empresariales, organizaciones civiles y demás actores que se asumen como demócratas convencidos, a sumarse este reclamo a favor de la democracia electoral por encima de cualquier tipo de politiquería?
