Por Victoriano Martínez
Como organizadores de procesos electorales, los integrantes del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) se han visto obligados a volverse expertos en ajustar sus presupuestos a la tacañería de un gobernador que ya ha creado fama de retrasarse en las aportaciones necesarias para la realización de elecciones.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona se estrenó con la realización del plebiscito sobre la creación del municipio de Villa de Pozos como un funcionario que escatima en exceso los recursos que debe entregar a acciones que tienen como objetivo conocer el sentir de la ciudadanía como si lo que buscara fuera dificultarla como paso previo a manipularla.
Aquel proceso de consulta ciudadana fue la primera prueba que debieron pasar los consejeros electorales para convocar a toda la población del municipio de San Luis Potosí a emitir su opinión en la tercera parte de las mesas de votación que tendrían que haberse instalado.
En esa proporción se redujeron las posibilidades participación para los ciudadanos como efecto de una reducción en el presupuesto necesario de 55 millones 844 mil pesos a uno efectivamente aplicado de apenas millones de pesos.
La organización del plebiscito con apenas el 35.81 por ciento de lo requerido no sólo limitó las mesas de votación, sino que no se realizó una promoción del voto de manera adecuada que al final se reflejó en que apenas se registró una participación ciudadana del 6.82 por ciento.
Para las elecciones locales del año pasado, el CEEPAC debió enfrentar nuevamente la tacañería democrático-electoral del gobierno de Gallardo Cardona y el presupuesto necesario para su organización que se estimó en 307 millones 504 mil 971.06 pesos lo redujeron en un primer momento a sólo 100 millones de pesos.
Tras una serie de adecuaciones presupuestales y súplicas por recursos adicionales por parte del órgano electoral autónomo, el gobierno estatal aceptó proporcionarle recursos adicionales que ampliaron el presupuesto a 179 millones de pesos, equivalentes al 55.34 por ciento de lo que originalmente se calculó como lo necesario.
Un regateo del erario por parte del gobernador con una lastimosa necesidad de mendigar recursos adicionales por parte de los consejeros electorales que va más allá de un atentado a la dignidad del CEEPAC y sus integrantes porque atenta contra la certeza que pueden tener los electores ante un proceso electoral organizado con tales limitaciones.
Dos experiencias ante las que Gallardo Cardona hoy vuelve a mostrar la poca importancia que le da a la participación ciudadana en procesos de consulta directa desde el momento en el que el CEEPAC una vez más realiza la estimación del costo ideal en 208 millones 92 mil 273.64 pesos y el gobierno se lo limita a un presupuesto de hasta 110 millones de pesos.
Gallardo Cardona ya le tomó la medida a la autonomía del CEEPAC: si pudo organizar el plebiscito con el 35.81 por ciento de los recursos necesarios, y las elecciones de 2024 con el 55.34 por ciento de lo requerido, ahora no tiene por qué no poder organizar la elección extraordinaria de los integrantes del Poder Judicial con el 52.86 por diento de lo que necesita.
Seguramente los consejeros electorales ya se han vuelto expertos en sacrificar elementos necesarios para el buen desarrollo del proceso electoral que, aunque lo afecten, no sean del todo perceptibles y se logren aparentar buenos resultados. Pero no estaría de más que lo hicieran público para evitar su repetición y sus efectos negativos.
Una tolerancia y sumisión de los consejeros a las determinaciones de Gallardo Cardona que hoy lo coloca como el Organismo Público Local Electoral con el segundo peor recorte presupuestal del 2025 y estar catalogado con “riesgo alto” presupuestal por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Si el CEEPAC no ha logrado ser efectivo en exigir el presupuesto necesario para realizar su labor, tampoco lo ha sido para reclamar puntualidad en las ministraciones, en tanto que el gobierno de Gallardo Cardona ya está reconocido como incumplido con los plazos para aportar los recursos a los que se compromete.
“Se estará dando seguimiento a la ministración de recursos considerando el antecedente de 2024, cuando el gobierno local solía depositar con retrasos”, advierte el “Informe sobre la situación presupuestal de los OPL, 2025” elaborado por la Unidad Técnica de Vinculación con los OPLE del INE.
