Abelardo Medellín Pérez
Ni bien ha pasado una semana del 2024, ni bien han transcurrido unas horas del inicio del proceso electoral y el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) ya aprovechó el foro, la atención y los micrófonos para decir que con los 100 millones de pesos que aprobó el Congreso del Estado no alcanza; es verdad, no alcanza, pero… ¿por qué hasta ahorita?
No es una condena al protagonismo, los consejeros sabrán si convenía mejor ahora o si fueron suficientemente enérgicos sus reclamos pasados; en todo caso esto es un recordatorio de que el problema económico del organismo encargado de organizar las elecciones en el estado ha sido de los peores desde el 2023. Y ojalá estuviera exagerando al afirmar esto.
A finales del año 2023 el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el “Informe Sobre la Situación Presupuestal de los OPLE 2023”, un análisis detallado sobre las condiciones económicas de los organismos y el tipo de riesgo operativo al que se exponía cada caso.
¿Y cómo le fue a San Luis Potosí? Pues resulta que, con corte a septiembre del 2023 y en materia de gasto operativo, la entidad potosina, cuna de los organismos públicos ciudadanizados, fue el segundo estado con la mayor reducción presupuestal, solo después Nayarit.
Con una reducción del 74.35 por ciento, San Luis Potosí tuvo la segunda peor reducción a su gasto operativo al haber solicitado 296 millones 473 mil 241.62 pesos y solo haber recibido 76 millones 42 mil 868.01 pesos.
La exhibición no terminó ahí. El INE reveló cómo el OPLE de San Luis Potosí solicitó en abril de 2023 tres ampliaciones presupuestales por un monto total de más de 80 millones de pesos, para actividades relativas al inicio del proceso electoral (71.6 millones de pesos), actividades de fortalecimiento a la cultura cívica (2.3 millones de pesos) y una más para una consulta (7.1 millones de pesos); cinco meses después de que se hiciera la solicitud de estas ampliaciones, todas seguían en el estatus de pendientes.
Por igual, el INE recordó que el gobierno del estado de San Luis Potos navegó el 2023 con una omisión de entregar las ministraciones completas que debía al organismo electoral; para el 30 de agosto del 2023 el estado tenía pendiente de ministrar 14 millones 277 mil 869.31pesos de los cuales 2.3 millones corresponden a materiales, suministros y servicios generales; 340 mil para actividades relativas al fortalecimiento de la cultura cívica dirigida a jóvenes con perspectiva de género, interculturalidad y participación ciudadana, así como 11.6 millones de financiamiento público a partidos políticos.
Por todo el cúmulo de omisiones en las que incurrió el gobierno, los impagos, los recortes, la resistencia a ampliar el presupuesto y otras vicisitudes relacionadas con el bajo aprovechamiento de remanentes presupuestales, el OPLE de San Luis Potosí, se mantuvo en semáforo rojo de “riesgo presupuestal alto” de enero y hasta septiembre del 2023.
El riesgo alto, de acuerdo con el análisis del INE, significa que la problemática económica del organismo tendría un impacto en la operatividad respecto a sus atribuciones o sobre las actividades relacionadas con los procesos electorales locales.
El INE reconoció que el Ceepac tuvo que hacer diversas adecuaciones presupuestales para poder sobrellevar las múltiples problemáticas que lo tuvieron en riesgo (técnico) durante el 2023; no solo eso, sino que el instituto, como un reproche sutil dentro de su análisis, hace notar que las ampliaciones solicitadas por el organismo para temas operativos no fueron atendidas, pero el Congreso, raudo y veloz, aprobó un presupuesto para la celebración del plebiscito para la municipalización de Villa de Pozos.
Repito: este análisis solo cubría el ejercicio presupuestal 2023 y aún con ello fuimos de los peores a nivel país en cuestión de gasto público en democracia y los organismos que se encargan de organizar los procesos inherentes a ella. El caso del Ceepac no es aislado pese a todo, existen al menos otros cinco estados en situación crítica por temas presupuestales y los motivos y razones se repiten en la mayoría.
El 2024 ya arrancó, las reprimendas contra la actitud tacaña e irresponsable del gobierno del estado ya comenzaron, es buen momento para ver el pasado inmediato y dar cuenta que las cosas no se han hecho bien, solo se han hecho baratas, y cuando se habla de democracia eso nunca conviene.
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador; Guadalupe Torres Sánchez, secretario General de Gobierno, y todo el congreso del estado que han secundado los mandatos de este gobierno, podrían ser culpados, con bastante justificación de haber roto el punto número cuatro del acuerdo de civilidad que firmaron el pasado 23 de noviembre, en el cual se leía:
“Se brinde el apoyo necesario a las autoridades electorales del Estado de San Luis Potosí, quienes se encargarán de organizar, desarrollar y vigilar el próximo proceso electoral”.
No solo violaron su acuerdo, sino que tuvieron el cinismo de promover algo así cuando en 2023, de acuerdo con el Instituto Nacional Electoral, ellos fueron quienes, por sus omisiones, pusieron en riesgo la operatividad el OPLE y adicionalmente, con mucho descaro, le exigieron organizar el segundo peor plebiscito en la historia reciente del país.
Destinar dinero de la ciudadanía a procesos democráticos no es un gasto como lo quiere hacer ver el gobernador potosino; es una inversión en libertades, espacios de diálogo, cambios importantes, es una inversión en la comunidad. El gobierno ha puesto en crisis la calidad democrática de San Luis Potosí por ahorrarse unos centavos que buscan dilapidar en arenas, charros y clientelismo.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Maestrando en Estudios sobre la Democracia y Procesos Electorales en el posgrado de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado como reportero y columnista en los medios digitales La Orquesta y Arco Informativo; actualmente es reportero de Astrolabio Diario Digital. Ha sido acreedor de dos premios estatales de periodismo en las categorías de Artículo de Fondo y Periodismo Regional.
