Por Victoriano Martínez
Cuando en las respuestas que distintos entes públicos obligados por la Ley de Transparencia se detecta el ocultamiento de información a quien la solicita, incluida aquella que deben difundir de oficio, además de contar con un claro indicador de un problema de opacidad en la administración pública, la atención se debe centrar en el organismo que debe garantizar ese derecho.
El Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) en San Luis Potosí puede pasar meses sin dar a conocer sus egresos en claro incumplimiento a la Ley e incluso negar esa información a quien se la solicite y no pasará nada.
El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez puede negarse a responder solicitudes de información o simular que publica su relación de egresos con archivos repetidos cada tres meses y contenidos incompletos, y tampoco pasará nada.
Un organismo como el IMPLAN puede ir decayendo en el cumplimiento cuantitativo de sus obligaciones de difundir de oficio información pública, pasar de un 98.96 por ciento de cumplimiento en enero a un 43.75 por ciento en noviembre, e igual no pasará nada.
Al mismo IMPLAN, en las “VERIFICACIONES CUALITATIVAS 2019 REALIZADAS Y ACTUALIZADAS AL 13/08/2019”, realizadas por la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), se le puede detectar que su cumplimiento cualitativo es de apenas un 13.85 por ciento y, a pesar de ser una evaluación del propio órgano garante, tampoco pasará nada.
Peor aún: el organismo garante detectó en esas verificaciones realizadas a 109 entes públicos que el cumplimiento fue del 75.59 por ciento para abajo, con un promedio general del 18.34 por ciento, es decir, 81.66 por ciento de opacidad, y lo mismo: no pasará nada.
Y tampoco pasará algo a pesar de que en esas evaluaciones de los 109 entes revisados, 44 son señalados con cero por ciento de cumplimiento.
Cuando un ciudadano se decide a ejercer su derecho de acceso a la información pública con lo que se encuentra es con estos espacios de opacidad cuyo principal efecto es un desánimo que inhibe el ejercicio de ese derecho, para beneplácito de los funcionarios y servidores públicos que prefieren trabajar sin rendir cuentas a la sociedad.
La CEGAIP no ignora la situación, pero con su silencio y su inacción, la avala. La exhibición pública de los incumplimientos por reportes periodísticos es apenas una mínima sanción para los opacos que poca mella les hace: se mantienen en su actitud de no respetar el derecho de acceso a la información pública porque no enfrentan ninguna consecuencia directa.
Una CEGAIP más cómplice de la opacidad que aliada de la transparencia alienta la opacidad.
Cada nota informativa en la que se expone el ocultamiento de información, como las que en las últimas semanas se han presentado en Astrolabio Diario Digital, representa la confirmación de esa alianza por la opacidad con la que trabaja la CEGAIP, además de ser un esfuerzo por no dejar en completo estado de indefensión el derecho de acceso a la información pública.
