Por Victoriano Martínez
Difícilmente se puede considerar a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) como un verdadero organismo garante del derecho de acceso a la información si no da señales de ser capaz de vigilar y hacer que los sujetos obligados cumplan con atender los requerimientos de información de la población.
La Plataforma Estatal de Transparencia (PET) permite consultar el grado de cumplimiento sobre la publicación de información pública que deben difundir los sujetos obligados, y al menos en los primeros ocho meses de este año, la tendencia fue una alarmante reducción en el porcentaje de lo publicado: este año bajo de un 78.71 por ciento en enero a un 68.26 por ciento en agosto.
Un dato que representa que mes a mes los sujetos obligados le ocultan a la población cada vez más información sobre la que están obligados por la ley a publicar y la CEGAIP, especialmente sus tres comisionados, o no es capaz de observarlo o finge desconocerlo.
Por lógica, resulta que los comisionados fingen desconocerlo dado que esos datos surgen de la PET que, se supone, ellos son los responsables de administrar. En consecuencia, son cómplices de ese ocultamiento de información y traicionan los fines legales para los que fueron nombrados. Traicionan la razón de ser del cargo.
Si no fingen desconocerlo y efectivamente no saben cuáles son los instrumentos estadísticos que tienen a la mano para promover la corrección de deficiencias en la difusión de información que deben garantizar, incurren en una negligencia imperdonable que los muestra incompetentes para el cargo.
Al igual que esa omisión de los comisionados para hacer cumplir las obligaciones de transparencia, en el caso de los requerimientos de información que hace la población a través de solicitudes que se presentan a los sujetos obligados conforme a la Ley, la CEGAIP exhibe una dejadez en perjuicio de quien, por esa vía, busca ejercer su derecho de acceso a la información pública.
La Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), que sustituyó al sistema INFOMEX para la presentación remota de solicitudes de información vía Internet, permite generar estadísticas sobre el número de peticiones realizadas en el Estado y los resultados del trámite que le da cada dependencia.
Es posible conocer, por ejemplo, que en los primeros once meses de este año, los sujetos obligados que hay en el Estado recibieron 12 mil 999 solicitudes de información, de las que 11 mil 524 se reporta como terminado su trámite, un 88.65 por ciento, aunque de éstas sólo 9 mil 749 se clasifican con entrega de la información vía PNT.
Es decir, sólo en tres de cada cuatro solicitudes de información se le envía en la respuesta algún documento con la información que presuntamente pidió el solicitante, lo que resulta muy dudoso. El hecho de que adjunten un documento no necesariamente significa que se haya satisfecho la petición.
Es alarmante la forma en que se oculta la información. Un ejemplo: la semana pasada, a pesar de que se reportaron 26 solicitudes de información terminadas, en 20 se declaró incompetencia y de las seis que afirman haber entregado la información vía la PNT, en tres adjuntaron un documento que también señala incompetencia y los otros tres reportaron no contar con la información.
A pesar de las 26 respuestas que se entregaron a los solicitantes entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre de este año, ninguno recibió la información que pidió.
Si la calidad de las respuestas deja una deuda grande, la oportunidad de estas resulta una deficiencia que la CEGAIP, como organismo garante, tendría que promover. En los primeros años de las leyes de transparencia, la competencia entre los sujetos obligados era exponer el más bajo promedio de días en los que tardaban en responder. Hoy ese ánimo de entrega oportuna de la información no existe.
De las 11 mil 524 solicitudes de información que se reportan como terminadas, 6 mil 884 se respondieron dentro del plazo de 10 días, apenas un 52.96 por ciento de las solicitudes que van en el año. Hay 363 solicitudes pendientes de respuesta que todavía podrían darse dentro de ese mismo plazo.
En 3 mil 633 solicitudes (el 27.95 por ciento), los sujetos obligados tomaron la prórroga que permite la Ley para responder, y todavía hay 141 peticiones que podrían ser respondidas dentro de esa ampliación que es el primer atentado contra la oportunidad de la información.
Mil 7 solicitudes de información fueron atendidas fuera del plazo legal sin que se conozca ninguna consecuencia, en tanto que 961 peticiones más ya rebasaron el plazo legal sin que tengan respuesta.
Un balance del cumplimiento a la Ley en las obligaciones de transparencia y la atención a solicitudes de información, para lo que la CEGAIP tiene instrumentos e incluso personal para realizarlos más a detalle, pero es tanta su negligencia y tan poco su compromiso con el derecho de acceso a la información pública que debe garantizar, que sólo confirma su inutilidad. Nada que esperar.
