Por: Antonio González Vázquez
San Luis Potosí se encuentra en la deshonrosa lista de entidades federativas con mayor rezago en materia de Derecho de Acceso a la Información Pública. Su calificación reprobatoria pasa por la legislación, los entes obligados y notablemente por el órgano garante, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública que es por su pobre desempeño, una de las peores en el país.
El Índice del Derecho de Acceso a la Información Pública que dio a conocer el Centro de Análisis e Investigación Fundar da a San Luis Potosí un puntaje de 59.7 por ciento y con ello, se coloca entre las entidades peor calificadas.
Junto a San Luis Potosí por su baja calificación están: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Chiapas, Tabasco, Campeche Quintana Roo y Yucatán. Todos con calificación menor a seis, es decir, reprobatoria.
El estado mejor calificado es Coahuila con 9.339.
El IDAIM mide la calidad de las leyes de transparencia en México con relación a las mejores prácticas nacionales e internacionales en la materia. Se compone de tres variables principales: diseño normativo, diseño institucional y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones de transparencia. Cada variable se compone de siete, cinco y nueve indicadores respectivamente, los cuales se alimentan de 196 criterios.
Los criterios representan los elementos que consideramos debe contener una ley de transparencia para que garantice y proteja adecuadamente el ejercicio del derecho de acceso a la información (DAI) y favorezca la transparencia.
San Luis Potosí reprueba en disposiciones normativas, diseño institucional, en objetivos de la legislación local, en el cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, en los criterios legales que regulan la clasificación de la información, en sanciones establecidas, en la integración y formación de los Comités de Información y otro más.
No obstante el que más llama la atención es el referente a los órganos de conducción de los órganos Garantes, en donde la CEGAIP tiene un puntaje de 2.5, es decir está entre las que menos trabajan en su obligación legal de garantizar el derecho a la información y la transparencia.
El estudio completo se puede consultar en la siguiente dirección electrónica:
http://idaim.org.mx/