Por: Antonio González Vázquez.
En diez meses de “actividad”, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública solamente ha sancionado a dos servidores públicos por presuntas violaciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Uno de esos casos, tenía ya un año esperando una resolución, lo cual supone que los comisionados trabajan a paso de tortuga.
De acuerdo con información de la CEGAIP en tratándose de Procedimientos de Imposición de Sanciones de enero a septiembre únicamente se atendieron y resolvieron tres expedientes, con una efectividad asombrosa de una resolución cada tres meses.
Los comisionados, Yolanda Camacho Zapata, Claudia Ávalos Cedillo y Alejandro Mendoza García son quienes conforman el pleno de la Comisión y son quienes revisan y actúan sobre los expedientes que se abren en contra de servidores públicos o entes obligados que no respetan la Ley de Transparencia.
En todo lo que va de 2015 solo han resuelto estos expedientes: PISA 006-2015-3, la autoridad responsable es Ramón Ramírez Reyna, presidente municipal de Mexquitic de Carmona (ahora ex presidente) por encuadrar en la conducta establecida por el artículo 109, fracción IV de la Ley de Transparencia. Se le impuso una multa de 500 días de salario mínimo vigente en el estado lo que equivale a 33 mil 225 pesos.
Ese Procedimiento de Sanción se inició el 7 de mayo de 2015 y se resolvió el 13 de agosto de 2015.
Es él último que ha resuelto la CEGAIP, lo que implica que han pasado dos meses y no han sancionado a nadie más, pese a que en su oportunidad, la Comisión suele reportar que se viola con frecuencia el derecho de acceso a la información pública.
Destaca el procedimiento PISA 033/2014-3 en contra de Jesús Conde Mejía y Fernando Díaz Jiménez, ahora ex titulares de la Secretaría de Finanzas y de la Contraloría General del Estado, así como en contra de todo el personal de los Comités de Transparencia de ambas dependencias. Eran investigados por posibles violaciones al artículo 109, fracción III de la Ley de Transparencia.
El procedimiento se inició el 30 de noviembre de 2014 y fue resuelto el 13 de agosto de 2015, es decir, diez meses después. Los comisionados absolvieron a los funcionarios de esas dos dependencias al precisar que “la autoridad acreditó no haber incurrido en ninguna responsabilidad”.
Conde Macías y Díaz Jiménez junto con sus comités de información habían sido acusados de negar intencionalmente el acceso a la información, aduciendo falsamente que la misma se encuentra reservada.
Esta además el procedimiento PISA 30/2014-3, relativo a Daurino Torres Rodríguez, presidente municipal de Santo Domingo, a quien se investigó por violación al artículo 109 fracción IV de la Ley de Transparencia. Le sancionaron con salario mínimo de 500 días, equivalente a 34 mil 140 pesos. Este expediente se inició el 27 de agosto de 2014 y concluyó el 8 de julio de 2015.
