Por Victoriano Martínez
¿Qué posibilidad hay de que un solicitante de información no reciba respuesta a sus peticiones por parte de las dependencias gubernamentales? Prácticamente en tres de cada diez. En el resto, recibirá una presunta respuesta que en su mayoría sólo es simulación porque los datos que pidió no están incluidos.
¿Qué posibilidades tiene un solicitante de información de que, al recurrir a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información (CEGAIP), los comisionados le den la razón, ordenen a la dependencia que no dio la información pedida que la entregue y efectivamente garanticen el derecho de acceso a la información pública? Una entre 15.6.
¿Qué posibilidad hay de que una persona encuentre en las Plataformas de Transparencia (nacional y estatal) la información que las Leyes de Transparencia obligan a las dependencias a publicar con actualización mensual? Cada vez menos: en enero de 2022 era del 82.78 por ciento, el mes pasado del 62.75 por ciento.
Pero hasta con ese 62.75 por ciento de información presuntamente publicada no se puede cantar victoria: la inmensa mayoría de los 499 mil 954 formatos que publicaron con los datos y documentos presuntamente incluidos se encuentran vacíos. Son un engaño y al mismo tiempo una violación a las leyes estatal y general de Transparencia.
Las violaciones a las dos leyes de transparencia se han generalizado entre todos los sujetos obligados: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Ayuntamientos, Organismos Autónomos, Organismos descentralizados, Partidos Políticos y Sindicatos.
¿Por qué lo hacen? Por un nulo compromiso con la transparencia y un ambiente propicio para que actúen desde la opacidad ante una CEGAIP integrada por tres comisionados que como órgano garante lo único que garantizan es que los entes públicos oculten su información con total impunidad.
Si al dar la espalda a los solicitantes de información en proporción 15 a uno en los recursos de revisión violan la ley al no privilegiar el principio de máxima publicidad, con el incumplimiento de los plazos para resolver (433 casos de diciembre de 2022 a octubre de 2023) las violaciones son más concretas.
De esos 433 casos de violación a la ley, en 238 sí existió una resolución, pero se dio fuera del plazo máximo (con prórroga) de 50 días. En los otros 195 casos la violación puede considerarse aún más grave porque ni siquiera se dio una resolución.
Una situación que no es desconocida por el Congreso del Estado, al menos por su Comisión de Transparencia, dado que, desde el año pasado, por una reforma a la Ley de Transparencia, la CEGAIP entrega informes trimestrales sobre sus actividades en los que, aunque incompletos y superficiales, es posible vislumbrar las violaciones a la ley en las que incurre.
Un hecho es que los comisionados de la CEGAIP simulan elaborar un informe sobre sus actividades de cada trimestre, pero hasta ahora todo indica que a los diputados les ven la cara o de plano ellos les siguen el juego.
La solicitud que presentó Ciudadanos Observando para que el Congreso del Estado sancione a los comisionados David Menchaca, Alfredo Solís y Ana Cristina García por violar la Ley somete a los diputados a una prueba que hasta ahora no han superado al no reaccionar a la simulación de los informes de la CEGAIP ni ante las evidencias públicas de su negligencia.
Una petición con pocas posibilidades de ser atendida si se toma en cuenta que los diputados también son beneficiarios de la garantía de opacidad que la CEGAIP les da. Tan grave es la situación, que en el estado lejos de poder generar un índice de transparencia, resulta más descriptivo un índice de opacidad, porque compiten para ver quién oculta más información.
Capaz que resulta contraproducente exhibir la inutilidad de los comisionados de la CEGAIP como garantes de transparencia y cómplices de la opacidad porque los podrán considerar más útiles a sus intereses… ¡y hasta los premien!
