Por: Victoriano Martínez.
El interés de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) por que la sociedad esté correctamente informada es nulo: ni en su propio portal web es posible consultar información tan básica como la integración de su pleno y quién preside ese organismo.
Alejandro Lafuente Torres fue nombrado comisionado presidente de la CEGAIP el pasado 30 de junio, y aunque ahora, 18 días después, ya se encuentra en su primer periodo vacacional. A pesar de ello, en el portal de la Comisión su nombre sólo aparece en la inserción de los tuits, pero en el resto del contenido la presidenta sigue siendo Yolanda Camacho Zapata.
En la sección de comisionados aún aparecen los tres comisionados que estuvieron en funciones hasta el 30 de junio, es decir, Oscar Alejandro Mendoza García aún figura como integrante del pleno de la CEGAIP.
En el apartado de transparencia, que obligatoriamente tiene que ser actualizado conforme a la ley de transparencia, la situación es la misma. El directorio del personal de la CEGAIP sigue sin incorporar a su nuevo presidente.
“Información existente del ejercicio 2009, ejercicio 2010, ejercicio 2011, ejercicio 2012, ejercicio 2013, ejercicio 2014, ejercicio 2015 y actualizada al mes de Marzo del 2016”, se advierte en el acceso a los documentos relacionados con los directorios de cada uno de esos años.
Los Lineamientos Generales para la Difusión, Disposición y Evaluación de la Información Pública de Oficio aún vigentes señalan, en el artículo décimo octavo, el plazo para la obligación de actualizar esa información:
“La información a que se refiere el presente artículo deberá ponerse a disposición del público, incluso las modificaciones, en un plazo de no más de quince días hábiles a partir de que se genere”.
A Lafuente Torres como nuevo presidente lo alcanzó el periodo vacacional sin que se le venciera el plazo para que obligatoriamente informara sobre su nombramiento en el apartado de transparencia de internet de la CEGAIP, por lo que si bien no incumple con sus propias disposiciones, sí demuestra una escasa voluntad de transparencia.
Será pues hasta el 5 de agosto cuando, por obligación legal, la información tendrá que estar actualizada en el portal web del órgano garante que, fiel a garantizar lo mínimo en el derecho de acceso a la información pública, es el primer beneficiario de sus acuerdos que suspenden los plazos en materia de transparencia.
