Por Victoriano Martínez
Si algo ha caracterizado a los diputados de la actual Legislatura es la constante violación al principio de progresividad de los derechos humanos establecido en el artículo primero de la Constitución General de la República, y en materia de derecho de acceso a la información pública no sólo lo hace por acción propia, sino que impide que se garantice.
Hasta antes del 28 de octubre de 2021, el Congreso del Estado reconoció y atendió el derecho de acceso a la información pública por la vía de la transmisión en vivo de las sesiones de las comisiones legislativas. Después de esa fecha dejó de transmitirlas y desde entonces quedó configurada la violación permanente al artículo primero Constitucional.
Un repaso mensual al cumplimiento de las obligaciones de difusión de información pública en las plataformas Nacional y Estatal de Transparencia, y en el propio portal Web de la Legislatura, permite ver que son muchos y variados los retrocesos en la materia, entre los que destaca la invisibilización del Consejo Ciudadano de Transparencia… ¿o su desaparición?
Ese Consejo presentaba cada tres meses un informe con el recuento preciso de todas aquellas faltas en materia de transparencia, lo que mostraba un diagnóstico muy puntual sobre los puntos en los que los legisladores incumplían la Ley de Transparencia como nunca y, en consecuencia, retrocedían en la atención al derecho de acceso a la información pública.
Esos legisladores que violan de manera permanente el primer artículo de la Constitución y además incumplen con la Ley de Transparencia son quienes hoy elegirán a dos comisionados numerarios y tres supernumerarios de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP).
Poco se puede esperar que de entre los 27 candidatos que se auto propusieron seleccionen a quien mejor pueda garantizar un derecho al que ellos han sometido a retrocesos.
Poco se puede esperar que busquen una CEGAIP auténticamente garante del derecho de acceso a la información pública contra el que ellos mismos atentan y suelen tolerar y encubrir las violaciones a la Ley de Transparencia que los comisionados cometen, incluida la usurpación de sus facultades como diputados.
Aunque normalmente se elige a un solo comisionado numerario, en esta ocasión elegirán dos porque se concluirá el proceso de selección iniciado en 2021 que fue suspendido por juicios de amparo de aspirantes inconformes de entre los 15 que se registraron y descartaron por presuntamente no cubrir los requisitos.
Para ese caso, se someterá al Pleno el dictamen de la Comisión de Transparencia del 23 de junio de 2021 que presenta una terna integrada por José Alfredo Solís Ramírez, Mauricio Vladimir Barberena Sánchez y Sara Viridiana Tapia Rincón, de los cuales el primero ocupó la vacante durante los últimos tres años como supernumerario en funciones de numerario.
Es de esperar que cuando menos los actuales diputados hayan revisado el video de las entrevistas que sus antecesores realizaron a esos tres aspirantes (las únicas que hicieron) para normar su criterio a la hora de votar.
De entrada, podrían contrastar los puntos que ahí destacó Solís Ramírez como los que más le importaba aplicar del plan de trabajo que presentó como candidato, entre los que destacan:
(1) Un contacto de las unidades de transparencia con los solicitantes para evitar malentendidos al proporcionar la información solicitada y evitar recursos de revisión. Algo parecido al recurso de reconsideración que acaban de rechazar los diputados y que el propio Solís Ramírez no defendió.
(2) Buscar un mecanismo de resolución sumaria de recursos de revisión para acabar con el rezago en la CEGAIP.
Lejos de agilizar las resoluciones, Solís Ramírez es el comisionado en funciones que más las retrasa y, por si fuera poco, se atribuye la incorporación en los lineamientos en esa materia del que aplaza las resoluciones en una disposición en la que la CEGAIP usurpa las funciones del Congreso del Estado.
Justo el punto en el que los legisladores exhibieron su mayor tolerancia a las violaciones a la Ley de Transparencia por parte de la CEGAIP: a pesar de haber anunciado una controversia contra esos lineamientos, lo evitaron y al ser cuestionados por Ciudadanos Observando se limitaron a decir que no lo hicieron porque se les fue el plazo.
Si de entre los tres propuestos para concluir el periodo de comisionado en 2025 los diputados eligen a Solís Ramírez ya no dejarán ninguna duda sobre su actuación en contra de la transparencia: es el único aspirante que ya acreditó que actúa en contra del derecho que debe garantizar, incluso sin importar si pasa por encima de los propios diputados.
En cuanto a la selección de entre los 27 aspirantes al comisionado numerario y los comisionados supernumerarios por cuatro años, cuando los diputados debieron ser lo más pulcro posible en el desarrollo del proceso, han dejado cabos sueltos como otro retroceso en derechos adquiridos: publicar currículos y proyectos de trabajo como en casos anteriores.
Otro aspecto de ese retroceso fue la omisión en la transmisión de las entrevistas que la Comisión de Transparencia realizó a los aspirantes.
Se trata de retrocesos que, por tratarse de un proceso directamente relacionado con la transparencia, su falta adquiere mayor gravedad, además de que deja abierta la posibilidad de que cualquiera de los candidatos descartados tenga la posibilidad de recurrir a una solicitud de amparo.
La elección de dos comisionados numerarios y tres supernumerarios para la CEGAIP esta muy lejos de abrir esperanzas de que se puedan recuperar los escasos avances en materia de transparencia. Al contrario, son muchos los ingredientes que hacen prever que la determinación recrudecerá la opacidad que impera en el sexenio que corre.
