Por Victoriano Martínez
Rellenar los formatos y los espacios destinados al cumplimiento de las obligaciones de transparencia que impone la ley, aunque los contenidos resulten un engaño o datos discrepante entre documentos dispersos que disimulan la discrepancia, pudiera creerse que es una estrategia de funcionarios opacos y nunca del organismo que debe garantizar que la información difundida sea de calidad.
Lamentablemente, entre la información que la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) difunde de oficio a través de la Plataforma Estatal de Transparencia (PET) esas inconsistencias se encuentran presentes.
De por sí el esquema de la PET resulta farragoso y prácticamente para iniciados por lo laberíntico y dispersa que se encuentra la información para lograr consultarla en conjunto que, cuando finalmente se logra localizar formatos Excel definidos por la CEGAIP aparentemente comparables, lejos de lograr claridad sobre el uso de los recursos públicos, se abren más dudas.
Dentro de la CEGAIP hay una corriente que afirma que la PET es lo máximo en transparencia porque a través de esa plataforma se puede acceder a miles, millones, de documentos.
La advertencia contra la opacidad por saturación se dio desde las primeras semanas nacionales de transparencia en la primera década del siglo: ¿quién tiene la vida suficiente para revisar miles, millones, de documentos?
Aun así, es posible dar con reportes presentados en ese océano de información que muestran la poca confianza que se le puede tener a ese enorme ejercicio de poner datos públicos a disposición de toda la población porque, por descuido o con toda intención, el resultado es una opacidad por exceso.
Ejemplos hay muchos y se han hecho públicos en reportes periodísticos, y de muy diversas dependencias, incluida la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El colmo es que la CEGAIP, responsable de garantizar la calidad de la información y de aplicar sanciones a los funcionarios que la impidan, incurra en las mismas prácticas.
De acuerdo con el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo de Gasto del enero a mayo, la CEGAIP amplió el presupuesto para “servicios de comunicación social y” / “difusión por radio, televisión y otros medios de” de cero pesos a 730 mil 731.76 pesos y para el mes de mayo ya los había ejercido y pagado.
No obstante, en el reporte correspondiente a la fracción XXIX del artículo 84 de la Ley de Transparencia, “Erogación de los recursos por contratación de servicios de impresión, difusión y publicidad del sujeto obligado”, en el formato asegura que no se ha generado esa información con la siguiente nota:
“No se genera información debido a que el área pertenece al área de informática”. ¡Vaya ejemplo de pretexto para que lo utilice cualquier otra dependencia! Informar de un presupuesto de más de 730 mil pesos, ejercerlo y no informar cómo por el área pertenece a otra área.
En su reporte de egresos, conforme a la fracción IV del Artículo 84 de la ley, de enero a mayo sólo aparecen nueve pagos que podrían estar relacionados con el rubro de “servicios de comunicación social” que suman en total 136 mil 337.14 pesos, aunque incluyen un pago de 80 mil pesos por “Materiales Informativos Impresos Diseño e impresión de Diagnostico”, que podría excluirse.
Eso dejaría pagos directamente con difusión en radio, televisión y otros medios por 56 mil 337.14 pesos, que es una cifra muy inferior a los 730 mil 731.76 pesos que desde mayo ya había reportado como totalmente ejercidos y pagados.
En esa relación de egresos, el único paquete publicitario contratado por la CEGAIP con un medio de comunicación que aparece es con Emsavalles Publicidad S. de R.L. de C.V. por un monto pagado el 15 de marzo por 49 mil 195.60 pesos. También se pagaron 4 mil 172 pesos por una rueda de prensa el 16 de mayo.
Que la CEGAIP incurra en abiertos ocultamientos con pretextos como que no lo informan porque “el área pertenece a otra área”, sólo coloca al organismo que debe promover y garantizar una auténtica difusión de oficio de la información en el primer saboteador del derecho de acceso a la información pública y principal promotor de la opacidad gubernamental.
