Óscar G. Chávez
Queda claro que lo menos que le importa al gobernador Gallardo es la rectitud de los funcionarios y ex funcionarios públicos, de ser así a muchos de sus colaboradores (locales o importados) no los tendría donde los tiene, comenzando por su propio secretario de Gobierno.
Si la doctora Rangel se encuentra sujeta a proceso no es porque haya dispuesto y desaparecido el recurso público sino porque no lo hizo adecuadamente, aun teniendo todas las facilidades para hacerlo. La cosa es sencilla, la rectitud nada tiene que ver en la lucha por los centavos; esos son los que deben devolverse, porque el gobernador los quiere.
El daño al erario no es justificante, o al menos no en boca del gobernador, porque aunque le apueste a la desmemoria habrá quienes no olviden las tropelías presupuestales que tanto él como su padre cometieron a su paso por la alcaldía de Soledad y, después sólo el padre, en la de San Luis Potosí.
Dentro de toda esta madeja de malversaciones y responsabilidades destaca el papel de la ex auditora, Rocío Cervantes, que aunque se prestó a maquillar y ocultó información de la pasada administración gubernamental, los últimos tres años dictaminó negativamente las cuentas de los Servicios de Salud. Aunque señaló los ilícitos nunca se hizo nada, no le busquemos, el responsable fue Juan Manuel Carreras.
De los señalamientos hechos en su momento también por la auditora, se encuentra el de Ricardo Gallardo, padre, sobre su paso por la alcaldía de la capital, pero desde luego que ya esto es cosa del pasado que difícilmente alguien recordaría en estos momentos. Si bien, es cierto que Cervantes hubiera podido hacer uso de esa información, el motivo principal de su salida fue la intención gallardista de controlar toda la maquinaria estatal, y ya lo hizo.
No deja de ser curioso, de todas formas (y es necesario decirlo) que las investigaciones que actualmente se hacen a ex funcionarios estatales no fueron iniciadas por la actual administración, sino todo se dejó armado en la anterior, aunque nunca se fuera a actuar.
Insisto, si la honradez y la rectitud fueran los temas de fondo, se sancionaría conforme a derecho y no se buscaría negociar la devolución del dinero a cambio de la benevolencia judicial. Pareciera que aquí se deja de lado no sólo el código de ética que debe observar un servidor, sino también –en este caso en particular– el convulso momento en el que ocurrió, la forma en la que se lucró con la salud y se puso en riesgo la vida de los potosinos, al dejar sin atención y medicamento a los que los requerían.
La cosa no para allí, los faltantes suman 1,500 millones de pesos, por lo que resulta completamente ridículo, proponer un reembolso de 50. Aunque es muy probable que la realidad sea otra y tampoco le interese la devolución del dinero, sino tener a la responsable directa en libertad, para aprender de ella cómo construir una estructura de delincuencia institucional organizada que logre saquear de esa manera a una dependencia, o posiblemente quiera comenzar a practicar la retórica presidencial de la bondad y el amor.
En materia de centavos el asunto municipal no apunta tampoco hacia el éxito. Nadie discute, ni pone en tela de juicio el que se hubieran cometido latrocinios durante la administración navista, pero lejos de constituirse en benéficas las acciones emprendidas por los despachos externos contratados, pareciera que –al igual que lo hizo la propia administración de Xavier Nava– sólo se busca el lucimiento de los propios despachos. Se antepuso el blofeo a la eficiencia.
Pero sería conveniente que al alcalde lo asesorara un verdadero especialista en la materia y no un ferragamo boy, en el tema de la Unidad Especializada de atención a los pueblos indígenas, porque emulando a su antecesor sólo evidencian su ignorancia y desprecio al asunto.
Los vicios allí siguen, no se destierran; igual que siempre, se prefiere a los parásitos engendrados por los partidos, a un perfil ciudadano especializado en el tema. Veamos a Martín Juárez Córdova a la dirección de Desarrollo Social del Municipio, como si faltaran priístas en la administración.
La crítica, como sea, no importa, se permanece silente frente a ella, o se matiza recurriendo a las redes sociales; egolatría que proyecta y magnifica imagen, pero también incapacidad manifestan para controlar el entorno que gobierna. Se prefiere el aislamiento y el refugio en lo virtual, que enfrentar la realidad del entorno.
No hay cacería de brujas sobre excolaboradores de la administración anterior, dicen en ambos palacios, pero tampoco hay un interés real por actuar jurídicamente (hasta las últimas consecuencias) contra aquellos que (nos dicen todos los días, casi al borde del llanto) dañaron a nuestro estado.
