Antonio González Vázquez
Hoy se suscribe la Declaratoria de Civilidad por los Derechos de los Ciudadanos, cuyo propósito esencial es que en el proceso electoral de 2021, la ciudadanía ejerza su voto en plena libertad.
El documento será firmado por los representantes de los tres poderes del Estado, Tribunal y Fiscalía Electoral, así como del Instituto Nacional Electoral, partidos políticos y representantes de la ciudadanía.
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana refiere que el “objetivo de la Declaratoria es garantizar la protección de los derechos de la ciudadanía, así como las condiciones de seguridad, justicia, equidad y legalidad en el adecuado desarrollo del proceso electoral”.
Con ello, los participantes “refrendarán su compromiso de contribuir para garantizar las condiciones, para que la ciudadanía ejerza un voto libre e informado, bajo los principios constitucionales que rigen el proceso electoral del 06 de junio de 2021 y, en el que se renovarán la Gubernatura del estado, 27 Diputaciones locales y 58 Ayuntamientos”.
Es algo así como una carta de buena intención. En los comicios de 2018, se firmó la Declaratoria por la Democracia, que dicho sea de paso, de nada sirvió.
Se trata de que todos se porten bien, que si no es mucho pedir, que se comporten civilizadamente, que respeten las leyes.
Que todos los involucrados en el proceso electoral “se conduzcan con congruencia, con mesura y prudencia”.
Que todos actúen con responsabilidad para mantener la gobernabilidad y la tranquilidad social.
Pero, sobre todo, la Declaratoria exige de los actores en la contienda, respeto a los ciudadanos para que emitan su voto en un entorno de libertad.
Con respecto de los partidos políticos, se les exhorta a que se conduzcan con ética y se apeguen a los principios de seguridad, justicia, equidad, legalidad y civilidad.
Nuestra democracia es tan endeble, que resulta necesario firmar una Declaratoria en la que se exprese el compromiso de respetar la ley y a los electores.
Como dice el refrán: “el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones”.
La Declaratoria no es más que un acto oficial, en los hechos será letra muerta. Son pocos los que confían en sus autoridades y la firma de un documento no podrá hacer cambiar eso.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019 del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, es contundente en ese sentido. De 24 instituciones publicas y sociales evaluadas, las firmantes de la Declaratoria por los Derechos de los Ciudadanos no están entre las mejor libradas.
El nivel de confianza es muy bajo: los gobiernos estatales, 40.5 por ciento; Institutos electorales, 47.8 por ciento, diputados; 20.6 por ciento, Fiscalías; 34.4 por ciento; Jueces y Magistrados, 35.1 por ciento y Servidores públicos, 43.3 por ciento.
Pero los peor evaluados en cuanto a la confianza que se les tiene, son los partidos políticos, con 24.6 por ciento.
Los partidos ocupan el último lugar entre las instituciones con menor percepción de confianza de los ciudadanos. Es a los partidos a los que en la Declaratoria se les exhortará a comportarse con ética y civilidad.
Menos de tres de cada diez ciudadanos confían en los partidos que, a través de sus candidatos y dirigentes, son los actores principales de los comicios.
Visto así, la Declaratoria tiene sentido, puesto que es incontestable el hecho de que la sociedad no confía ni en los partidos ni en las otras instituciones firmantes.
La guerra sucia, la compra de voluntades, el condicionamiento de programas y apoyos de los distintos niveles de gobierno a cambio del voto, el uso de recursos públicos a favor de cierto partido y/o candidato, el uso de recursos humanos e instalaciones con fines electorales, ni se diga de los discursos plagados de demagogia, ataques al adversario y de promesas irrealizables, son apenas algunos ejemplos de actos ilegales y sin ética.
A las nueve de la mañana de este lunes 9 de noviembre, en el salón 2, planta baja del Centro de Convenciones, se reunirán entonces la plana mayor de la clase política y de los tres órdenes de gobierno, así como los dirigentes de partidos y autoridades electorales para prometer que se van a portar muy bien.
Se hará pública la Declaratoria que tendrá un contenido irreprochable y los firmantes se tomarán las fotos para la prensa y todo tan lindo, tan civilizado, tan democrático que hasta los norteamericanos se morirán de la envidia.
