Antonio González Vázquez
Hay un protocolo convertido en ceremonial en el que las instituciones y servidores públicos obtienen certificados de buena conducta. Los otorga la Auditoría Superior del Estado.
En el ambiente flotan aromas putrefactos de corrupción, pero en la Auditoría Superior o se tapan las narices o son indiferentes al incontestable fenómeno de la corrupción.
La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, colocó a San Luis Potosí en el tercer lugar a nivel nacional con más víctimas de corrupción.
El 16.2 por ciento de la población de 18 años y más fue víctima de algún acto de corrupción en San Luis Potosí. Con ese promedio, se ubicó por encima de la media nacional de 14.6.
Solamente en la Ciudad de México, Morelos y Quintana Roo, hubo más víctimas de esa práctica nociva.
En la Auditoría Superior ven otra cosa. Desde su burbuja institucional no ven otra cosa sino servidores públicos ejemplares, modelo de honestidad.
El pasado viernes, la entidad fiscalizadora publicó el Informe General e Individuales de Auditoría sobre el ejercicio de los recursos en el año 2019. No hay nada distinto a otros años; se exhiben presuntas irregularidades que a menudo caen en el olvido.
El año pasado, en San Luis Potosí se ejerció un presupuesto de unos 48 mil millones de pesos, pero de ese gran monto, se toma una muestra (que no es reportada en el Informe) y a partir de ahí, se realizan las auditorías.
No es posible saber el porcentaje del monto total del presupuesto auditado, pero probablemente es mínimo, de modo de que hay razones suficientes para dudar de que los recursos hayan sido ejercidos con eficiencia, honestidad y pulcritud.
Los informes corresponden a 244 auditorías practicadas a los tres poderes del Estado, siete organismos constitucionales autónomos, 58 municipios y 44 organismos descentralizados de los municipios.
De ese ejercicio de revisión, se desprende observaciones sin solventar por 928 millones 604 mil 295 pesos.
El ejecutivo, legislativo y judicial acumularon de ese total, observaciones por 425 millones 876 mil pesos y los 58 ayuntamientos, 484 millones de pesos, mientras que los organismos autónomos un millón 157 mil pesos y los municipales descentralizados, 17 millones 568 mil pesos.
La Auditoría Superior del Estado no es precisamente la institución más confiable. En el transcurso de los años ha dado cabal muestra de que su alta responsabilidad fiscalizadora, divaga según los intereses del gobierno en turno, así como de la notoria influencia de actores políticos acostumbrados a ejercer los recursos a su antojo.
La imagen de la institución no ha variado mucho desde el antes y después del escándalo de la Ecuación de Corrupción.
Aunque la institución año con año recibe un mayor presupuesto, en los hechos, los resultados siguen siendo lamentables. Los informes anuales arrojan montos de observaciones microscópicos, frente al enorme presupuesto que se ejerce, de manera especial, por parte del Ejecutivo.
Como siempre sucede, son los ayuntamientos los que presentan el mayor monto de recursos observados, pero nunca se recuperan los recursos y son casos de excepción los servidores públicos sancionados o en contra de quienes se promueven acciones legales.
Es ridículo el hecho de que en el proceso de solventación de las observaciones, antes del cierre de los informes, la ASE apenas logró recuperar tres millones 57 mil pesos.
El Inegi reportó que en San Luis Potosí, el 85.2 por ciento de las personas de 18 años y más que fueron víctimas de algún acto de corrupción, no lo denunciaron. El 26.4 por ciento de esas víctimas, no lo hizo por que “es inútil, no le darán seguimiento”, mientras que el 13.6 porque la considera una “es una práctica muy común”.
Para la ASE las cosas son bien diferentes y lo son porque sus procesos de auditoría están diseñados para no detectar la corrupción ni para identificar a los corruptos. Sus Informes de Cuenta Pública 2019 son ejemplo de ello.
El Informe General arranca con una poderosa frase que no se lleva a la práctica: “la rendición de cuentas es un elemento indispensable para la consolidación de una democracia representativa como la que vivimos en México”.
Y agrega con arrogancia sobrada: “la fiscalización superior es un componente central en este proceso, ya que durante su desarrollo se verifica la certeza y veracidad de las cuentas que se rinden…”.
Y remata sin percatarse que es como escupir para arriba sin mojarse: “su objetivo consiste en revisar si la actuación de los funcionarios públicos se apegó al marco legal, que se hayan administrado debidamente los recursos públicos, así como evaluar los resultados de su gestión”.
