Antonio González Vázquez
El gobierno estatal ha admitido la presencia de “entre tres y cinco” organizaciones criminales que “se pelean la plaza”.
A ese enorme problema se añade la vecindad potosina con otras entidades donde los cárteles generan constantes atrocidades, especialmente Zacatecas y Guanajuato.
San Luis Potosí vive con miedo no solo por la criminalidad ya asentada en su territorio sino también por aquellos grupos que ocasionalmente irrumpen en suelo potosino.
A eso de las cuatro de la tarde del sábado, un convoy de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional realizaban labores de vigilancia en la zona colindante con Zacatecas.
Un comando de civiles fuertemente armados atacó a las fuerzas federales y militares en la carretera Santo Domingo-Charcas, de lo que sobrevino un enfrentamiento mortal por necesidad: dos elementos de la Guardia Civil y un soldado fallecieron y cuatro más salieron heridos.
El reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, no consignó bajas ni detenidos en la parte agresora.
La capacidad armada de los criminales es de tal alcance que pueden emboscar a fuerzas federales en cualquier punto de la entidad.
La población de la comunidad San Juan del Tuzal por donde cruza la carretera donde ocurrieron los hechos, se aterrorizó con el estruendo de las armas de alto poder.
El sábado, la población de esa comunidad de Charcas sintió en carne propia el miedo.
Desde hace ya muchos años que la zona colindante con Zacatecas se ha erigido como la más peligrosa del estado.
De muy poco han valido los convenios firmados entre los gobiernos de ambas entidades para sellar esa área, donde se han suscitado enfrentamientos o bien, a donde los criminales arriban para abandonar los cuerpos de sus víctimas.
En octubre de 2021, los gobiernos de San Luis Potosí y Zacatecas anunciaron la firma de un convenio de coordinación “para la recuperación y conservación de la paz en los municipios colindantes de ambas entidades federativas.
Se trataba de refrendar el convenio previo correspondiente a 2020, según el cual, “establece acciones conjuntas contra eldelito en las zonas limítrofes de ambas entidades, entre las que destaca la cooperación e intercambio de información, acciones de inteligencia, evaluación periódica de resultados, así como el reforzamiento de elementos policiales, del Ejército y Guardia Nacional”.
La franja fronteriza de San Luis y Zacatecas se extiende por 660 kilómetros.
Los hechos del sábado alertan en el sentido de que esa clase de convenios no es suficiente porque la zona es una coladera.
La firma de esa clase de convenios semeja más actos de simulación porque en los hechos nada cambia y la zona se mantiene en situación de altísimo riesgo.
En diciembre de 2015, a unos meses de haber asumido el cargo, el entonces gobernador Juan Manuel Carreras López firmó un convenio “para blindar la seguridad de ambas entidades”.
Uno de los objetivos era: “fortalecer la tranquilidad y la paz de habitantes, transportistas y automovilistas; contrarrestar a esos grupos delincuenciales que cada día buscan nuevas formas de cometer acciones al margen de la ley”.
Apariencia o ineficiencias, pero los hechos demuestran que ambos gobiernos han fallado.
El día cinco de octubre de 2020, en una carretera que comunica los municipios de Villa de Cos, Zacatecas y Villa de Ramos, San Luis Potosí, fueron abandonadas dos camionetas en cuyo interior fueron hallados trece cuerpos. Según el gobierno, habían sido ejecutados en Zacatecas.
Días antes, en la carretera Cedral-Vanegas, cerca de la zona limítrofe con Zacatecas, fueron hallados amontonados seis cuerpos.
Durante el 2020 fueron encontrados 36 cuerpos de ejecutados.
Los hechos del sábado, revelan además que las fuerzas locales son insuficientes y que la Guardia Nacional y el Ejército son presencia necesaria.
Si a la delicada situación que se vive en esa zona del altiplano se suma el reconocimiento de que San Luis tiene sus propios males con grupos avecindados en las cuatro regiones, el panorama resulta más que desolador.
La entidad cerró 2022 con más de 650 ejecutados y aunque representaría una disminución del 10 por ciento respecto de 2021, el tema de la inseguridad está más presente que nunca.
Vivir sin miedo, aquella frase de campaña del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, ha sido desplazada del discurso oficial en materia de seguridad. Ya cayó en el olvido para el gobierno, aunque para la sociedad siga presente como una promesa incumplida.
De acuerdo con resultados de una encuesta de la empresa Demoscopia Digital, en diciembre de 2022, 64 por ciento de las y los potosinos consideró que el principal problema de San Luis Potosí es la seguridad.
A eso se suma que la percepción de inseguridad a ese mismo mes fue de 81 por ciento.
No obstante que la franja entre San Luis y Zacatecas es altamente peligrosa y violenta, no puede dejarse de lado que la zona metropolitana de la capital y Soledad de Graciano Sánchez suman la mayor cantidad de homicidios dolosos en el estado.
Por donde se vea, estamos decididamente mal.
Se podrá presumir que San Luis Potosí vive una nueva era, aunque en el caso de la violencia, inseguridad y ejecuciones, seguimos atorados en el nefasto pasado.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante 25 años. Además, durante 30 años se ha desempeñado como periodista en medios como El Heraldo, El Mañana de Ciudad Valles, Pulso, Milenio San Luis, Diario Digital San Luis, Librevía, La Jornada, Global Media y actualmente en Astrolabio Diario Digital y Periodismo Político.com. También ha sido corresponsal de medios nacionales como Agencia de noticias NOTIMEX, La Jornada y Milenio.
