Antonio González Vázquez
Hace dos años en pleno desarrollo de la emergencia sanitaria por la epidemia COVID-19, Mónica Liliana Rangel Martínez, se convertía en figura pública relevante.
Antes de eso, era una más entre la ambiciosa burocracia priísta en el sector salud.
Salía diariamente ante los medios de comunicación a dar reporte del letal avance del virus. Era la imagen institucional en la contingencia.
El primer caso de contagio se había presentado el día 13 de marzo de 2020. En adelante, la titular de Salud fue metiéndose en la mente de las y los potosinos.
Mientras avanzaba el bicho letal, la doctora crecía como vocera principal de los esfuerzos institucionales por contener la hasta entonces desconocida enfermedad.
Ganaba presencia, construía un discurso, se le veía segura y convincente, era emotiva en su narrativa en favor de la salud de las y los potosinos. Alcanzó ciertos dotes de teatralidad de modo que podía estar al borde de las lágrimas.
De pronto, empezó a figurar como probable carta del PRI para las elecciones de gobernador de junio de 2021.
En el círculo cercano al gobernador Juan Manuel Carreras López, vieron a la doctora como una alternativa más que interesante entre los priístas y despertó cierto entusiasmo. Era la principal carta carrerista ante la ausencia de figuras notables.
Una vez, a un año de los comicios, luego de informar de la pandemia en una rueda de prensa, le preguntaron si tenía aspiraciones de ser candidata y dijo que sí, pero acotó que estaba a las órdenes del gobernador.
En el plano nacional, a iniciativa de Claudio X. González y Gustavo de Hoyos, se formó una alianza opositora Sí por México a la que se sumaron los partidos de oposición PRI, PAN y PRD que después formaron la Coalición Va por México.
Los planes de Carreras de impulsar a Mónica Rangel se vendrían abajo cuando los tres partidos acordaron que la candidatura en San Luis Potosí sería para el PAN.
Pero la doctora ya andaba muy entusiasmada y el 18 de enero de 2021 solicitó licencia para registrarse como precandidata de MORENA a su proceso interno. El 2 de febrero, renunció al cargo y una semana después era designada candidata de la cuarta transformación.
Su candidatura provocó un cisma en el partido. Hubo un rechazo generalizado y pese a eso, la sostuvieron hasta el final.
Transcurrió la campaña y nunca logró convencer. Era vista como lo que era: una priísta con disfraz guinda, alguien ajena a la cuarta transformación.
La base obradorista nunca la aceptó y perdió las elecciones.
Antes y durante las campañas, surgieron denuncias públicas en contra de Mónica Rangel respecto de presuntos malos manejos de los recursos públicos a su paso en la Secretaría de Salud. El tema siempre estuvo presente y ella sabía que estaba en riesgo.
Tras la derrota, Mario Delgado Carrillo, presidente nacional de MORENA responsabilizó a Rangel de la derrota en San Luis Potosí.
Estaba sola.
Ya en el poder, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona destapó la presunta corrupción en la administración de Carreras.
Surgió la “Herencia Maldita” en donde la doctora fue partícipe destacada, así que entre las denuncias promovidas ante la Fiscalía General del Estado, una fue en su contra.
El día 12 de abril fue detenida y el jueves, fue vinculada a proceso por un supuesto fraude de 22 millones de pesos.
En prisión, se sintió mal de salud y fue internada en el Hospital del Niño y la Mujer. Días antes de su detención se había sometido a una cirugía.
Todo les salió mal a Carreras y a Rangel; derrotados y perseguidos, el ex gobernador anda perdido o está escondido y la ex candidata, enferma y bajo proceso judicial.
Hace dos años todo parecía tan distinto, alcanzaban a ver un futuro promisorio. Carreras pensaba que habría en el gobierno alguien que le cubriera las espaldas.
En los hechos, el ex gobernador ya debería estar en la mira de la justicia por el daño al erario que se haya provocado durante su gestión.
Más allá de si se trata de acciones políticas, de la politización de la procuración de justicia, es necesario sentar de una vez por todas un precedente, en el sentido de que nadie que se burle, mienta y atente contra la sociedad puede quedar impune.
