Antonio González Vázquez
El pasado 11 de mayo, el periódico El Universal publicó una carta del entonces candidato a la gubernatura, José Ricardo Gallardo Carmona, en la que se quejó de lo publicado por el periodista Mario Maldonado en su columna “Historias de NegoCEOs”, que reportó investigaciones en curso de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en su contra.
El columnista escribió que fuentes de esa Unidad le habían confirmado que Gallardo era investigado por la presunta malversación de 700 millones de pesos, “los cuales habrían sido desviados de los municipios de San Luis Potosí, así como de Soledad de Graciano Sánchez”.
El candidato de “Juntos Haremos Historia”, respondió que el dato era un “refrito” y señaló que con ese tipo de publicaciones solo se buscaba dañar su imagen.
En el último párrafo de su carta, apuntó: “Muy pronto sabremos quiénes son los verdaderos delincuentes”.
Santiago Nieto Castillo tiene a los potosinos en un laberinto de incertidumbre, ha sembrado sospechas y ha despertado serias dudas sobre la legalidad de las elecciones del 6 de junio, así como sobre el estatus legal de algunos aspirantes a la gubernatura.
El polémico titular de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es un personaje central del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, en materia de combate a la corrupción.
Ex Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales, Nieto Castillo suele ser noticia, lo cual dicho sea de paso, es algo que le agrada de sobremanera. Su proclividad a hacer públicos expedientes o investigaciones en curso, le ha provocado en distintos momentos, roces e incluso enfrentamientos con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero.
Sea por medio de filtraciones a columnistas o reporteros, sea a través de entrevistas con medios de comunicación o en sus redes sociales, a menudo difunde “probaditas” del trabajo que realiza esa Unidad. Lo que revela suele ser un “cañonazo” informativo de un impacto telúrico.
Buena parte de los reportes informativos que se presentan van acompañados del adverbio “presuntamente”, lo cual implica que lo que se expone es un indicio que aún no tiene certeza legal.
Antes, durante y después de los comicios del 6 de junio, Santiago Nieto cayó en la tentación de informar o filtrar a la prensa, datos breves y poco claros, sobre investigaciones que la UIF desarrolla en San Luis Potosí.
En aras de la transparencia y del derecho de los ciudadanos a saber, tendría que haber proporcionado información más abundante y de mayor certeza para no dejar las cosas en el simple comentario.
Es cierto que los asuntos que sigue la UIF, por la gravedad que pueden representar, se deben tratar con sigilo, pero es muy extraño que solo suelte algunos elementos que en vez de dar certeza, generan dudas.
Más aún, llama la atención que haga mención de casos potosinos y que después de ello no se vaya a la acción, es decir, a presentar denuncias formales ante la Fiscalía General de la República. Todo se queda en dichos y eso no está bien.
Pareciera que Nieto Castillo gusta del protagonismo pese a que con ello afecte el combate a la corrupción. El Fiscal Gertz Manero se lo ha echado en cara en varias ocasiones.
No solo eso, también se ha quejado de que algunos casos insignia de la actual administración como los de Rosario Robles y la Estafa Maestra, no avanzan por la deficiente labor de la UIF. Lo mismo ocurre en el caso de Emilio Lozoya.
Pero Nieto Castillo se mantiene impertérrito y no pierde oportunidad para ventilar asuntos inconclusos.
Durante los últimos días, la UIF dio a conocer de manera parcial que se investiga al gobernador electo, José Ricardo Gallardo Cardona y al candidato derrotado, César Octavio Pedroza Gaitán.
A Gallardo por desvío de recursos por 700 millones de pesos y a Pedroza por haber recibido financiamiento desde el estado de Tamaulipas y su gobernador, el panista Francisco García Cabeza de Vaca.
Al gobernador electo también se le investiga, de acuerdo con lo que ha dicho Nieto Castillo, en la muestra de entidades federativas donde candidatos a cargos de elección popular habrían recibido recursos de dudosa procedencia.
En ambos casos, se antepone la palabra “presuntamente”.
Sin duda, es positivo que los potosinos reciban información, aunque luego resulta que por la coyuntura política que se vive, a la presunción se le da tintes de hecho real y concreto.
Así, por ejemplo, en un punto de los varios desencuentros entre la FGR y la UIF, Alejandro Gertz dijo que “hay unidades, no de la Fiscalía, sino del gobierno, que no respetan la presunción de inocencia”.
A dos semanas de la jornada electoral de la que Gallardo Cardona resultó ganador, desde la UIF surgen datos o declaraciones sesgadas que impactan en la vida política local, a grado tal, que no hay certeza de si el próximo 26 de septiembre habrá sucesión en la gubernatura.
O también, que a partir del alcance de las investigaciones y sus resultados, se defina que Pedroza y Gallardo recibieron financiamiento ilegal, lo que apuntaría a la anulación de las elecciones.
Volvemos a caer en la tesis de la presunción.
El combate a la corrupción que es un mandato presidencial y un compromiso de López Obrador con los mexicanos, no debería reducirse al escándalo provocado con la publicación de noticias sino que tendría que ir hasta sus últimas consecuencias. Los hechos son los que importan, no las presunciones.
Santiago Nieto queda mucho a deber al presidente y a la nación: habla más de lo que hace.
Por lo pronto, su protagonismo tiene a San Luis Potosí en la duda.
Lo conveniente es que la UIF y la FGR se coordinen y actúen a partir de la correcta integración de expedientes y carpetas de investigación, pues luego se da el caso que la Fiscalía deja asuntos pendientes porque la UIF no presenta pruebas suficientes o porque hay deficiencias en las denuncias.
Si ambas instancias no terminan por dar resultados, entonces será un sonado fracaso de la Cuarta Transformación y por tanto, un triunfo para los corruptos y la impunidad que los abriga.
