Antonio González Vázquez
Para los gobernadores y alcaldes, el presupuesto que ejercen nunca es suficiente. Suelen decir que no les alcanza para atender las necesidades de la población. Nunca hay dinero que les alcance.
En tiempos de bonanza no les ajusta y en situaciones de crisis, menos. Es que la cobija no alcanza para todos, es el pretexto institucionalizado.
El Congreso del Estado recibió las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto Egresos para el ejercicio 2021, que consta de 48 mil 937 millones 838 mil 640 pesos.
La propuesta es menor 2.6 por ciento respecto del que se ejerce durante el año en curso; es decir, mil 290.3 millones de pesos menos.
La emergencia sanitaria derivada de la pandemia trajo consigo un impacto negativo para la economía: pérdida de empleos, quiebra de negocios, caída del ingreso familiar, parálisis de actividades productivas, cancelación de proyectos de inversión, entre otras consecuencias.
Vivimos momentos críticos y habrá más complicaciones.
Se propone un presupuesto “austero” y “responsable”. Al menos, eso es lo que dice desde palacio de gobierno, pero como ocurre en las crisis, son solo los ciudadanos los que se ven obligados a apretarse el cinturón.
San Luis Potosí tiene muchos problemas, algunos de ellos, lacerantes, como la inseguridad, la violencia desenfrenada, la pobreza, el desarrollo económico inequitativo, la desigualdad social y una larga lista que conforman un lastre.
La administración de Juan Manuel Carreras López encontrará un último año de gestión complejo: un prepuesto acotado, un proceso electoral y una epidemia que alcanzará su cúspide de contagios y decesos.
El sexto año de gobierno del priísta tiene desde ahora nubarrones suficientes de qué preocuparse, aunque bien visto, la sociedad deberá tener más razones para la desesperanza.
El gobierno de Carreras no se ha caracterizado por ser modelo de calidad, no es sinónimo de eficiencia y mucho menos cuenta con la confianza de los ciudadanos. De hecho, en las encuestas de preferencia electoral que se vienen publicando desde hace meses, en el apartado de evaluación del gobernador, la norma es que sale reprobado.
Incluso, el sector empresarial del que Carreras ha estado muy cercano y al que ha beneficiado cuanto ha sido capaz, no está de su lado. Según la Coparmex, apenas tres de cada diez empresarios consideran satisfactorio el desenvolvimiento del mandatario potosino.
Las limitaciones presupuestales para el año entrante colocarán al gobierno en una situación del todo incómoda, pues si con cinco años de incremento al presupuesto poco se logró, ahora con apremio de recursos, no hay nada que esperar.
Al día de hoy, a Carreras le restan 306 días para entregar el gobierno. Ya muy poco tiempo para hacer lo que no hizo en cinco años y casi dos meses. La prosperidad ofrecida, nunca llegó. No prosperamos juntos, pero algunos sí debieron haber prosperado, y mucho.
Entonces, el hecho de que San Luis Potosí tenga un presupuesto disminuido para el próximo año no es algo tan alarmante; los recursos aplicados en cinco años no incidieron en mejores condiciones de vida para la mayoría de la población.
Hay dudas razonables de que la administración de Carreras, acuciado por la circunstancia adversa, sea capaz de mostrar una cara diferente de la que le conocemos y que de pronto, se muestre como un gobierno capaz, eficiente, competente, disciplinado, riguroso, honesto y decididamente comprometido con los sectores más vulnerables de la entidad.
Lo menos que puede hacer el gobierno potosino es sumarse a la estrategia federal en el ejercicio presupuestal del año entrante, cuya base se encuentra en el hecho de canalizar los recursos no programables a programas, proyectos y acciones de mayor impacto social.
La bolsa de más de 48 mil millones de pesos no es para desmerecer. Así sea menor a lo que se ejerce ahora, es una cantidad ingente de recursos que, después de todo, hay que recordar, proviene de los impuestos pagados por los contribuyentes.
Es cierto que de ese monto, una porción muy importante es lo que llaman gasto etiquetado o programable; es dinero que está comprometido como es el caso de las asignaciones federales, las participaciones a municipios, la legislatura y el poder judicial, los organismos autónomos descentralizados, los salarios y más.
A nivel federal, se estima que el 80 por ciento del presupuesto está representado por gasto no programable y el resto será utilizado para la emergencia sanitaria, impulso de la recuperación económica, programas sociales prioritarios, becas y proyectos de infraestructuras estratégica.
Ese panorama es similar para San Luis Potosí, pero empeora por el hecho de que apenas el ocho por ciento de los ingresos del estado son propios. La dependencia de la federación no se ha modificado.
Entonces es que sobrevienen las quejas porque el dinero asignado no es suficiente, pero los gobiernos locales no revisan el hecho de que han sido incapaces de incrementar la recaudación estatal.
Está a revisión el Pacto Fiscal de la Federación, pero mientras tanto, hay que trabajar con lo que se tiene.
Cuando el gobernador Carreras fue electo en 2015, se votó también por su proyecto de gobierno y su plan de acción. Se supone que ganó porque era el mejor candidato y tenía la mejor propuesta. Siendo así (sin conceder que sea cierto), su gobierno debería estar más que preparado para enfrentar situaciones adversas.
Las crisis representan a su modo, una oportunidad para abrir nuevos horizontes y el gobernador Carreras, en los poco más de 300 días que le restan en el cargo, está ante un momento crucial.
Pasar a la historia lamentable que han dejado sus antecesores o bien, intentar hacer lo que no hizo en cinco años; por supuesto, tiene el tiempo en su contra y un gabinete cuyo sello ha sido la mediocridad.
La mediocridad del gabinete es la propia del perfil de regular a malo que se ha ganado el mandatario.
Por lo pronto, para sus últimos dos años, ya tiene el pretexto para justificarse con el recorte presupuestal y la emergencia sanitaria.
