Antonio González Vázquez
Probablemente, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona nunca se imaginó que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado (SUTSGE) sería un hueso muy duro de roer.
En un escenario en el que muy pocos se atreven a ir contracorriente de la Gallardía, ese sindicato ha demostrado que no están dispuestos a ceder un ápice frente al mandatario.
La lucha por el acceso a los servicios de salud por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social que el gobierno había cancelado, es una muestra más de que las y los trabajadores distan mucho de ser una manzana acaramelada.
La suspensión provisional concedida por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Noveno Circuito, en favor del sindicato para que la administración estatal reactive los pagos de cuotas al IMSS, fue un palo legal de grandes proporciones contra el gobierno.
Sin mediar causa y/o fundamento legal, la administración estatal había suspendido el pasado 31 de enero el pago de cuotas de los trabajadores al IMSS con el pretexto de que éstos, son atendidos en un hospital privado.
La medida no podía ser vista de otra manera sino como una embestida más del gobierno en el marco de una serie de abusos en los que ha incurrido desde el primer día en que Gallardo Cardona asumió el poder.
A la presión pública por medio de marchas y plantones de protesta, el sindicato recurrió a las instituciones de impartición de justicia y tras recibir una resolución adversa en una primera instancia, en el Colegiado les dieron la razón.
Bernardina Lara Argüelles ha logrado mantener el ánimo en alto de las y los agremiados al sindicato, de modo que no se achiquen ante la maquinaria oficial.
La secretaria general del SUTSGE encabeza una lucha ya tan larga como extenuante en los diecisiete meses que lleva la gestión de Gallardo. Nunca antes, ese sindicato había enfrentado a un patrón con tan pocos escrúpulos.
El pasado 24 de febrero, el titular de la Dirección de Servicios Médicos del Poder Ejecutivo, Doctor, Fabián Guadalupe Anguiano Martínez, notificó a través del Oficio Número OF/DSM/057/2023, dirigido a Víctor Tena Retes, Director Administrativo del Hospital de Especialidades Médicas de la Salud S.A. de C.V., lo siguiente:
“Por medio de la presente y en atención a los amparos indirectos promovidos a esta institución. Hago de su conocimiento que la atención del personal sindicalizado será otorgada y garantizada por los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Respetando en todo momento las indicaciones por los tribunales federales le imploro que las atenciones hacia dicho personal sean referidas a la instancia solicitadas por los quejosos, por lo que todo procedimiento NO urgente deberá ser resuelto en esa institución. Sin otro particular agradezco su fina atención”.
Si bien con ello la autoridad estatal acató el fallo, la reacción del gobernador fue furibunda y excesiva al calificar a las y los trabajadores de “cínicos”.
Enrabietado, incluso invadió terrenos que no le corresponden con el riesgo de inmiscuirse en la vida interna del sindicato, pues hizo un llamado a los trabajadores para que no apoyen a la organización.
Como titular del ejecutivo y como patrón de las y los trabajadores, Ricardo Gallardo tendría que ser más cauto y no lanzar amenazas y/o advertencias al aire, al decir que los promotores del amparo (el SUTSGE) han “cavado su tumba”.
Por una parte, es un fraseo muy desafortunado en el contexto de violencia y muerte que priva en el estado a consecuencia de los altos niveles de inseguridad y por otra, por el hecho de que él tendría que apelar a la política, a la buena política, para solucionar los diferendos con el sindicato.
El gobernador debe dialogar con todos los sectores de la sociedad, sea una persona, un colectivo, una organización social o un sindicato. No puede haber otra vía sino la del acuerdo para zanjar diferencias, pero nunca la amenaza directa o velada.
La burocracia estatal y sus familias, tienen el derecho de recibir atención médica pública con independencia de si tienen también atención privada. No es posible cancelar un derecho que para la autoridad es una obligación cumplir.
Ricardo Gallardo va en camino de su segundo año al frente del gobierno y ya tendría que dar un viraje a la nociva relación que mantiene hacia sus trabajadoras y trabajadores, así como con el sindicato que les representa.
Sería absurdo esperar que el sexenio siga avanzando con la suma de conflictos en las distintas dependencias gubernamentales.
No se puede esperar un gobierno eficiente y de calidad cuando prevalece un ambiente administrativo de persecución y hostigamiento.
El sindicato y sus agremiados no son enemigos ni adversarios, por el contrario, son ellas y ellos los que hacen el trabajo, por lo que no es prudente tenerlos bajo constante acecho.
La recuperación de los servicios médicos del IMSS ha sido un triunfo de los trabajadores, un capítulo más en una relación de desencuentros que necesariamente debe terminar lo más pronto posible, en aras de una convivencia ordenada en lo legal y políticamente civilizada.
El sindicato no va a ceder, eso ha quedado muy claro. De eso no hay duda, de ahí que el llamado de Bernardina Lara es estar alerta porque vienen más asuntos en los que será menester “mostrar una actitud digna en defensa de los derechos laborales”.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Es Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha sido docente de la Facultad de Ciencias de la Comunicación durante 25 años. Además, durante 30 años se ha desempeñado como periodista en medios como El Heraldo, El Mañana de Ciudad Valles, Pulso, Milenio San Luis, Diario Digital San Luis, Librevía, La Jornada, Global Media y actualmente en Astrolabio Diario Digital y Periodismo Político.com. También ha sido corresponsal de medios nacionales como Agencia de noticias Notimex, La Jornada y Milenio.
