Jaime Nava
En la Unidad de Evaluación y Control del Congreso del Estado los diputados encontraron un nuevo botín por el que han estado peleando en los últimos días para repartirse la contratación de 16 personas que quedarían repartidas entre los cinco coordinadores que conforman la Unidad junto a su titular, Jorge Ovidio Robledo Gómez.
Astrolabio Diario Digital cuenta con una copia de la lista con los 16 nombres de quienes están a punto de convertirse en empleados del Congreso gracias a que cuentan con el visto bueno de los integrantes de la Junta de Coodinación Política (JUCOPO) que encabeza el diputado de Morena, Edson de Jesús Quintanar Sánchez, por lo que no resulta extraño que, entre quienes encabezan la lista, aparezca Arturo Piña del Castillo, un abogado cercano al grupo del delegado federal, Gabino Morales, quien en varias ocasiones ha influido en la toma de decisiones dentro del Congreso a través del diputado Quintanar Sánchez.
Los nombres que aparecen en la lista son:
1. Abdo Hussein Mazlum Eliseo
2. Abraham Mora Valenzuela
3. Arturo Piña del Castillo
4. Dulce María González Reyes
5. David Eduardo Ortega Martínez
6. Eric Ríos Díaz
7. Horacio Rivera Robles
8. Itza Kasandra Ovalle Castillo
9. Jorge Luis Hurtado Rodríguez
10. Juan Carlos Ruvalcaba Segura
11. Juan Eduardo Reyna Ortiz
12. Luis Manuel Ruiz Guzmán
13. María Guadalupe Martínez Galarza
14. María Verónica López Blanco
15. Teodoro Castillo Cebrián
16. Urbano Moreno Vargas
También ligado a Morena y a Gabino Morales se encuentra Luis Manuel Ruiz Guzmán, quien anteriormente se desempeñaba como titular de la Unidad de Transparencia de ese partido y, posteriormente, se integró al Gobierno Federal como jefe de Enlace Jurídico en Prospera, programa que se convirtió en las Becas para el Bienestar “Benito Juárez”. Según su curriculum, ingresó a la Secretaría de Bienestar desde el 1 de enero del 2019 a la fecha.
Juan Eduardo Reyna Ortiz se desempeñó como director de Recaudación y Política Fiscal en la Secretaría de Finanzas percibiendo un sueldo de 25 mil 500 pesos mensuales. Otros personajes pertenecientes al Gobierno del Estado son Juan Carlos Ruvalcaba Segura y Teodoro Castillo Cebrián, quienes trabajan como auditores en la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación.
Urbano Moreno Vargas es conocido por la gallardía y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en San Luis Potosí con quien ha celebrado contratos por 29 mil pesos bajo el concepto de “dictamen”, de acuerdo con información pública consultada en la Plataforma Estatal de Transparencia.
Otra de las gallardistas que se encuentran en la lista es Dulce María González Reyes quien celebró múltiples contratos “por honorarios” con el Ayuntamiento de San Luis Potosí durante el trienio de Ricardo Gallardo Juárez.
Por su parte, Horacio Rivera Robles trabaja como auxiliar jurídico en el despacho de María Angelina Acosta Villegas, la actual presidenta del Consejo Ciudadano de Transparencia, organismo encargado de vigilar el uso de los recursos públicos principalmente en las adquisiciones y contrataciones que realiza el Gobierno del Estado.
Eric Ríos Díaz parece estar buscando un tercer trabajo, en el curriculum que él presentó ante el Congreso del Estado asegura que desde el 2017 hasta la fecha labora dentro del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona como asesor jurídico y, al mismo tiempo, desde el 2012 “a la fecha” trabaja como “abogado adscrito al Órgano Interno de Control” de la Secretaría de Eduación del Gobierno del Estado.
Esta mañana, en un hecho extraño, medios de comunicación fueron convocados a nombre del titular de la Unidad de Evaluación y Control, Jorge Ovidio Robledo Gómez para supuestamente tratar temas relacionados con la Unidad; sin embargo, al llegar a su oficina, dijo que él no había llamado a la prensa.
Horas más tarde, la diputada Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez confirmó ante reporteros que desde la Junta de Coordinación Política se está gestando una “simulación” para contratar a más personas en la Unidad de Evaluación y Control.
