Angélica Campillo
El 8 de junio de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la petición número P-1059-22 para la protección de los derechos humanos de Francisca Reséndiz Lara, tesorera del Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de Gobierno del Estado (SITTGE), así como de los derechos laborales de las y los agremiados de esta asociación que han sufrido abusos por parte del Gobierno de Ricardo Gallardo Cardona.
Así lo dio a conocer el representante jurídico del SITTGE, Francisco Parra Barbosa, quien recordó que, desde octubre de 2020, Francisca Reséndiz ha sido objeto de denostación política por parte de un actor que hoy ocupa la titularidad del Poder Ejecutivo: Ricardo Gallardo Cardona, cuando se le impidió el registro de la coalición del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) que lo abanderó en los pasados comicios electorales, con Morena.
Además, acusó que, como gobernador de San Luis Potosí, Gallardo Cardona se ha dedicado a perseguir políticamente, de manera mediática y por los medios a su alcance, a Francisca Reséndiz Lara.
Manifestó que lo menos que esperarían las y los potosinos es que el gobernador asumiera su responsabilidad e instruyera para que se reinstale en sus puestos a las y los trabajadores del SITTGE despedidos de manera injustificada, y se les pague lo que se les adeuda.
“Se supone que debería garantizar la protección a la vida, la libertad y la seguridad, pero [Ricardo Gallardo] es el primer perpetrador contra los derechos humanos de los ciudadanos”.
De acuerdo con Parra Barbosa, tras haber agotado todas las instancias anteriores donde no se le ha dado solución a sus quejas, el SITTGE decidió acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que encontró elementos que comprueban la persecución política, violencia de género, actos de intimidación, hostigamiento, discriminación y represión que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal mantienen contra Reséndiz Lara, así como en contra de las y los agremiados al organismo sindical, “porque el Estado Mexicano les negó y niega el acceso a la justicia, y no les respetó, ni respeta el debido proceso”.
La petición del SITTGE ante la CIDH fue presentada por la Defensoría Ciudadana de Derechos Humanos Ponciano Arriaga, Segunda Procuraduría de Pobres de San Luis Potosí, que forma parte de la asociación civil Movimiento por San Luis Potosí.
El representante jurídico del SITTGE aclaró que la petición ante la CIDH no solo es en contra del gobernador Ricardo Gallardo, sino en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, por solapar, asociarse y permitir la violación continua en contra de Francisca Reséndiz y de las y los afiliados al SITTGE.
Parra Barbosa señaló que una vez que la Secretaría Ejecutiva realice la revisión exhaustiva inicial, va a continuar un trámite consistente en la observación puntual de todo lo que sucede en San Luis Potosí.
Comentó que la CIDH realizará visitas a ambos gobiernos para entrevistar a los funcionarios y actores políticos denunciados en la petición, así como a Reséndiz Lara, y a las y los trabajadores afectados, para acoplar más información con la que sustenten la emisión de una posible recomendación contra el estado mexicano, que de aceptarse por este, los obliga a resarcir los daños que causaron.
Sin embargo, de negarse, la petición puede llegar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde pueden sancionarlos penal y administrativamente.
Francisco Parra indicó que, entre las sanciones aplicables, se puede destituir al titular del poder ejecutivo de San Luis Potosí, porque en lugar de defender y proteger los derechos humanos de la población, se dedica a violentarlos.
“Esperamos que el gobernador asuma su responsabilidad y respetar los derechos humanos de Reséndiz Lara, y los derechos laborales de las y los burócratas”.
De igual forma, apuntó que la Corte, como tribunal internacional, puede obligar al titular del Poder Ejecutivo Federal a respetar la ley.
Para finalizar, adelantó que se solicitarán medidas precautorias a favor de Francisca Reséndiz, ante posibles represalias por parte de los funcionarios denunciados.
