Fernanda Durán
Cifras dispares de seguridad por falta de concordancia en las fuentes y sin debate fue la pauta que se marcó durante la cuarta comparecencia ante el Congreso del Estado, a cargo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Guzmar Ángel González Castillo.
Al comenzar la comparecencia, el secretario presumió una disminución de percepción de inseguridad, además de presentar cifras proporcionadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en su XXVIII Asamblea Plenaria de registros hasta julio de este año. Con esto destacó la disminución con respecto al año anterior en delitos como homicidio doloso con 24.8 por ciento; secuestro de 28.5 por ciento; robo vehicular, 22.78 por ciento, y trata de personas, 16.6 por ciento.
En cambio, en su intervención la diputada Gabriela Martínez Larraga, con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública a septiembre, criticó que el funcionario señaló que la percepción de seguridad de las y los potosinos haya disminuido y le expuso sus “otros datos”, como el alza del 11.4 por ciento en la incidencia delictiva también respecto al 2022 con casi 5 mil delitos más.
Enlistó el dato de 46 mil 883 denuncias acumuladas, mientras el año pasado iban 42 mil 056; en secuestros, a diferencia de la cifra a la baja presentada por el funcionario, mencionó que el Sistema Nacional reportó un incremento del 27 por ciento respecto al año pasado; en robo se contabilizaron 11 mil 451 contra 12 mil 167 de este año, de ellas la modalidad de robo a transporte público se duplicó y el asalto a transeúnte también incrementó.
Entre otros datos que aludió la legisladora, expuso que la violencia familiar presentó un alza de 501 casos más que el año pasado, pues a la fecha van más de 7 mil denuncias al respecto.
Refirió que el narcomenudeo es el delito de mayor alza en la entidad potosina, con 4 mil 903 casos más que en 2022; un alza de 225.1 por ciento respecto hace un año que fueron mil 508 denuncias.
“A lo mejor ustedes tendrán sus cifras, yo tengo estas. Lo que podemos concluir es que no nos sentimos más seguros”.
Ante esto, el funcionario evitó el debate para precisar o comparar las fuentes.
De igual forma, justificó que los datos que él presentó se basan en carpetas de investigación con información que va acumulándose y se utiliza como indicador, y agregó que “hay números negros” que la Secretaría desconoce.
En el caso de la percepción de inseguridad, González Castillo aseguró que las personas actualmente ven de forma gráfica los robos y los hechos se viralizan, por eso es que tienen una percepción de inseguridad más alta.
Debido a los datos presumidos y la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), el diputado Rubén Guajardo Barrera cuestionó en qué se basaban sus cifras, a lo que repitió que las cifras eran del Secretariado Ejecutivo y sus carpetas de investigación.
Insistió en que los delitos de alto impacto han tenido una disminución, aunque sea ligera, y reprochó que mientras sus estadísticas van a la baja, la percepción de inseguridad va al alza en encuestas como las del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), lo cual representa un área de oportunidad para la institución, a fin de difundir más sus acciones.
Por su parte, la diputada María Aranzazu Puente Bustindui preguntó el por qué la línea de emergencia 911 sigue sin dar una repuesta inmediata, a lo que culpó a las llamadas de broma o improcedentes como las razones que limitan su avance, ya que en promedio reciben mil 400 llamadas de emergencia, de las cuales solo 35 por ciento son procedentes y el resto son de broma, insultos a operadores o en su caso “llamadas mudas” que suelen considerarlas que son de personas que tienen emergencias que les impiden hablar.
En el caso de las llamadas de broma, indicó que dan tolerancia de hasta 10 llamadas: en la décima hacen una llamada personal y si persiste abren una carpeta de investigación.
“Hay mayor de atención, pero lamentablemente hay el mismo porcentaje de personas que hacen estas llamadas”.
Otra de las dudas fue en torno a los trabajos de la Policía Cibernética, de la cual se enfocó en mencionar que imparten cursos y capacitaciones en universidades, escuelas y centros de trabajo para advertirles sobre ciberseguridad, mientras esa área se mantiene en constante capacitación.
En el caso de las acciones, destacó que boletinan páginas y números telefónicos dedicados a la extorsión.
Respecto al hackeo y robo de identidad, informó que el departamento brinda atención personal, al recibir a alrededor de 22 personas por día para “revisar su problema”, pero la información obtenida no se les puede dar a conocer hasta que haya una carpeta de investigación para que proceda; mientras que en la difusión de imágenes íntimas, declaró que bloquean “toda esa parte”, sin precisar las medidas o lo que se hace exactamente.
Para finalizar la comparecencia, durante la intervención del diputado José Luis Fernández Martínez, a modo de festejo, se dio un espacio a la promoción de productos creados al interior de los centros penitenciarios como bolsas, razón por la que el legislador se comprometió a contactar a personal de reinserción social para crear un departamento especializado, entregando el producto como un regalo a la diputada Martínez Larraga.
A la vez, Fernández Martínez felicitó al secretario por los trabajos, calificándolo como un resultado de su gestión.
