Conviene que el gobernador Juan Manuel Carreras López lo sepa y también conviene que el Procurador General de Justicia, Federico Garza Herrera también lo sepa, aunque bien visto, por la índole de sus cargos, es algo que ya debieran de saber y por supuesto, estarían obligados a cumplir.
El artículo 7 de la Ley General de Víctimas dice así: Los derechos de las víctimas que prevé la presente Ley son de carácter enunciativo y deberán ser interpretados de conformidad con lo dispuesto en la Constitución, los tratados y las leyes aplicables en materia de atención a víctimas, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia de sus derechos.
Así, la legislación establece 34 derechos de las víctimas.
Número Uno: La víctima tiene derecho a “una investigación pronta y eficaz que lleve, en su caso, a la identificación y enjuiciamiento de los responsables de violaciones al Derecho Internacional de los derechos humanos, y a su reparación integral”.
Es de esperarse que el mandatario estatal sepa que han pasado cinco meses de la muerte de Diego en el Camping de Verano de la UASLP y que nada ha pasado. En términos de la Ley General de Víctimas, el gobierno de San Luis Potosí está faltando flagrantemente al artículo séptimo de esa legislación.
Número Tres: La víctima tiene derecho a “conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos para lo cual la autoridad deberá informar los resultados de las investigaciones”.
El gobernador del Estado, el Doctor Carreras debería saber que el estado de San Luis Potosí está cayendo en falta frente a la memoria de Diego puesto que a cinco meses de su trágica e inexplicable muerte (por descuido, negligencia) su familia no conoce la verdad legal de los hechos: el Ministerio Público es desesperadamente lento.
Número Cinco. La víctima tiene derecho a “ser tratadas con humanidad y respeto de su dignidad y sus derechos humanos por parte de los servidores públicos y, en general, por el personal de las instituciones públicas responsables del cumplimiento de esta Ley, así como por parte de los particulares que cuenten con convenios para brindar servicios a las víctimas”.
El gobernador Carreras así como en su momento el gobernador Toranzo, debieron saber que a la familia de Diego no se le trató con humanidad ni respeto ni se dio lugar a su dignidad, sino que en concordancia con la actitud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el trato fue más bien inhumano e insensible. En buena medida, eso se mantiene.
Citamos únicamente tres de esos 34 derechos, pues como es de esperarse, el gobernador debe saber los derechos que le asisten a Diego y sus familiares, por lo que seguramente ya se habrá ocupado de solicitar a las autoridades ministeriales que actúen con apego a la ley.
Podríamos hablar de los 34 derechos que de acuerdo con la Ley General de Víctimas, deberían aplicar a favor de Diego y quienes le sobreviven, pero como el Procurador Garza es además maestro de la Facultad de Derecho de la UASLP, seguramente se conoce al dedillo la ley y debe estar ya ocupado en cumplirla a habilidad.
Hoy se cumplen cinco meses de la muerte de Diego y no se ha hecho justicia.
