Estela Ambriz Delgado
El catedrático e investigador David Madrigal González consideró que en el caso del Barrio de San Miguelito y en el de otros espacios, es fundamental que las autoridades comprendan que quien tiene derecho a opinar y decidir, e inclusive permitir o no que se haga un proyecto, son las personas que viven en el territorio.
El experto en Antropología Urbana señaló que con este y otros conflictos que han surgido por obras que la población rechaza, se evidencia la necesidad de que los gobiernos se apoyen de las ciencias sociales para evitar este tipo de escenarios e incluir a la población en las decisiones para modificar su entorno.
Madrigal González dijo que la problemática en San Miguelito es muy similar a lo que ocurre en otras zonas de la ciudad, como El Saucito, donde la gente no está dispuesta que se hagan obras si no tienen licencia social, y al no ser consultados ni tomados en cuenta, es evidente que reaccionarán de manera negativa.
“Si la gente no tiene una opinión en las obras, obviamente se van a enfrentar con dificultades. Si no tuvieron el tacto o no tuvieron la delicadeza de primero pedirle opinión a la gente, o por lo menos estuvieran informados, enterados, avisados, pero proyectan las obras sin el consentimiento de quienes viven en el territorio y eso siempre va a tener costos altos”.
Asimismo, expresó que como antropólogo urbano está a favor de que la gente sea escuchada e informada, pues tanto los gobiernos, las leyes y los proyectos deben estar servicio a la gente y no al revés.
El también catedrático del Colegio de San Luis (Colsan) afirmó que este tipo de conflictos se podrían evitar fácilmente si se apoyaran de antropólogos, pues existen ese tipo de colaboraciones con las ciencias sociales, con las que se puede hacer un trabajo de “bisagra o de puente” entre las autoridades y las poblaciones afectadas.
“Si tuvieran el primero el tacto y la inteligencia para primero hacer un sondeo, primero hacer un estudio, aquí por ejemplo en este tramo que hicieron ahorita estos destrozos, simple y sencillamente nunca hicieron un mínimo levantamiento de quienes viven en estas casas y hay algunas personas de la tercera edad que ya tiene que venir la ambulancia para que reciban atención médica, ¿ahora cómo va a poder entrar la ambulancia?”.
Madrigal González reiteró que es necesario por lo menos el trabajo de dialogar previamente con quienes serán afectados o beneficiados, para que conozcan lo que se proyecta hacer, y que sean incluidas también algunas de sus propuestas y sus propias necesidades.
“Nada más se toman un poco como las obras en términos de espectáculo, de reflectores para jalar la atención hacia algunos personajes, o hacia algunos partidos políticos, pero no se piensa en quien vive en el territorio, que yo creo que desde mi punto de vista son los que primero tendrían derecho a decidir qué se hace en el lugar donde viven, es tan elemental como eso”.
Finalmente, el investigador señaló que los vecinos de San Miguelito están preocupados por el hecho de que se empezó la obra sin su consentimiento, sin tener información de lo que el Gobierno quiere hacer o cuál es el plan, con el riesgo o con temor de que las obras no se vayan a hacer bien, como dejar tuberías rotas y banquetas más estrechas, entre otras preocupaciones.
