Angélica Campillo
La organización civil Ciudadanos Observando interpuso una demanda penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado, en contra de dos asesores de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local: Guillermo Balderas Reyes y José Eduardo González Sierra, quienes habrían incurrido en actos presuntamente ilícitos.
El vocero de Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, dio a conocer que el pasado 5 de julio interpusieron la mencionada denuncia, número de expediente CDI/FGE/I/D01/20579/19, luego de haber detectado que ambos fueron contratados con un sueldo de 40 mil pesos mensuales bajo el régimen de honorarios asimilables a salario, cantidad que recibieron hasta el 15 de marzo del presente año, sin embargo para la última quincena de ese mes su pago aumentó a 68 mil 156.36 pesos, sin que haya alguna autorización documentada para ello, situación que se considera ilegal. Destacó que, posteriormente, a ambos asesores se les encomendó supervisar dos áreas del Poder Legislativo: la Contraloría Interna y el Área Jurídica.
En este contexto, González Covarrubias aseveró que esta situación revela que los actuales diputados no entendieron la lección de la ciudadanía en contra de los pasados legisladores al caer en ese tipo de ilegalidades que ya deberían haber terminado: “ahí hay un acto ilegal, tienen que ser destituidos inmediatamente e inhabilitados, y devolver el dinero que han cobrado ilegalmente (los asesores)”, sentenció.
El activista manifestó que no puede ser posible que los diputados de la LXII legislatura estén callados ante la pretensión del legislador Cándido Ochoa Rojas, a quien acusó de estar manejando todo el asunto y haber hecho negociaciones con los demás integrantes de la Jucopo: Óscar Vera Fábregat, Eugenio Govea Arcos, Paola Arreola Nieto, Edson Quintanar Sánchez, Mauricio Ramírez Konishi, Rolando Hervert Lara, María Isabel González Tovar, Martha Barajas García y Mario Lárraga Delgado, con el fin de utilizar a estos dos asesores generándoles poderes omnipotentes para ahora supervisar la Contraloría Interna y el Departamento Jurídico, que han sido instrumentos que no pueden tener bajo control, porque son las áreas que de alguna manera, en su momento, van a poder ser el contrapeso ante las denuncias ciudadanas de corrupción en contra de diputados o funcionarios públicos.
“No puedes tener secuestrada a la Contraloría ni al Departamento Jurídico, que es lo que busca Cándido Ochoa y compañía. Eso es gravísimo y atenta contra la autonomía de esas áreas, no se puede permitir”, finalizó.
