Angélica Campillo
El vocero de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, exigió a la encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Edith Virginia Muñoz Gutiérrez, solicitar la inhabilitación del exdiputado José Luis Romero Calzada “Tecmol”.
Asimismo, solicitó que se presenten denuncias penales en su contra por robo de identidad, falsificación de firmas y peculado.
El activista recordó que en 2019 interpusieron una denuncia ante la ASE en contra de los exdiputados locales que utilizaban documentos de gente de escasos recursos y falsificaban sus firmas, para usar facturas de empresas fantasmas y desviar millones de pesos de ayudas sociales que estaban destinadas a las personas vulnerables del estado.
De acuerdo con González Covarrubias, el proceso de subsanación de las observaciones venció hace un año y hubo diputados a quienes la ASE denunció penalmente, como Jorge Díaz Salinas, Jesús Belmárez, entre otros, quienes incluso devolvieron los recursos desviados. Sin embargo, José Luis Romero Calzada, quien tiene el monto de observaciones más alto con 734 mil 997 pesos, ha permanecido intocable desde 2019.
Si bien Ciudadanos Observando cuestiona “¿por qué a otros sí y extrañamente al que más daño le hizo a la sociedad (José Luis Romero Calzada) ha permanecido intocable?”, al mismo tiempo atribuye esta situación a pactos y acuerdos que tenía la ASE con el exgobernador Juan Manuel Carreras López.
Según lo referido por González Covarrubias, entre las personas afectadas se encuentra Refugio Martínez Sustaita, quien falleció mucho tiempo antes y aún así Romero Calzada presentaba cartas de agradecimiento en su nombre por los supuestos apoyos otorgados.
Como el exdiputado local no pudo solventar las observaciones, cuyo plazo legal venció el 18 de febrero de 2020, la organización civil exige proceder de inmediato con las atribuciones legales con las que cuenta la ASE, entre las que se encuentran solicitar la inhabilitación para que Romero Calzada no vuelva a ocupar cargos públicos, interponer denuncias penales en su contra y dar vista a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Sistema de Administración Tributaria (SAT), para conocer dónde acabó ese dinero y que no haya impunidad.
