Texto y fotografías de Fernanda Durán
La organización Ciudadanos Observando acudió este viernes al Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) para exigir seguimiento a denuncias que habían sido entregadas al organismo sobre el presunto desvío de recursos en la LXI legislatura y un mal manejo de recursos relacionados con la recaudación de parquímetros en la capital del estado.
El primero de estos temas hace referencia a la denuncia presentada por la organización en abril de 2022 en contra de diversos diputados que integraron la Legislatura LXI, por lo que exigieron que se iniciara el procedimiento de inhabilitación y se pongan las denuncias penales respectivas.
En el sitio hicieron referencia directa al exdiputado José Luis Romero Calzada, señalado por malversar 734 mil 997 pesos. El exdiputado no pudo justificar este monto y, a pesar de las acusaciones, la investigación no ha avanzado en tres años.
Durante la rueda de prensa, Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, recordó que el exdiputado fue señalado por utilizar empresas fantasmas y falsificar firmas incluso de personas fallecidas, para desviar recursos destinados a la población vulnerable.
González Covarrubias fue cuestionado sobre si estaba personalizando la denuncia contra José Luis Romero Calzada, dado que otros exdiputados de la misma legislatura también fueron señalados por presunto desvío de recursos de manera similar, por lo que respondió que hace tres años él y su organización recibieron amenazas, las cuales fueron acompañadas de una denuncia penal contra Romero Calzada y su esposa Gabriela Martínez Lárraga, quien también era diputada en ese momento.
El vocero enfatizó que, aunque Romero Calzada es uno de los principales involucrados, existen otros legisladores y funcionarios que también deben ser investigados, por lo que que el IFSE debe actuar de manera imparcial y que se debe ir a fondo con la investigación.
Romero Calzada fue vinculado a proceso por el presunto desvío de recursos del erario a través de operaciones que simularon la entrega de apoyos sociales, así como por falsificación de firmas y el uso de empresas fantasma.
Recientemente, el IFSE informó que se encuentra en un proceso de abatimiento de rezago de trabajo con expedientes que datan desde 2006, entre los que se destacó este caso de la LXI legislatura y adelantó que los ex legisladores que serán investigados y probablemente llamados a cuentas son los entonces priitas Martha Orta Rodríguez, actual directora de la Instancia de las Mujeres de la capital; José Luis Romero Calzada “El Tecmol”; Oscar Bautista Villegas, diputado federal por el PVEM; y los entonces panistas Mariano Niño Martínez y Josefina Salazar Báez, bajo el argumento de que los presuntos delitos cometidos no han prescrito.
Entorno a los señalamientos de corrupción de esa legislatura, otros políticos y funcionarios locales que resaltan son la vicefiscal Xitlalic Sánchez Servín; el secretario general de Gobierno, Guadalupe Torres Sánchez; y el exfuncionario estatal Sergio Desfassiux Cabello.
A pesar de las múltiples acusaciones, solo Romero Calzada, la actual diputada local Dulcelina Sánchez de Lira y Mariano Niño fueron formalmente vinculados a proceso.
La segunda denuncia presentada ante el Instituto, se refiere a la falta de transparencia en la recaudación de los parquímetros en el municipio de San Luis Potosí, ya que luego de solicitar información sobre estos ingresos, el Ayuntamiento les negó el acceso a los datos con un costo de 950 mil pesos, una cifra inalcanzable para cualquier ciudadano.
La organización señaló que esta negativa constituye una obstrucción al acceso a la información pública y va en contra de las leyes de transparencia.
Una de las principales razones para sospechar de irregularidades es la disparidad en las cifras de recaudación: mientras que en 2015 el Ayuntamiento reportó una recaudación de 31.4 millones de pesos por el uso de los parquímetros, en 2024 los ingresos fueron solo de 27 millones de pesos, pese a que la zona habilitada para los parquímetros ha crecido y el número de usuarios ha aumentado. Incluso, durante la pandemia de covid-19, la recaudación fue mayor que en el presente.
González Covarrubias subrayó que la impunidad en estos casos fomenta la corrupción, ya que los responsables aún actuan sin consecuencias.
Exigió que el auditor general del estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois, se comprometa a investigar todos los casos pendientes y que no se permita que la impunidad prevalezca, sin importar la afiliación política de los involucrados.
