Leticia Vaca
Integrantes de la organización Ciudadanos Observando exigieron que la diputada Alejandra Valdés Martínez solicite licencia a su encargo en tanto se investiga la denuncia que interpuso ante la Fiscalía Anticorrupción su ex asesor, por pedirle moche de su salario.
Expusieron que “al existir ya una denuncia penal en la Fiscalía Anticorrupción donde se configuran varios delitos, exigimos que la diputada Alejandra Valdés Martínez solicite inmediatamente licencia a su cargo mientras se realice la investigación de ley y así evitar que desde su posición se pueda influenciar y presionar para quedar impune”.
En ese sentido, José Guadalupe González Covarrubias, vocero de la organización, recordó que, aparte de la denuncia del ex asesor de Valdés Martínez, Paul Ibarra Collazo, hay dos más en la Fiscalía Anticorrupción en contra de los asesores que en días pasados fueron evidenciados por cobrar 68 mil pesos mensuales.
De igual manera, destacó que tienen información de al menos siete diputados que piden moches a sus asesores, de quienes no quiso revelar sus identidades: “lo daremos a conocer en su momento, inclusive hay diputados que tenían hasta tres o cuatro casos (…) ahí van de todos, vienen del PAN, del PRI, de Morena, de este señor Lárraga; hay varios que traemos denuncias fuertes”.
Por otro lado, los activistas señalaron como cómplices al titular de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Edson Quintanar Sánchez, por tener conocimiento y encubrir estos hechos; a la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sonia Mendoza Díaz, y a la coordinadora de Finanzas, Martha Elva Zúñiga Barragán .
La exigencia también fue para que se disminuyan los 3. 5 millones de pesos que son destinados al pago de honorarios: “nos sumamos a todas a las voces ciudadanas, organismos académicos y empresariales, para que a partir del mes de septiembre de 2019, (exactamente cuando se cumple un año de la actual legislatura), se elimine el 80 por ciento del insultante y corrupto gasto que se destina al pago de honorarios, que creció de 1.8 millones de pesos en junio del 2018 a 3.5 millones de pesos en junio del 2019″.
Consideraron, además, que al menos 20 por ciento del personal debe ser contratado como asesor o de apoyo en el Congreso con una clara reglamentación que regule el perfil académico y las actividades que deben cumplir las personas contratadas, “así como un tabulador correcto y transparente”.
